Pedro Sánchez intenta zafarse del llamado caso Mediador, dirigido por el hasta hace poco diputado del PSOE apodado tito Berni, que como es bien sabido, traficaba con las influencias políticas en los pasillos del Congreso. En su operación limpieza, el presidente del Gobierno ha forzado la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por el conocido caso cuarteles, una investigación sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reparación y reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil entre marzo de 2014 y abril de 2019. El escándalo con el que el Ejecutivo pretendía tapar a los diputados socialistas que participaron en las juergas, comilonas y demás diversiones.
Pero María Gámez también ha sido obligada a cesar por la imputación de su marido por un juzgado de Sevilla en una de las piezas sobre el fraude en las ayudas de la Junta de Andalucía dirigida por el PSOE a una sociedad de la que era titular. O, lo que es lo mismo, los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la democracia.
Y, a pesar de estos antecedentes más que sospechosos, el ministro del Interior no sólo ha tenido la desfachatez de calificar de “injusta” la dimisión. Ha sido capaz de calificar a María Gámez como "la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia" por ser "un ejemplo de honestidad, pulcritud y decencia democrática". Y pese a estas descomunales virtudes y grandes aciertos, Marlaska la ha sacrificado, la ha mandado a su casa para que no moleste, para que no salpique al PSOE en plena campaña electoral. Todo un ejemplo de valentía el del que fuera uno de los prestigiosos jueces de la Audiencia Nacional, ahora reconvertido en uno de los más sectarios y manipuladores ministros de este Gobierno. Pero el pobre Marlaska se limita a cumplir con el guión de Moncloa: convertir el caso “tito Berni” en el caso de la Guardia Civil para tapar a los diputados del PSOE que se corrompían mientras se divertían en los prostíbulos.
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