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el pp pide una ley que regule el sistema de interceptación de comunicaciones

Las claves de la polémica por el uso que el Gobierno hace de Sitel

sábado 07 de noviembre de 2009, 10:54h
Con las filtraciones a ciertos medios de comunicación de conversaciones interceptadas en la investigación del caso Gürtel, el Sitel ha saltado a la palestra. En 2001, el Gobierno de Aznar solicitó esta nueva herramienta para combatir mejorar la delincuencia pero paralizó su implantación al encontrar importantes déficit en el control de su funcionamiento. Con Zapatero al frente del Ejecutivo, el sistema se puso en marcha sin tener regulación alguna. Y los problemas comenzaron. Por Blanca de Ugarte
El Sistema de Interceptación de las Telecomunicación (Sitel) se ha diseñado para combatir la criminalidad con mayor eficacia. Gracias a él se detectan mejor delitos de tráfico de drogas y de influencias, entre otros. Sin embargo, como otras herramientas tecnológicas, puede ser objeto de un uso ilegal y fraudulento que, en este caso, vulnere derechos fundamentales recogidos en la Constitución como el derecho a la intimidad y el secreto de comunicaciones.

“El sistema no es ilegal”, asegura la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Efectivamente, indica a EL IMPARCIAL el profesor de Derecho Constitucional de la UNED Lucrecio Rebollo, “todos los mecanismos tecnológicos empleados son neutros. Dependen del uso que se haga con ellos”. El problema surge, por lo tanto, porque esta herramienta posibilita actuaciones ilegales, “al igual que un ordenador”, precisa el profesor. Por ello, añade, “no se puede imputar delitos a la herramienta sino a las personas que hagan un mal uso de ella”.

A diferencia del sistema de interceptación de comunicaciones anterior, el Sitel aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere al juez cuando autoriza el “pinchazo” telefónico.

Con este mecanismo, antes de solicitar la autorización al juez, la Policía puede recabar datos importantes sobre la persona que investiga: su identidad, teléfono, correo electrónico, domicilio, número de cuenta asignada al proveedor de Internet, situación geográfica del terminal… Una vez recibido el permiso judicial, comienza la vigilancia y el software almacena mucha más información. Tras realizar las escuchas del material recopilado, el agente entrega al juez una copia de la grabación, un CD que después de emplearlo, el magistrado lo rompe. Aún así, Sitel guarda el archivo original.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno de Aznar invirtió en 2001 casi 10 millones de euros en esta herramienta, pero finalmente se vio obligado a paralizar su implantación tras recibir informes negativos que indicaban deficiencias en la cobertura legal en su puesta en funcionamiento. El control de aquellos agentes que empleen Sitel no está garantizado por lo que decidió prevenir antes que lamentar y aparcó el asunto en aras a no tener problemas.

Sin embargo, con Zapatero en el Gobierno, el sistema comenzó a ser utilizado en diciembre de 2004. Se optó esta vez por una actitud más práctica. La herramienta es útil y, según las estimaciones del profesor Rebollo, “en un 90 por ciento es bien empleada”. Para enmendar la laguna legal existente se dictó un reglamento propio que desarrollaba la Ley General de Comunicaciones y, más tarde, una “insuficiente Ley de carácter ordinario”, según el PP. Este texto legal obliga a las operadoras a facilitar datos personales de sus clientes a la Policía que solicite o no al juez la orden de interceptación.

Los problemas surgen cuando la oposición es espiada. Hay una investigación sobre una supuesta trama de corrupción que afecta al PP y se filtran algunos dados a ciertos medios de comunicación vulnerando así el secreto de sumario. Casos como éste engrosan cerca del 10 por ciento de las actuaciones ilegales que se comenten con esta herramienta.

El PP exige la regulación del Sitel
El Sitel vuelve a centrar la polémica. El Partido Popular, que compró la herramienta y no la puso en marcha porque, según la portavoz del Grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, “no dio tiempo a aprobar una ley que permitiera su uso”, ha presentado ante el Cámara un Proyecto de Ley Orgánica que la regule.

Esteban González Pons, responsable de Comunicación del PPEntre sus propuestas, los “populares” solicitan las siguientes medidas:
1. La exclusiva competencia del juez para la gestión del SITEL. (Según el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, actualmente es Interior, y no la autoridad judicial quien la controla)
2. La designación e identificación del funcionario que realice la interceptación de las comunicaciones de la persona investigada.
3. La especificación por parte del juez del sistema de interceptación que el agente deberá emplear.
4. La especificación por parte del juez de los datos que deberán recabarse además del contenido de la comunicación interceptada.
5. La destrucción de forma inmediata de los datos no autorizados recabado por cuestiones técnicas.
6. La destrucción obligatoria de cualquier soporte informático que contenga registradas las grabaciones y que no se incorpore al procedimiento judicial.
7. La firma certificadora de la autenticidad de los soportes digitales en los que se realice la grabación para evitar la manipulación de los datos grabados.
8. La limitación de la interceptación a un mes, con prórrogas de 15 días hasta un periodo máximo de un año.
9. La regulación específica de las investigaciones referentes a los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil.
10. La solicitud a la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso de un informe con carácter anual sobre la utilización del SITEL.

Aún así, indica a EL IMPARCIAL Lucrecio Rebollo, “un funcionario corrupto siempre tiene la opción de vulnerar la ley. Aún así, es fundamental regular la actividad” para que tenga una cobertura legal con sus reglas específicas. “Podemos conseguir, eso sí, que el porcentaje de ilegalidades cometidas en el empleo de este Sistema de Interceptación de las Telecomunicaciones se reduzca”, concluye.
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