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Libertad republicana, también en la escuela

miércoles 29 de abril de 2009, 16:27h
Dado el carácter turbulento, y anticlerical, que los episodios republicanos tuvieron en la historia de España es probable que pocos defensores de la libertad de educación en nuestro país se hayan planteado la posibilidad de recurrir al legado conceptual que éstos, los republicanos, construyeron a lo largo de un siglo de combates políticos por la libertad. Establezcamos, antes de continuar, dos premisas. Primera, por libertad de educación entiendo cualquier problemática en la que las familias perciban recortada o maltrecha su capacidad de elección en relación a la enseñanza que reciben sus hijos. Incluyo, por tanto, las normativas en el orden lingüístico, en el de contenidos ideológicos -porque los hay-, en el de organización de la actividad docente en las aulas, en el de la posibilidad de educarlos al margen de los sistemas públicos o privados de enseñanza. Segunda, cuando digo republicanos quiero decir algunos de ellos; sin duda los más serios y rigurosos, los menos dados a la demagogia, los más interesados en hacer posible un sistema democrático realmente operativo que culminase, en nuestro país, la construcción de una nación de ciudadanos.

Si asumimos estas dos condiciones, las dificultades, cuando no las prevenciones de quienes al oir republicanos piensen inmediatamente en caos y demagogia, se desvanecen con gran rapidez. Vamos al primer testimonio. Es el de Gumersindo de Azcárate. Para este republicano leonés, reformador social e institucionista ilustre, hombre de escasa simpatías por la hegemonía cultural del catolicismo, el único cometido de los poderes públicos sería el de garantizar los derechos de los ciudadanos, sometiéndose, en todo lo demás a las exigencias "indeclinables y sacrosantas de la libertad". Se trata, cuando habla de libertad, de libertad individual, la cual "envuelve la idea de que hay una esfera en la que impera la voluntad del individuo y en la que no puede penetrar el Gobierno, ni permitir éste que nadie penetre". En rigor, las instituciones políticas, en democracia, deberían limitarse a ejercer de garante de los derechos individuales. Éstos, aseveraría un liberal como Azcárate, derivan de la naturaleza humana, y no son una concesión posterior de la ley.

Podrán decirme, algunos lectores de esta glosa, bueno... ya se sabe, Azcárate fue uno de esos republicanos templados de esos que si la Monarquía hubiese sido capaz de hacer realidad el tránsito a la democracia, no hubiese tenido excesivos problemas en renunciar a sus principios institucionales. De acuerdo. Aunque el principio democrático me parece más sustantivo que el republicano, aceptémoslo. Hubo muchos más republicanos predispuestos a lo que podríamos designar como profilaxis social: a la intervención de la administración para frenar o modificar las desigualdades más sangrantes. Bien, vayamos entonces a Nicolás Salmerón, el tercero de los presidentes de la I República española. Un republicano insobornable. Krausista por más señas. Capaz de renunciar a la presidencia del poder ejecutivo de la nación por problemas de orden moral. Éste tampoco tenía dudas: "los derechos inherentes a la personalidad humana, fundamento de toda organización social y límite de toda organización política" se encuentran por delante, y por encima, de la soberanía de la nación. Es decir, no pueden ser vulnerados o cercenados por mayorías sociales coyunturales.

No olvidemos que se trataba de republicanos, tanto Azcárate como Salmerón, que creían que los poderes políticos debían adoptar medidas relativas a la instrucción, a la asistencia o, signos de los tiempos, que en materia laboral tenían responsabilidades en cuestiones como la siniestralidad o la prevención de conflictos entre capital y trabajo. Pero en todos estos terrenos, como en el de la enseñanza, a la que aquí aludo, eran partidarios de la misma en la medida que esa intervención garantizase derechos, no en tanto que impusiera dogmas.

Palabra de republicano que, en ocasiones en España, fue aserto de liberal.
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