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Una iniciativa legislativa discutible

Juan José Solozábal
jueves 08 de octubre de 2009, 19:42h
Como sabrán seguramente el Congreso habrá de pronunciarse próximamente sobre una iniciativa legislativa del Parlamento Vasco que, a través de la reforma de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder judicial, se propone blindar a las normas fiscales forales , impidiendo su control por la jurisdicción contencioso-administrativa, residenciándolo exclusivamente ante el Tribunal Constitucional. Me parece que estamos ante una iniciativa severamente discutible, pues considero que se trata de una reacción sin duda desproporcionada ante un problema político y jurídico concreto, y sobre todo entiendo que la proposición de ley en cuestión persigue un objetivo imposible constitucionalmente. Veamos.

Sin duda la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo propósito es establecer la organización y el procedimiento de actuación del Tribunal, tiene una importancia constitucional que debe llevar a la prudencia cuando se trata de introducir cambios en cuestiones nucleares de la misma. Yo creo que esto es lo que ocurre en el caso presente cuando se plantean modificaciones en lo referente a l tipo de normas que se pueden llevar al Tribunal y los sujetos con legitimación para ello. No creo que se actúe con prudencia, o si lo quieren expresar de modo más riguroso, proporcionadamente cuando se está pensando en utilizar el cambio de la ley orgánica de que hablamos para superar un trance difícil pero no desesperado como es la aprobación presupuestaria en el actual momento parlamentario.

Cierto también que con relación a su contenido las normas forales de los territorios históricos vascos no difieren de las normas fiscales navarras, pero como ocurre que estas últimas son leyes, las mismas no son recurribles como sucede hasta ahora con las normas fiscales vascas que pueden ser llevadas por los particulares ante la jurisdicción contenciosa-administrativa y, por tal procedimiento, quedan expuestas a su anulación por este tipo de tribunales. Entiendo pero no comparto esta argumentación, pues en efecto las leyes forales navarras tienen un rango diferente porque proceden de un parlamento a autonómico y no meramente provincial (quizás podría pensarse en la ratificación de las normas forales provinciales como leyes del Parlamento Vasco). Si se quiere expresar gráficamente, puede decirse que Euskadi es como Navarra, pero las provincias, quiero decir cada una de ellas, no son el reino. De otro lado, salvada la ejecutoriedad de las normas forales ¿por qué pensar que el control constitucional va a ser necesariamente más benévolo que el judicial ordinario, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional es en todo caso la finalmente garante de la especialidad del régimen foral?

Pero sobre todo pienso que lo que se propone la iniciativa legislativa del Parlamento Vasco es, según se me alcanza, sencillamente inconstitucional. Creo que la reforma de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial , que la iniciativa del blindaje supone, seguramente no pasaría finalmente el control del Tribunal Constitucional, si, como sin duda ocurriría, una vez aprobada la reforma de las leyes orgánicas propuesta por el Parlamento vasco en relación con el blindaje de las normas forales fuese impugnada ante la Jurisdicción Constitucional.¿Dónde radica el problema? Pues en que las normas forales vascas sencillamente no son leyes y por tanto no pueden pretender el control inmediato del Tribunal Constitucional para privar del mismo a los jueces ordinarios y así impedir su anulación. Nuestra Constitución reserva el control por la vía del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad exclusivamente a las leyes y a las disposiciones normativas con rango de ley. Se pongan como se pongan las normas forales de los territorios históricos vascos ni son leyes , normas que sólo pueden aprobar las Cortes generales o los Parlamentos autonómicos, ni disposiciones con rango de ley, esto es decretos-leyes y decretos legislativos, que solo pueden aprobar los Gobiernos.Y por tanto no pueden ser, sin que se reforme la Constitución, impugnadas directamente ante el Tribunal Constitucional.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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