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De la recesión a la depresión

Lorenzo Bernaldo de Quirós
martes 17 de febrero de 2009, 22:49h
La economía española entró en recesión en el tercer trimestre de 2007 y se adentra por la senda de una crisis inédita, sin precedentes desde los años treinta del siglo pasado. En la memoria de la mayoría de los españoles no existe ningún recuerdo de un cuadro tan negativo. El dramatismo de la actual coyuntura con una drástica caída del PIB y un crecimiento del paro de una intensidad desconocida se agudiza por las perspectivas de su duración. España está en los inicios de un ciclo de recesión/estancamiento que se prolongará con toda seguridad, cuanto menos, a lo largo de la presente legislatura y en el que se destruirán todas las ganancias de convergencia real –empleo y PIB per cápita- acumuladas a lo largo del pasado ciclo expansivo que tiende a convertirse en una excepción dentro de la mediocre trayectoria de la economía española desde los años setenta del siglo pasado. Esto abre un panorama social y económico de una extraordinaria dureza y de una imprevisible conflictividad en los años venideros.

A lo largo de los últimos meses, la persistencia y agudización de la crisis económico-financiera internacional y, su inevitable corolario, la restricción del crédito han intensificado las fuerzas recesivas derivadas del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, del alto endeudamiento de las familias y de las empresas, de la pérdida de competitividad exterior que, antes del tsunami global, hacían inevitable el fin del “milagro económico” protagonizado por España entre 1996 y 2004. Este panorama empeorará a lo largo de los próximos meses cuando se profundice en la recesión y en consecuencia comiencen a aflorar serios problemas de liquidez/solvencia en alguna, varias o muchas entidades financieras españolas. En este contexto, la combinación de una caída libre de la economía con la desestabilización de una parte sustancial del sistema banca-cajas restringirá aún más los flujos crediticios a la economía nacional y alimentará la dinámica recesiva.

Desde esta perspectiva, la política del gobierno sólo contribuye a empeorar las cosas. Por un lado, la brutal expansión del gasto público impulsada en 2008 ha devorado el superávit presupuestario y generado un déficit notable, superior al 3 por 100 del PIB, sin ejercer efecto positivo alguno sobre la economía. Así lo ha certificado el FMI en un reciente informe. Por otro, las necesidades de financiación de las Administraciones Públicas para cubrir el desequilibrio presupuestario provocado por las políticas gubernamentales y por el juego de los estabilizadores automáticos reducirán y encarecerán los ya escasos recursos disponibles para el sector privado, desencadenando el denominado efecto expulsión. El gobierno socialista ha derrochado sólo en 2008 cinco puntos del PIB sin que ese despilfarro haya tenido ningún impacto estimulante; paradigmática expresión de la ineficacia de las estrategias keynesianas para combatir la crisis.

La interacción de abultados endeudamientos de las administraciones públicas, de los hogares y de las compañías con un contexto recesivo, el hundimiento del valor de los activos y una crisis financiera ha disparado la prima riesgo-país reflejada por el fuerte aumento del diferencial entre el bono alemán y el español así como por los spreads de los CDS. Esto muestra una pérdida radical de confianza de los mercados en la sostenibilidad de la deuda privada y pública, en la capacidad de los agentes económicos de generar los ingresos precisos para satisfacerla a causa de las dificultades que tiene la economía española de retornar a tasas de crecimiento elevadas en el horizonte del medio plazo. En este marco, es imprescindible acometer una dolorosa terapia de desapalancamiento para restaurar los equilibrios financieros de todos los agentes económicos, no nuevas inyecciones crediticias, que sólo sirven para prologar y hacer más costoso el ajuste. Así lo entienden los mercados y, por eso, la contracción crediticia se agravará hasta que el proceso de saneamiento toque fondo.

Con una recesión intensa y con un mercado laboral rígido, la carrera alcista del desempleo es inevitable. Si además, como sucede hasta el momento, los salarios reales crecen por encima de la inflación, el paro tiende a presentar una acelerada trayectoria alcista. En 2009, España tendrá entre cuatro millones y medio y cinco millones de desempleados y será imposible recortar la tasa de paro de manera sustancial y volver a crear empleo sin una reforma que flexibilice las instituciones laborales y permita ajustar la mano de obra a la evolución de la economía y de la productividad. En este escenario, la renuncia del gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y la abdicación de esa responsabilidad en la patronal y en los sindicatos sólo conduce a convertir España en una gigantesca máquina de fabricar parados.

En estos momentos nada puede hacerse para evitar un ajuste de los de caballo de la economía española. El gobierno realizó un diagnóstico erróneo de la situación. Cuando reconoció su gravedad aplicó una política inadecuada y su incapacidad de rectificación conduce a acentuar la recesión y a prolongar la salida de la misma. Ahora deberá enfrentarse a una severa crisis del sistema financiero nacional y si actúa del mismo modo, la presente fase recesiva desembocará en una profunda y larga depresión.
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