El Parlamento neerlandés votó a favor del veto al envío de diplomáticos al régimen árabe durante el Mundial.
El Gobierno neerlandés anunció este miércoles el envío de una delegación gubernamental al Mundial de Qatar 2022 “como es habitual en los principales eventos deportivos comparables, para animar a la selección neerlandesa”, en contra de la voluntad del Parlamento, que adoptó una moción que veta el envío de representantes oficiales.
El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, explicó en una misiva al Parlamento que “el gobierno tiene la intención de enviar una delegación, como es habitual en los principales eventos comparables, para animar a la selección neerlandesa” y aseguró que se ha optado por “la cooperación con Catar con miras a un cambio sostenible” en ese país. El gobierno no ha aclarado si, con esto incluirá también al jefe de Estado, el rey Guillermo Alejandro, en esa delegación oficial.
El año pasado, el Parlamento neerlandés adoptó por mayoría -incluidos dos partidos de la coalición de gobierno, el progresista D66 y Unión Cristiana- una moción que veta el envío de un representante del gobierno al Mundial, lo que incluye al monarca, el primer ministro y otros ministros neerlandeses.
Sin embargo, Hoekstra explicó que, antes de tomar su decisión, el gabinete ha “considerado” esa moción y ha tenido reuniones con diferentes organizaciones y socios internacionales, y mantiene “consultas” con Catar sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Además, también ha pesado en la decisión el hecho de que otros países de la Unión Europea (UE) estén planeando enviar una delegación oficial, lo que podría convertir a Países Bajos en el único sin representantes gubernamentales en el evento, y eso, señaló Hoekstra, sería contraproducente para “el diálogo constructivo-crítico” que está manteniendo con Catar.
El veto parlamentario en Países Bajos al envío de esta delegación se debe a que, desde la adjudicación del Mundial a Catar en 2010, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la explotación e incluso "esclavitud" a la que han sido sometidos los trabajadores migrantes en las labores de construcción de estadios, carreteras y hoteles para acoger el evento y las numerosas muertes que se han producido vinculadas a esas infraestructuras.
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