www.elimparcial.es
ic_facebookic_twitteric_google

El abuso del control presupuestario

Juan José Solozábal
jueves 29 de octubre de 2009, 20:11h
No hablaría de fraude constitucional, pero me atrevería a decir que el papel que en nuestro sistema político se confiere al trámite de la aprobación de los presupuestos del Estado cada año constituye un caso de forzamiento del régimen parlamentario que tiene una difícil justificación. Ocurre simplemente a mi juicio que la aprobación de los presupuestos opera, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios, y de modo preeminente de la oposición, como un instrumento de control de la acción política del Gobierno, asumiendo efectivamente una importancia que choca con los rasgos fundamentales de nuestro tipo constitucional de sistema parlamentario, si no los contradice claramente. Que estemos en un momento en el que, en los términos que veremos, se peralte la significación política de la aprobación de los presupuestos, mientras según opinión común las previsiones contables de los mismos resultan cada vez más irrelevantes, hace todavía más absurda la situación.

Conviene partir de una idea bien clara, esto es, que el régimen parlamentario nuestro como forma política de relación entre el gobierno y el parlamento no es sino el sistema efectivamente establecido en la Constitución y no un modelo definido canónicamente en el plano ideal que el constituyente se haya limitado a copiar. Esto significa en lo que nos interesa lo siguiente, que el Gobierno formado tras la investidura, a continuación de las elecciones, en principio ha recibido un mandato para gobernar durante cuatro años, a no ser que por procedimientos tasados, esto es, como consecuencia de la aprobación de una moción de censura o del rechazo en el Congreso de una cuestión de confianza, pierda su apoyo parlamentario. De ahí se desprende que el Gobierno no cae, o tiene que dimitir, como ocurre en el modelo clásico del parlamentarismo cuando entienda que ha perdido la confianza, por ejemplo, por perder una votación importante, sino sólo en los casos previstos en la Constitución. La Constitución, pues, presume que el Gobierno tiene la confianza del parlamento a no ser que la pierda únicamente a través de los procedimientos referidos. O dicho con más claridad no es conforme con nuestro régimen parlamentario que se entienda que un Gobierno ha perdido la confianza por ejemplo porque no se sacan adelante los presupuestos. Tan es así que la Constitución contempla la prórroga de los presupuestos anteriores si los nuevos no resultan aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente.

A mi juicio se fuerza el significado de control de la aprobación de los presupuestos si se deduce, al margen de la moción de censura o la cuestión de confianza, una pérdida de la confianza parlamentaria de las dificultades del gobierno para que se acepten sus cuentas públicas. La consecuencia de ese entendimiento erróneo o forzado no es sólo que se pague, lo acabamos de ver estos días, un precio exorbitante por el apoyo parlamentario al Gobierno, exagerando el peso de fuerzas minoritarias con lealtades particularistas que amplían abusivamente su significado en la representación nacional, sino que se colocan en el centro del sistema, como mecanismos de exigencia de responsabilidad política, instrumentos que constitucionalmente hablando no tienen ni de lejos el significado que alcanzan, suplantando a los mecanismos tasados de responsabilidad establecidos en la Norma Fundamental. Lo dicho, muy cerca del fraude constitucional; hablemos entonces de abuso constitucional, eso sí, consentido.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios