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Lo que no podemos esperar de la sentencia del Tribunal

Juan José Solozábal
jueves 24 de septiembre de 2009, 18:49h
Hemos tratado en varias ocasiones la legitimidad del Tribunal para llevar a cabo el control de la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña que diversas instancias, utilizando la competencia que tienen reconocida han solicitado. Más allá de este asunto que para nosotros no ofrece duda alguna, de manera que no se puede argumentar que estamos ante una cuestión política infiscalizable por su propia naturaleza, habremos de plantearnos dos interrogantes. ¿Qué va a decir el Tribunal y quizás sobre todo que no puede decir el Tribunal habida cuenta de los términos en que se requiere la intervención del mismo y los límites de su función jurisdiccional? No diré nada sobre lo que pueda decir el Tribunal, pero si me lo permiten señalaré algo acerca lo que seguramente no hablará el Tribunal.

La actuación del Tribunal se encuentra limitada por su obediencia necesaria al principio de congruencia, de modo que el Tribunal sólo puede pronunciarse sobre lo que se le pregunta por los demandantes que impugnan el Estatuto, no sobre aquellos aspectos respecto de los que tal vez sería pertinente conocer el juicio del Alto Tribunal, bien se adopte el punto de vista de la opinión pública o la propia preferencia jurisdiccional.

La delimitación del ámbito del alcance de la Sentencia ha de tener en cuenta además que lo que se espera de la misma es un juicio sobre la compatibilidad del Estatuto con la Constitución, no por tanto un pronunciamiento de la conformidad de la norma estatutaria con la Constitución, mucho menos una consideración sobre el grado de su adecuación y no digamos la expresión de una alternativa más constitucional o no tan poco constitucional. Esto es importante y quiere decir que el Tribunal no llevará a efecto, o no lo hará directamente, afirmaciones sobre cuestiones generales del Estatuto o aspectos, llamémosles trasversales, que quizás no son procesalmente cuestionables, pero que adquieren una gran importancia.

Si me permiten señalarlo podríamos referirnos brevemente a tres de ellas. ¿Qué decir sobre la desmedida longitud del texto estatutario, que implica un mimetismo constitucional no defendible, pues el Estatuto no es una Constitución, tiene hechuras constitucionales, la expresión creo que es de Carles Viver, pero no es una Constitución? Señalar esta cuestión es muy importante entre otras cosas porque llama la atención sobre el riesgo de la erosión constitucional que supone el yuxtaponer un texto de potente contenido material a la pretendida levedad de la Norma fundamental, alentando entonces el rebasamiento de la Constitución en el orden constitucional, que legitimaría una inconstitucional mutación constitucional.

¿O qué decir de la desnaturalización constitucional del texto estatutario, estatutizando el contenido de normas legales o trasponiendo decisiones o categorías de la doctrina constitucional? Se ha incurrido en efecto en una reglamentación del texto estatutario que agota el espacio del legislador autonómico del futuro y contraría las notas de apertura e indeterminación que un Estatuto como norma cuasiconstitucional debe tener.

Tampoco procederá un pronunciamiento sobre el Preámbulo, texto trufado de afirmaciones identitarias y valoraciones históricas, seguramente privadas de la ecuanimidad y pertinencia exigibles en un texto normativo de la importancia del Estatuto. Al Tribunal tampoco puede pedírsele que establezca el canon de corrección ideológica de las pretensiones de los autores del texto, cuya utilidad para la intelección del contenido dispositivo del Estatuto ha de ser bien magra, habida cuenta de la poca significación de la interpretación auténtica o genética de los textos constitucionales, cuya voluntad se desprende exclusivamente de sus mandatos prescriptivos. ¿No les parece?

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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