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Verdades y falsedades de la crisis

martes 20 de enero de 2009, 22:49h
Es verdad que la situación de la economía española no sería tan grave si no se hubiera desencadenado la crisis internacional. No es cierto, sin embargo, como se sostiene oficialmente, que el deterioro económico registrado por la mayoría de países de la eurozona en 2008 haya sido más acusado que el nuestro. La renta per cápita de nuestro país ha retrocedido durante el pasado año más que la renta per cápita de la mayoría de los países del euro, incluso más que la de algunos cuyo crecimiento del PIB ha sido sensiblemente inferior al nuestro, debido a que nuestra población creció porcentualmente el pasado año más del doble que la media de los otros países. Esto, unido al aumento del 50% de la tasa de paro entre finales del 2007 y finales del 2008, equivalente a un millón de nuevos parados, configura una de las situaciones económicas más difíciles de la eurozona. Desgraciadamente, si se verifican las previsiones de la mayoría de organismos internacionales, la caída del PIB y del empleo será también superior a la media de la UE en el transcurso del 2009 y del 2010.

Es verdad que en las circunstancias de intensa incertidumbre y preferencia por la liquidez vigentes en los mercados financieros nacionales e internacionales se ha de utilizar la política fiscal y aceptar el consiguiente aumento del déficit presupuestario y de la deuda pública. Pero no es verdad que cualquier medida de aumento de gasto publico o reducción de impuestos genera beneficios superiores a los costes totales que ocasiona; ni tampoco lo es que sea posible emitir deuda pública en mayor medida que lo pueden hacer otros países cuyo ratio deuda pública/PIB sea superior al nuestro. El límite a la magnitud de deuda pública que se puede emitir sin incurrir en costes prohibitivos lo determina el volumen de deuda exterior neta y no el mayor o menor nivel de deuda pública en términos de PIB. Esto exige extremar la prudencia en la adopción de acciones discrecionales de política fiscal que puedan impulsar la emisión de deuda más allá de lo exigido por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. Ciertamente se pueden concebir muchas medidas mucho más eficaces que los 400 euros a las familias o los 8.000 millones de euros a los ayuntamientos. En todo caso, el margen existente para instrumentar medidas fiscales discrecionales que no resulten contraproducentes es reducido, quizá ya se ha sobrepasado, debido al descomunal aumento automático de nuestro déficit presupuestario. Esto es preocupante porque no es descartable que en los próximos meses el Estado se vea obligado a inyectar recursos públicos en algunas entidades financieras con el consiguiente aumento de las necesidades de emisión de deuda pública. Al respecto, se ha de señalar que ninguna intervención pública estaría más justificada porque la profundidad y duración de la crisis dependerá esencialmente de cómo evolucione la solvencia del sistema financiero.

Es verdad que se están haciendo muchas cosas para intentar frenar la crisis económica. Pero no es verdad que todo lo que se está haciendo se deba hacer, ni que todo lo que se debe hacer se esté haciendo. Ejemplos de lo primero son las medidas fiscales citadas antes de algunos gastos públicos cuyos costes son superiores a su impacto positivo sobre la economía, a los que se pueden añadir otros como la subida de los sueldos de los funcionarios por encima del doble de la inflación del pasado año y numerosas medidas adoptadas por muchos gobiernos autonómicos. Una medida especialmente dañina en la situación actual es la intensa subida del salario mínimo interprofesional, una de las armas de destrucción masiva de empleo de los jóvenes y de los trabajadores poco cualificados más poderosas que ha concebido el ser humano. En la categoría de pecados de omisión destaca la total ausencia de medidas de reforma del mercado de trabajo o de los mercados de bienes y servicios o del sistema de pensiones, reforma esta última que debería ir acompañada de una reducción de las cotizaciones sociales y de un aumento de algunos impuestos indirectos.

Por último, es verdad que la crisis exige un aumento del peso del gasto público en la economía a corto plazo. Pero no es verdad, es justamente lo contrario de la verdad, que el Estado deba tener en el futuro una presencia en la economía permanentemente mayor que la que tenía en el pasado. El flujo estable de ingresos públicos consistente con los niveles impositivos actuales será en el futuro inferior al de los últimos años y la partida de intereses de la deuda pública será muy superior. Esta ineludible realidad aritmética obliga a reconsiderar radicalmente los gastos corrientes y transferencias de los distintos ámbitos del Estado a fin de reducir el nivel de gasto público no financiero si se quiere evitar que el peso de la deuda o de las subidas de impuestos aplaste nuestro potencial de crecimiento.
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