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Tres, cinco, siete… serán las bases de la inestabilidad latinoamericana

martes 11 de agosto de 2009, 19:51h
Tres, cinco y siete son los números que a cuenta gotas se han ido conociendo sobre la cantidad de bases militares colombianas en las que habrá presencia de oficiales militares y expertos norteamericanos en temas como antinarcóticos, justicia, seguridad regional y desarrollo, soportando su trabajo de inteligencia en la lucha contra el “crimen transnacional”, con equipos técnicos y armamento sofisticados. Bases que estarán controladas por militares colombianos -está por verse a nivel operativo la calidad de la exigencia y el nivel de cumplimiento de este condicionamiento-. El primer anuncio, a inicios del mes de julio, indicaba la presencia de los militares estadounidenses en tres bases aéreas, para el 4 de agosto eran cinco y el 5 de agosto eran un total de siete bases: tres aéreas, dos navales y dos de tierra.

El “acuerdo de cooperación militar” entre Colombia y Estados Unidos es consecuencia natural de las presiones militares norteamericanas que desde el 2007 se han ido dejando sentir sobre Colombia ante la certeza de la no renovación por parte del Ecuador del acuerdo sobre la base de Manta. Su contenido venía siendo objeto de estudio confidencial por ambos gobiernos desde febrero de 2009 y, su anuncio en este momento debe ser objeto de una visión de contexto que considere: la difícil gestión que implicará la próxima revisión del tan cuestionado Plan Colombia por parte del Congreso de los Estados Unidos dada la deplorable calificación sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia; el cierre efectivo de la base militar de Manta a partir del mes de septiembre y la consiguiente pérdida de control sobre el corredor del pacífico; el conocimiento de información álgida sobre asuntos relacionados con la guerrilla y el tráfico de armas que compromete seriamente tanto a Ecuador como a Venezuela; las complejas relaciones binacionales y las pequeñas escaramuzas fronterizas con estos dos países, que se sobredimensionan; el fortalecimiento de Brasil como potencia emergente y el sentimiento “antiimperialista” reforzado desde el ALBA al considerar a los Estados Unidos como el principal enemigo para la consolidación del proyecto progresista.

¿Por qué es inquietante y origina inestabilidad? Porque siendo una decisión soberana de Colombia, tan trascendente para sus intereses y que ha sido objeto de conversaciones desde hace varios meses, el acuerdo ha sido pobremente presentado, torpemente gestionado e innecesariamente justificado. Porque el gobierno colombiano ha errado totalmente en su estrategia de comunicación, desde el principio no ha sido claro ni en algo tan elemental como el número de bases que se verían afectadas con la decisión y estas ambigüedades enrarecen el ambiente y generan desconfianza. Porque no se trata de "un acuerdo transparente", como lo llama el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares colombianas, lo que se ha dejado saber anuncia que "se permitirá un uso y acceso limitado a ciertas bases para realizar actividades acordadas contra el narcotráfico y el terrorismo" manteniendo siempre el "respeto a la soberanía de los Estados, sin afectar a terceros" países. Lo que los Estados Unidos buscan es “acceso a ciertos recursos militares colombianos para además generar actividades mutuamente consensuadas con el objetivo de luchar contra el crimen transnacional” más ambigüedad y amplitud en esta afirmación de Charles Luoma-Overstreet, vocero del Departamento de Estado norteamericano, no cabe. La prueba de esta falta de transparencia está en que no se conoce el contenido de lo que se ha ido acordando. Porque este tipo de cooperación militar, potencial fuente de espionaje, es incómoda internacionalmente ya que los países vecinos la consideran una grave amenaza, una fuerte agresión contra sus países y origen de desconfianza con el gobierno colombiano. Porque claramente aumentarían el poder y la capacidad de control de los Estados Unidos sobre los países suramericanos y la presencia “gringa” en territorio de América Latina siempre ha sido mal percibida. Porque aún no se tiene claro el asunto de la soberanía, en particular el de la inmunidad de los soldados estadounidenses. Porque tendría una vigencia como mínimo de 10 años y un horizonte de una década es considerado muy prolongado y pueden suceder muchas cosas que alteren el sentido primario del acuerdo.

Es un dilema muy difícil de resolver, el narcotráfico y la guerrilla no son sólo excusas trilladas para justificar la intervención de los Estados Unidos en América Latina, desafortunadamente son dos realidades contundentes sobre las que se ha actuado pero que no dejan de estar y de ser las causas últimas de la inestabilidad en la región. ¿Serán capaces los países suramericanos, ante esta ampliada y cercana presencia del “gran hermano”, que no solo dará cuenta de información sobre estos temas sino que además estará “respirando en la nuca” de todos, de establecer un frente amplio y firme de actuación que demuestre que se puede prescindir o por lo menos limitar esta sospechosa e inquietante presencia de los militares “gringos”?

La primera reacción conjunta de los países de la región en este sentido se esperaba de la reunión de UNASUR -Unión de Naciones Suramericanas-. Por ahora Colombia no ha sido condenada, ha primado la actitud moderada sobre la beligerancia y la intolerancia, pero los gobernantes de la región están obligados a presentar una propuesta seria que considere la diversidad de intereses y contribuya al fortalecimiento de la Unión y a la solución de esta nueva crisis regional y que incluya diferentes opciones en materia de seguridad y formas concensuadas para enfrentar las amenazas a la seguridad hemisférica. Confiemos que en el entorno “no agresivo y dialogante” ofrecido por Argentina se avance en este sentido.

No olvidemos que generalmente las cosas son lo que parecen.

Lucía Nieto

Investigadora de la Fundación Ortega y Gasset

Lucía Nieto es investigadora de la Fundación Ortega y Gasset.

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