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Disputas constitucionales

Juan José Solozábal
jueves 10 de septiembre de 2009, 18:25h
A menudo me sorprende la virulencia de la disputa constitucional, cuando se utiliza un tono ya no asertivo sino apodíctico y terminante, y caracteriza a los intervinientes en la misma un propósito no de buscar la verdad, como exige el Gorgias de Platón en un verdadero diálogo, sino de imponerla. Se usan así las peores armas del profesor que no reconoce límites a su dominio de conocimiento, hablando irresponsablemente, y del juez que pronuncia con su imperio la voz del Estado. Debe suceder que es difícil contenerse cuando se ponen en juego cosas que, de un lado, son importantes para la comunidad, pues se trata después de todo de materias políticas, y, de otro, muy pegadas a la posición ideológica de cada cual, cuestiones entonces pasionales o donde el sesgo propio es inevitable. Esto es así, pero debería tenerse en cuenta que la interpretación constitucional, terreno de la disputa a que nos referimos, es cuestión de argumentación, de utilización ordenada del propio discurso mental, necesariamente obediente a determinadas pautas o razones, lo que el juez Coke, que gustaba de recordar don Manuel García Pelayo, llamaba la “razón artificial”. Además la discusión constitucional no es una disputa metafísica, aunque a veces los intervinientes en la misma aparezcan en tal guisa, sino que se refiere necesariamente al derecho positivo, a un orden constitucional, a un sistema, entonces, antes que a un modelo.

Estamos hasta el cuello en la discusión sobre la esperada sentencia del Tribunal Constitucional , cuestión a la que ha de referirse mi columna de esta semana, pero no puedo dejar de pensar como ejemplo precisamente de desenfoque discursivo, en la reprimenda, a mi juicio, algo destemplada de que ha sido objeto, mi colega el Sr. Ministro de Justicia Francisco Caamaño, a propósito de los fundamentos en nuestro orden constitucional de la objeción de conciencia.

Vayamos entonces con la primera cuestión en relación con la disputa estatutaria. ¿De verdad que es necesario reiterar que la democracia constitucional impone de modo efectivo la supremacía de la Constitución, encargando a una instancia jurisdiccional la depuración de aquellas normas de rango infraconstitucional que infrinjan la Ley Fundamental? Precisamente para proveer a tal menester la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 27 contempla como objeto del control de los procedimientos de inconstitucionalidad en primer lugar a los Estatutos de autonomía. Esta competencia, como no podía ser menos ha sido confirmada por el propio Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia sobre el Estatuto de Valencia y, en razón de la misma, se han admitido a trámite los recursos diversos promovidos por quienes constitucionalmente están legitimados para ello en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Según creo, en la disputa estatutaria, no hay conflicto de soberanía alguno, toda vez que constitucionalmente la Comunidad autónoma no dispone de este tipo de poder, de manera que de la soberanía no puede hacer uso un órgano autonómico como es su cuerpo electoral, siendo por tanto incorrecto contraponer la soberanía democrática de la Constitución, cuya supremacía hace valer el Tribunal Constitucional, y la legitimidad atribuida al Estatuto refrendado democráticamente en la Comunidad Autónoma. Para nosotros la intervención del cuerpo electoral de Cataluña no supone ejercicio de poder constituyente que la Comunidad autónoma sencillamente no tiene pues ella no es titular de soberanía originaria, que corresponde exclusivamente al pueblo español, sino de autonomía. Por ello no hay choque de legitimidades democráticas sino colisión en su caso entre la Constitución y el Estatuto, normas en conflicto correspondientes a poderes de naturaleza bien diferente.

Finalmente, pensar que la inconstitucionalidad de un texto normativo pueda sanarla una decisión del cuerpo electoral implica caer en un rampante plebiscitarismo. El cuerpo electoral es un poder constituido, sujeto a la Norma Fundamental, no sobre ella. Su actuación sólo puede producirse en los casos previstos en el ordenamiento y en los términos establecidos en el mismo, que no excluyen naturalmente el control de su necesaria adecuación a la Constitución, llevado a cabo por el Tribunal Constitucional. Así, me parece, es la rosa.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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