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Larga memoria

Juan José Solozábal
jueves 06 de agosto de 2009, 20:29h
Los efectos políticos de la violencia son devastadores. Ocurre ciertamente que en el plano individual, como viera con toda claridad ya hace mucho Albert Camus , es imposible librar del oprobio moral a quien la lleve a efecto, recurriendo al asesinato para la imposición de sus ideas, pues el crimen político es injustificable desde la condición humana. Se trata también del reproche moral con graves consecuencias que acompaña a quienes pueden ser percibidos, tal vez injustamente, en una situación de normalidad por los ciudadanos como complacientes o acomodaticios, sin la debida energía, si se quiere, con quienes empleaban la violencia para la consecución de objetivos políticos.

La relación con la violencia de cuyos efectos tratamos obviamente no consistía en su apoyo, que ciertamente nunca existió, por el contrario fueron incontables las veces en que se denunció el terrorismo y en que se abogó por su desaparición, patentizándose también una voluntad clara de proceder con todos los medios disponibles por su desaparición. Lo que si se hizo, en cambio, fue atribuir un origen político al empleo de la violencia, que se hacía radicar en un conflicto de base , un arcano “problema”, y cuestionar la utilización de determinados instrumentos jurídicos (sobre todo la llamada Ley de Partidos) que consecuentemente el sistema constitucional acordase para la solución de la violencia política.

Naturalmente que el independentismo violento es un problema político del sistema constitucional español, lo cual no es relevante desde el punto de vista de su naturaleza, pues todos los problemas sobre el modo de organizar nuestra vida en común son políticos, sino desde el punto de vista de su gravedad, dados los peligros que esta cuestión supone para la vida de muchos ciudadanos y para la estabilidad del sistema en su conjunto. Es precisamente la gravedad de la cuestión del independentismo violento lo que explica la necesidad de una respuesta política coherente del sistema. Aquí es donde falla la posición de algunas fuerzas políticas en relación con el problema, donde resalta su inconsistencia y quiebra la línea de su rechazo, indudable volvemos a decir, a la violencia.

Sucede que esta inconsistencia, en realidad debida a un juicio equivocado sobre la capacidad del orden político español para comprender la naturaleza de la violencia y sobre la propia solidez democrática del Estado, ha quedado puesta en evidencia recientemente por medio de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha considerado impecable la defensa del orden constitucional español, frente a quienes apoyan la violencia a través de partidos que pretenden concurrir al juego político desde posiciones instrumentales con una organización terrorista.

Es muy positivo que el nacionalismo vasco, como está proponiendo ejemplarmente su máximo dirigente, muestre como nunca una decidida voluntad por encabezar la lucha contra la violencia política en Euskadi. Tal línea abona un rechazo sin paliativos que los ciudadanos vascos han mostrado frente a los últimos atentados una vez más. Lo que ocurre es que la memoria colectiva tiene registros de los que los dirigentes políticos, ocasionales después de todo, carecen.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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