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IGUALDAD

El Consejo de Estado de Fernández de la Vega se alinea con el CGPJ para pedir cambios en la ley trans

El Consejo de Estado de Fernández de la Vega se alinea con el CGPJ para pedir cambios en la ley trans
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(Foto: Efe)
martes 05 de julio de 2022, 10:03h

La ley trans aprobada por el Gobierno, y que tiene que pasar ahora el trámite parlamentario, suma una nueva voz que pide matizar el texto de la norma. Tras conocer la postura del CGPJ, ahora el Consejo de Estado es el que pone la nota discordante.

Hasta ahora se conocía el contenido del informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley trans diseñado por Igualdad, en el que cuestiona los ejes de la norma envida al Congreso: apuesta por exigir un informe médico o psicológico para cambiar el sexo en el Registro y defiende que sea un juez el que autorice ese cambio en el caso de los menores.

Ahora, según adelanta la SER, el órgano presidido por María Teresa Fernández de la Vega, que pide que sean presentados informes médicos en el momento del registro, recomienda que todos los menores de 18 años deben contar con una autorización judicial para cambiar el sexo. A diferencia de la ley, que plantea que sólo lo requieran los menores de entre 12 y 14 años, el Consejo de Estado se alinea con el Poder Judicial, que acordó en su informe publicado en abril la propuesta de que se eleve a los 18 el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

El Gobierno esperó como es preceptivo a contar con el dictamen de ambos órganos antes de dar luz verde al proyecto para remitirlo al Parlamento, pero sendos informes no son vinculantes, por lo que no se han atendido sus principales recomendaciones.

El proyecto de Igualdad recoge la libre determinación del género, sin necesidad de testigos, informes o años de hormonación. Los mayores de 16 años podrán hacerlo de forma autónoma; entre los 14 y los 16, con autorización de padres o tutores legales; y desde los 12, con autorización judicial.

El Consejo de Estado, sin embargo, no ve "proporcionado" desvincular la rectificación registral del sexo de todo elemento probatorio que acredite "cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona" y considera que un informe médico o psicológico "constituiría una garantía para el solicitante". Según subraya, ningún órganos jurisdiccional ha estimado que exigir un diagnóstico de la disforia de género vulnere los derechos fundamentales de la persona y tampoco es cierto que la reciente despatologización de la transexualidad requiera permitir el cambio de sexo "sobre la base de una decisión libérrima de la persona, no sujeta a condicionante alguno".

Sobre los menores, apuesta, como el CGPJ, por exigir en todo caso un expediente de jurisdicción voluntaria en el que un juez compruebe "la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión", y vele por su interés superior, A su juicio, hay que analizar si el sistema propuesto por el Gobierno va a favorecer que se tomen decisiones "precipitadas, no asentadas en una situación estable de transexualidad, lo que, a la postre, podría terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto".

El Consejo de Estado, que pide restringir de manera más contundente la posibilidad de revertir un cambio de sexo registral, cuestiona también que se puedan prohibir las terapias de conversión para las personas LGTBI cuando cuenten con el consentimiento de un adulto interesado, matiz que también destacó el CGPJ.

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