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El Estatuto y el TC

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Según parece, la compleja cuestión de la financiación autonómica o, si se quiere, el reparto de los fondos del Estado entre las diecisiete comunidades autónomas que constituyen este país está prácticamente terminada…al modo socialista, esto es olvidando los clásicos criterios, sobre todo el de solidaridad. A casi ninguna de estas comunidades las satisface ni el método de negociación empleado ni el resultado del mismo aunque todos se aprestan a agarrarse lo que les vaya a tocar. Ya se sabe: más vale pájaro en mano…Lo peor es que se ha aceptado como método de trabajo la bilateralidad España-Cataluña: En pie de igualdad y como si se tratara de dos poderes soberanos negocian primero España y Cataluña, que se lleva la parte del león. Después, y con lo que sobre, el Gobierno español intentará repartir lo que quede entre el resto de las otras dieciséis comunidades autónomas, las de segunda división, en un imposible sudoku (Solbes dixit) que es impensable que deje satisfecho a nadie. Quizás sí a la otra Comunidad predilecta: Andalucía ¿Alguien puede entender que se haya prometido a todas que recibirán cantidades por encima de la media? ¿Qué media es esa?

Y todo en una época de crisis como la que soportamos, donde ni Gobierno central ni gobiernos autonómicos están dispuestos a apretarse el cinturón, sino a seguir dilapidando los escasos recursos públicos. Es evidente que con este método de negociación y reparto se ha alterado profundamente el sistema autonómico: Cataluña se sale de las prescripciones constitucionales. Se transgrede abiertamente el artículo 138.2 de la Carta Magna: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Y una buena parte del 139, del 155, del 156 y del 158 que asume el compromiso de “corregir desequilibrios interterritoriales”. De hecho, Cataluña sale del sistema constitucional de 1978 y establece con el Estado una relación de carácter confederal, que rompe el espíritu y la letra de la Constitución.

Todo esto sucede porque Cataluña está ya aplicando un Estatuto cuya constitucionalidad aún se desconoce, sin que un recurso previo de inconstitucionalidad –que existió fugazmente- permita que se aplace la vigencia de una norma hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se haya pronunciado. Claro que nada puede extrañar en este TC que padecemos y que viene haciendo un daño sin cuento al sistema constitucional español. Si en este país existe todavía algún atisbo de sentido común y se llegara a plantear la reforma de la Constitución, es de esperar que se apueste decididamente por la supresión de un órgano tan inútil como dañino. Ciertamente entre sus centenares de sentencias existen aspectos valiosos, pero las pifias en que ha incurrido son tan grandes que nada puede contrarrestarlas. Desde la famosa sentencia de Rumasa (o la relativa al artículo 122 C.E) hasta la bochornosa espera de tres años para emitir sentencia sobre el Estatuto catalán, el TC ha perdido toda respetabilidad y credibilidad, encima, se ha dedicado a llevar la contraria al Tribunal Supremo, como si fuera una especie de SuperTribunal Supremo. Lamentable: Un tribunal politizado hasta las cachas enfrentándose al único tribunal que, con todo derecho, ocupa la cúspide del sistema judicial.

Los TC tienen, además, una historia para olvidar. Nacidos en el periodo entreguerras surgieron en plena oleada antiparlamentaria, en la época de los totalitarismos, para limitar la voluntad del pueblo y mantenerla aherrojada y se convirtieron en una especie de tercera cámara, carente de la legitimidad de la elección, para aderezar las leyes al gusto de la clase política. Ciertamente la moda se extendió no sólo en aquellos lejanos años sino incluso después de la II Guerra Mundial. Sólo Gran Bretaña, la Madre de los Parlamentos, no cayó en semejante trampa, que va en contra de las esencias del parlamentarismo y de su máxima suprema: “the sovereignity of Parliament”. La independencia de un poder judicial sin tufos políticos hace el resto. Sin ser un régimen parlamentario, en los Estados Unidos la revisión constitucional se sustancia ante los tribunales ordinarios y, en última instancia, enta el Tribunal Supremo. No hay allí mejor guardián de la Constitución que el Tribunal Supremo que no tiene que competir con un órgano espurio de origen político. Todavía hay algún cretino que critica el nombramiento de los magistrados americanos del Supremo por el Presidente de los Estados Unidos. Ciertamente el Presidente nombra, pero siempre y sólo si hay vacantes y sólo si su candidato supera el estricto control a que le somete el Senado. Y a partir de que es nombrado su cargo tiene carácter vitalicio, lo que le pone a salvo de presiones y le libra de maniobras para buscarse un futuro para cuando acabe su mandato. Podemos tener toda la seguridad que si España tuviéramos estas competencia residenciadas en un Tribunal Supremo formado por jueces profesionales y no por magistrados nombrados a dedo tras acuerdo entre los partidos, esto sería un poco más un Estado de Derecho. Y, con casi toda seguridad, ya habría sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.
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