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La oposición en la crisis

Juan José Solozábal
jueves 11 de febrero de 2010, 14:10h
Con razón en la situación de crisis en que nos encontramos pensamos en el comportamiento del Gobierno, afirmamos su responsabilidad y exigimos que esté a la altura de las circunstancias. El liderazgo, la capacidad de proponer el camino de la salida, de adoptar las decisiones que lleven a la superación de las actuales dificultades son, antes que de nadie, asunto suyo.

Pero no sólo el Gobierno se retrata en la situación de crisis, da la idea de sus correctas medidas. Ocurre también con la oposición. También la oposición debe dar la talla en las horas difíciles, actuando comedidamente, demostrando que la salida de la crisis se antepone a los intereses partidistas, y que la suerte del País le importa más que sus oportunidades de alcanzar el gobierno. ¿Cómo convencer a la oposición de que su verdadera ocasión resultará de su contribución a restaurar las condiciones de normalidad, apoyando al Gobierno en la tarea de la recuperación y colaborando lealmente en la restauración institucional del sistema? La prueba suprema de que uno merece estar en el Gobierno es saber comportarse en la oposición.

Recomendaría a la oposición, antes de nada, moderación en sus críticas. Evitar la descalificación y la descortesía, que se derivan fácilmente del menosprecio del contrario y de la supervaloración de las propias capacidades. A la democracia le es consustancial cierto escepticismo, cierta frialdad emocional, que alcanza al análisis de los méritos propios y de las imperfecciones del contrario. Ni la oposición puede pensar que posee el bálsamo de Fierabrás ni ha de atribuir al Gobierno el monopolio de la incompetencia o la estupidez. Si la democracia es un régimen de opinión hay que suponer que la influencia de la misma, con sus críticas, advertencias y consejos habrán evitado al Gobierno incurrir en el disparate o el extravío totales. Plantéense rectificaciones y denúnciense errores, pero desde la convicción democrática de la propia capacidad del Gobierno para la corrección y la enmienda.

En segundo lugar pediría a la oposición lo que cabría denominar comedimiento institucional. Serenidad en la actuación pública, con atenimiento estricto a las formas constitucionales. El régimen parlamentario obedece a unas reglas que deben observarse con absoluta escrupulosidad. No hay que olvidar que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero no merece en modo alguno un trato que ignore su respaldo parlamentario, recientemente validado con ocasión de la aprobación de los presupuestos para todo el año 2010. No se echa al Gobierno empujando, sino presentando una moción de censura. Se sabe, pero a veces se olvida. Ocurre en efecto que nuestra Constitución tiene procedimientos tasados para verificar la confianza parlamentaria y exigir la responsabilidad política, y a ellos deben atenerse tanto el Gobierno como la oposición si se pensase que la crisis ha alcanzado una dimensión institucional.

Claro que a veces el forzamiento del sistema puede presentarse no en esta guisa aguda, sino de modo algo más suave, aunque a mi juicio igualmente incorrecto. Acaba de ocurrir al aprobarse una proposición de ley exigiendo del Gobierno una determinada orientación política consistente en la reducción del número de altos cargos de la Administración. Dejemos de lado el aspecto político en donde llama la atención el acuerdo de quienes razonablemente tienen objeciones sobre el gasto excesivo del Gobierno central, sin inmutarse, eso sí, por su correspondencia en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, con quienes aprovechan cualquier oportunidad para adelgazar al Poder central. Ocurre simplemente que el Parlamento no gobierna, no puede gobernar, pues la soberanía parlamentaria no puede acabar con las reserva constitucional que deja al Ejecutivo precisamente la competencia para hacerlo; y parece difícil ignorar que un instrumento del Gobierno del que constitucionalmente no pueden disponer las Cortes es precisamente la organización de la Alta Administración que naturalmente decide el Ejecutivo. Se trata simplemente, querido lector, de aplicar el principio de separación de poderes, no quitando al Cesar lo que es del Cesar.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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