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Pensando en la justicia constitucional

Juan José Solozábal
jueves 18 de febrero de 2010, 20:34h
Decía Felipe González, a quien cuanto más reparo en nuestra condición presente más echo en falta, que sólo los tontos se enteran de lo que tienen cuando lo pierden. En algo de esto pienso cuando considero la alegría con la que algunos prescindirían del Tribunal Constitucional si la ocasión se prestase a ello. Desconocen la indefectibilidad de la Justicia Constitucional en las democracias constitucionales de nuestro tiempo. Con todo se trata de una institución necesaria aunque no obvia. Podríamos decir, con Habermas, que “la existencia de los tribunales constitucionales es algo que no se entiende sin más”. De modo que los problemas de la Justicia Constitucional trascienden a las deficiencias técnicas de su funcionamiento, a pequeños detalles del diseño concreto de su configuración en un caso determinado, el nuestro, y se presentan en un plano mas general, digamos, si quieren verlo así, en el de su legitimación.

Los problemas sobre la composición o de funcionamiento concreto del Tribunal Constitucional no son de desdeñar. Así, si se quiere evitar el riesgo de su apariencia partidista, dada la condición democrática de la propuesta del nombramiento de sus miembros, habría de llevarse a cabo un esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios, pero lo dicho tendría aplicación en el caso de los nombrados a iniciativa del Gobierno o el Consejo del Poder Judicial, para que la renovación del Tribunal se hiciese a favor de juristas prestigiosos y de probada independencia, sin utilizar el criterio del simple reparto entre magistrados de una orientación ideológica y otra, evitando los inconvenientes de la situación presente en la que cada proponente a condición de asegurarse la autonomía en la actuación que le corresponde, se desentiende de la pertinencia del nombramiento de los demás. En segundo lugar se ha de esperar a ver si la reciente reforma del amparo, descentralizando la decisión sobre su admisión y exigiendo para la misma un relieve constitucional del recurso, alcanza los resultados pretendidos y en ese sentido descongestiona al Tribunal, en el que esperan una masa ingente de procedimientos, no sólo amparos, para su tramitación. Un Tribunal que tarda es un Tribunal cuya redundancia institucional corre el riesgo de patentizarse.

Se hace necesaria, sin duda, una mayor flexibilidad en la determinación de la agenda del Tribunal, que ha de ser decidida por la importancia de los asuntos y su urgencia, y no por el orden de llegada a la instancia jurisdiccional. Ha de hacerse, por último, un esfuerzo por reducir la longitud y complicación de la argumentación del Tribunal, a cuyas resoluciones vuelve quizás a amenazar un lenguaje forense profuso y a veces no suficientemente preciso.

Pero decía con anterioridad los principales problemas del Tribunal se refieren a su legitimación. La Justicia Constitucional puede justificarse desde el plano del Estado de derecho, como institución precisamente que culmina el mismo, asegurando la supremacía de la primera norma del sistema jurídico que es la Constitución, garantizando la organización y el ejercicio regulares del poder que la Norma Suprema establece. Pero la contribución de los Tribunales Constitucionales mira no sólo a afirmar la dimensión normativa de la Constitución sino el funcionamiento del sistema democrático, ya que es cierto que no hay democracia sin derechos fundamentales, pues estos son una condición de la participación política abierta donde la renovación de las mayorías es posible, pero no hay derechos fundamentales sin Justicia Constitucional, que los define y cuya protección garantiza.

Sin duda esta relación de los derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional no es sólo funcional, o utilitaria si se quiere ver así, sino de base o legitimatoria, pues la intervención de los Tribunales Constitucionales es capital para explicitar la Norma Fundamental, prolongando el momento constituyente en el que la generación fundadora se identificó con la Constitución según unos valores en torno a los cuales la colectividad organiza su vida en común. El Tribunal en su labor de interpretación, cuando contrasta la ley impugnada con la Constitución, ya resuelva el lance convalidando o anulando la ley, utiliza una argumentación que explicita la Constitución, corrigiendo la indeterminación y apertura de las normas constitucionales. Esta interpretación legitima el orden legal conforme a argumentos materiales. Se trata de la argumentación que Habermas llama ética, en la que no se discute según valores universales, de justicia, sino en torno a valores propios, en parte racionales, y en parte identitarios, quizás la versión propia nacional, aclimatada por decirlo así, de los principios generales constitucionales.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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