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En las manos del Tribunal Constitucional

Juan José Solozábal
jueves 14 de enero de 2010, 18:53h
A medida que se va acercando el momento de dictarse la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña se va espesando el ambiente. Y no me refiero a los pronunciamientos de algunos políticos catalanes, que podrían esperar a saber para criticar. Me refiero a una argumentación utilizada en medios intelectuales, algo reiterada, y cuyo extravío conceptual resulta un poco sorprendente. La tesis central viene a ser, formulada con mayor o menor claridad y de ordinario en términos bien corteses, la de la comprensión del sistema constitucional, del que son partes esenciales la Constitución y el Estatuto catalán, como un pacto o un acuerdo de voluntades entre, de un lado, España que obraría a través de sus representantes en el momento constituyente y ahora en la reforma estatutaria en las Cortes generales, y, de otro lado, Cataluña, cuyas pretensiones, provisional pero indudablemente, formularon los representantes catalanes de la constituyente, y que ahora en la reforma del Estatuto se expresa a través del Parlament y, decisivamente, el referendum del electorado catalán. Este pacto o acuerdo no tiene límites, como expresión de un arreglo entre verdaderos soberanos, y la pretensión de intervención del Tribunal Constitucional debe entenderse como un intento centralista por sujetar a Cataluña y afirmar, abusivamente, la superioridad de España, incapaz de observar los pactos (y si hay que aducir alguna prueba, pues se recurre ¡hasta a Eiximenis! en el siglo XIV) y de asumir un pluralismo nacional constitutivo que en la transición no se pudo reconocer, pero que va siendo hora de aceptar en un momento de desarrollo propio cultural y político evidente y en un contexto europeo en el que naciones de considerablemente menor peso demográfico y cultural forman parte de la Unión con todo derecho.

Se reconocerá que es muy difícil entrar en este debate y señalar que en esta ocasión, en la que se lleva a cabo el control de la constitucionalidad del Estatuto, el problema político no se plantea así, y ello porque no debe plantearse, quiero decir, porque no es conveniente hacerlo, y porque verdaderamente la cuestión que se dilucida no es una cuestión política sino exclusivamente jurídica. No nos equivoquemos, no estamos en un momento constituyente, en el que todo se puede discutir y todo está abierto. No es este el caso. Tenemos, afortunadamente un arreglo político, que es la Constitución y el problema simplemente es saber si la reforma del Estatuto se atiene a la Constitución, de modo que nuestro sistema siga estando correctamente, perdóneseme la redundancia buscada, constituido, presidido por la Constitución e integrado por unas normas, entre ellas notoriamente el Estatuto de Autonomía que ha de respetar la Ley Suprema.

El pronunciamiento del Tribunal que se espera es un juicio de constitucionalidad, esto es, un juicio técnico de aplicación correcta por una instancia jurisdiccional que decide de modo independiente utilizando exclusivamente argumentos jurídicos. Por supuesto que la Constitución es una norma abierta, bien difícil de aplicar como parámetro de control en relación con las otras normas, cual las estatutarias, que son más específicas y claras. Pero el invento es este. Si tenemos Constitución es porque obliga a todos, incluido el autor, legislador compuesto, cualificado, pero no soberano último, que aprobó el Estatuto.

Porque este es el tema, el significado de la Constitución, y los términos en que hay que entender sus relaciones con el Estatuto no dependen de una opinión que, aun ayuna de bases históricas o lógicas, sin saber con qué criterios de apoyo cuenta, apodíctica aunque con toda cordialidad sostenida, atribuye un significación determinada al orden constitucional y decide lo que el mismo es y a lo que obliga, esto es, el papel que en tal sistema juega la Constitución y el que corresponde al Estatuto. ¿Qué orden es éste, cuya regla única de funcionamiento viene a ser, en definitiva, la de conferir el papel decisivo a una voluntad democrática, no importa en qué casos sea convocada y sobre qué tipo de materias decida? Como es evidente ni hay Constitución sin soberano, ni la Constitución o el orden constitucional pueden quedar a merced de quien ella misma ha decidido que no es el soberano, pues sobre la Constitución sólo puede disponer quien tiene potestad para su reforma y, mientras tanto, quien es su supremo intérprete, esto es, el Tribunal Constitucional. Sin el Tribunal Constitucional, en libertad plena y solo sujeto a la Norma Fundamental, no puede haber hoy, en España, Constitución.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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