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El estado concertado

Juan José Solozábal
jueves 15 de octubre de 2009, 20:33h
Un desenfocado ideologismo nos lleva a veces a insistir en la justificación identitaria del Estado autonómico, menospreciando su legitimación desde el plano de la eficacia o funcionalidad, pero al final lo que justifica al Estado autonómico es su eficiencia, su capacidad para actuar, como diría José Tudela, a quien robo el término, concertadamente. Es el servicio a los ciudadanos, la garantía a los mismos de un mayor nivel y mas igualitario, de prestaciones públicas, lo que apunta a que la descentralización es una necesidad en este Estado. Con razón algunos recientes estudiosos del Estado autonómico como Jordi Sevilla, Luis Fajardo, o el citado José Tudela, sitúan la problemática de la mejora del sistema autonómico en este plano funcional, mucho antes que en el identitario: la modernización del Estado exige su descentralización, la asunción en el mismo de las exigencias de la subsidiariedad, y finalmente la cooperación y coordinación.

El objetivo de la modernización demanda la garantía de la igualdad como logro indiscutible del Estado moderno, que ninguna forma territorial del mismo puede desconocer. Autonomía sí, pero con garantía de una igualdad sustancial de las prestaciones publicas en todo el territorio nacional; la modernización, en segundo lugar, implica la distribución competencial en los niveles de administración, nacional, autonómica y local según patrones de racionalidad garantizados por la observancia del principio de subsidiariedad.

Ello lleva consigo, por último, la necesidad de reordenar el Estado autonómico conforme al principio de cooperación. Han de denunciarse en efecto los déficits del funcionamiento de nuestro Estado en este terreno, pero asumiendo dos advertencias. Ocurre, de una parte, en el plano normativo que la regulación de la cooperación vertical, esto es, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, corresponde seguramente al Estado , mas que a las Comunidades Autónomas y debe establecerse, de otro lado, teniendo en cuenta que la concertación ha de entenderse, mas allá de apoderamientos concretos, que también existen en la Constitución y desde luego proporciona la doctrina constitucional, ínsita en la facultad del Gobierno central, a través de su administración, de dirigir la política del Estado.

Por lo que se refiere a la cooperación sin el Estado de las Comunidades Autónomas entre sí, dos palabras. La colaboración horizontal aparece justificada, pero también claramente limitada en su alcance conveniente, por el principio de eficiencia. En efecto, dentro del caudal competencial ha de comprenderse siempre la libertad en el modo de ejercicio de la competencia, se trate de un uso exclusivo o de una utilización cuya maximización se consigue, en cambio, llevando a cabo su ejercicio de modo concertado con otras Comunidades Autónomas, estableciendo acuerdos entre ellas, o celebrando reuniones de Presidentes, etc.

Pero el ejercicio de la autonomía competencial no puede poner en peligro la eficiencia de la misma, relacionada como no puede ser de otra forma con la eficacia del Estado autonómico en su conjunto. Este principio de la eficiencia justifica en parte la colaboración, pero lo limita asimismo. Sobre todo, en cuanto que no puede proceder a una complicación contraproducente de la maquinaria estatal. A nuestro juicio, como acabamos de decir, la cooperación en el Estado autonómico ha de quedar garantizada fundamentalmente por la intervención del Estado y la administración centrales. Ello significa indudablemente, según lo vemos, que la cooperación horizontal será un complemento o una preparación para la colaboración vertical, pero no puede ser su sustituto.¿No les parece?

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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