El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.
Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una "intervención" militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.
Hasta el momento, hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, tras el asalto de este domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes para intentar derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro en todo el país.
El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que "la escalada violenta" contra la sede de los tres poderes "solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva," de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.
Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un "hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña".
El 29 de octubre, un día antes de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el exmilitar Jair Bolsonaro jaleó a sus seguidores para que fiscalizaran el proceso de los comicios porque tenía sospechas de que había algo fraudulento. "Amigos y amigas, este próximo domingo, ahora, mañana, sea fiscal de Bolsonaro. En el lugar de votación, usted estará atento, pendiente de todo lo que ocurra allí dentro. Ayude a nuestro Brasil", espetó en un mensaje difundido a través de su campaña electoral. Y un día después peRdió el balotaje ante Luiz Inácio Lula da Silva. Cayó al cosechar el 49,10%, mientras que el candidato progresista obtuvo el 50,90% de los votos. Es decir, la lucha se resolvió por una diferencia mínima.
Desde el mismo momento en que se supo el escrutinio definitivo, el líder ultraderechista decidió guardar silencio. Y cientos de su seguidores, esos a los que les había repetido en múltiples ocasiones que las elecciones estaban amañadas, se dirigieron hacia el Cuartel General del Ejército, en Brasilia, con un objetivo: acampar allí hasta que su reclamación se cumpla. Y su reclamación no es otra que el Ejército se levante en armas y lleve a cabo un golpe de Estado militar que expulse a Lula del poder democráticamente elegido y retaure a Bolsonaro. Desde el 30 de octubre llevan allí, de manera ininterrumpida. Incluso se les han añadido otros grupos en diferentes puntos de la geografía brasileña. Y desde esa fecha su referente político ha decidido no reconocer su derrota.
Su militancia se ido enervando vez más, sobre todo con la cercanía del domingo uno de enero, jornada en la Lula tomó posesión del cargo de presidente del gigante latinoamericano. Y Bolsonaro, no le quedó otra, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos que él mismo regó durante meses -ya se registraban algaradas contras las fuerzas policiales y cortes de carreteras-, tuvo que decir algo. Habló durante cuatro minutos el 1 de noviembre, para agradecer el apoyo a sus 58 millones de votantes, mostrar su orgullo por liderar un movimiento en el que prima el lema "Dios, Patria y Familia" y deslizar que iba a ser "fiel a la Constitución". "Los movimientos populares son fruto de indignación y sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral", dijo sobre las huelgas de camioneros afines que colapsaban las urbes, a los que se limitó a aconsejar que acudieran a una forma pacífica de protesta.
Mientras tanto, la acampada con exigencias golpistas prosiguió. Los trabajos para la realización de la transición de poder los tuvo que acometer el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira, sin ninguna ayuda de su jefe. No apoyó Bolsonaro ese proceso de fuerte simbolismo en Brasil -con la institucional tradición del traspaso de la banda presidencial, emblemático desde que el país salió de la dictadura en 1985- porque, entre otras cosas, tenía que cerrar su viaje a Miami para no estar en su nación el 1 de enero. Se marchó a Estados Unidos el 30 de diciembre. Y dejó tras de sí estas palabras: "No tiréis la toalla ni dejéis de hacer oposición (...) He sido víctima de una justicia electoral que no fue parcial". "Mi libertad y la de mis seguidores fue cercenada y se nos ha impedido denunciar los fallos que tiene el sistema electrónico (de votación, que se usa desde 1996). El nuevo Gobierno que viene ahí va a crear muchos problemas y va a imponer al país una ideología nefasta que no resultó en ningún lugar del mundo", subrayó.
"Son una reacción a un proceso electoral que no tuvo toda la transaprencia y que ha llevado a una masa de personas a tomar las calles y a protestar, pero es una protesta pacífica, ordenada, que respeta las leyes. Es una manifestación espontánea del pueblo (...) A partir de ahora toda manifestación (contra el Gobierno de Lula) es bienvenida", remató. Diez días después de su partida, miles de sus seguidores más fanáticos -"patriotas", según sus palabras- han dado un paso más al no obtener el golpe militar que ansían. Este domingo se han lanzado contra el cerco policial que custodia la Plaza de los Tres Poderes, lugar en el que se encuentran el Congreso Nacional (Parlamento), el Senado, el Supremo Tribunal Federal (sede del poder judicial) y el Palacio de Planalto -sede del Gobierno-. Esas son las tempestades de los vientos sembrados.
Han asaltado el Parlamento, el Senado, la sede del Gobierno y la del poder judicial por la fuerza. Han irrumpido con palos para atacar a los policías del Legislativo y de la Fuerza Nacional de Seguridad. La autoridades no les han podido contener con gases lacrimógenos. La marea ultra de camisetas amarillas y verdes, y con banderas de Brasil, ha acabado por acceder y romper los cristales de las paredes de los mencionados edificios para colarse y generar caos y disturbios en las instalaciones. Han conseguido replicar lo que los seguidores más radicales de Donald Trump logaron en 2021, asaltar el Capitolio de Washington y dar un golpe a la democracia.
Lula se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo, una zona anegada por las tempestad que ha azotado esa zona del país. Su desplazamiento coincide con el inicio del desmantelamiento de las acampadas golpistas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. En ese proceso se detonaron fuertes disturbios y el ministro de Justicia, Flávio Dino, ha autorizado este sábado la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de elite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales. El ministro acompañó el anuncio del nuevo dispositivo de seguridad con un mensaje en redes sociales que ha terminado por prender la mecha: "Tienen que esperar hasta 2026 -año de las próximas elecciones-. Que esperen, como nosotros esperamos desde 2018 a 2022".
Finalmente, cuatro horas y media después del inicio del asalto, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil. Los tres edificios quedaron vandalizados y así lo pudieron constatar los agentes antidisturbio despalzados, que tuvieron que cargar con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes. El primer balance del operativo de emergencia reportó 150 detenciones, cuando los hechos ya habían sido condenados por la comunidad internacional e, incluso, por el partido del silente Bolsonaro.
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