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Los límites del Tribunal

Juan José Solozábal
jueves 25 de febrero de 2010, 20:04h
Quizás, frente a la disposición de bastantes de mis colegas, para nada envidio la situación de los miembros del Tribunal Constitucional, que ejercen la función jurisdiccional, esto es, disponen de todo el poder del Estado para resolver imperativamente los conflictos que conocen, pero han de actuar en condiciones que no tienen que ver con el resto de los jueces, no sólo por la enorme repercusión de sus fallos, lo que echa sobre ellos una abrumadora responsabilidad, sino por la traza del derecho que aplican, de ordinario abierto y poco concluyente, expuesto como ninguno a la vacilación y la incertidumbre.
En tales circunstancias lo que se espera del juez constitucional es, dicho brevemente, una actitud prudente, que asuma con modestia la tarea encomendada, esto es, que entienda contenidamente los términos de su actuación proponiéndose una labor de conservación más que de fundación, teniendo en cuenta la legitimidad reforzada de la ley que examina y los términos de cultura constitucional y política en los que su decisión ha de moverse.

De manera más clara, o mejor, más directa. El Tribunal no es un colegio académico del que se espera una construcción interpretativa de lo que es nuestro sistema autonómico. Solo atendemos un juicio de compatibilidad con el marco constitucional de la norma estatutaria, excluyendo lo que no cabe en él o proponiendo una intelección adecuada, de lo que en tal sentido podría incluirse en dicho orden. Por ejemplo en relación con las referencias nacionales de Cataluña que se hacen en el texto del Estatuto sometido a examen del Tribunal Constitucional, la cuestión no es justificar su adecuación o pertinencia, sino mostrar si tales extremos caben en nuestro sistema a la luz de la atribución de la soberanía en la Constitución a la nación española. Seguramente y siempre que no se discuta la afirmación constitucional de la soberanía de la nación española, cabe perfectamente una nación no soberana plasmada estatutariamente.No es la opción más razonable, a lo mejor se trata de una aclaración perfectamente prescindible en un texto jurídico, además de significado equívoco y cuestionable, pero me parece que no es inconstitucional. En la teoría constitucional la idea de las naciones culturales (o sin Estado) frente a las naciones políticas de un pensador como Meinecke, es un tópico muy conocido. Además no sería ese texto estatutario el único ejemplo de reconocimiento del término nación en un documento constitucional. En el Reino Unido tenemos la Scotland Act o la Northern Ireland Act de 1998, que son leyes donde, claramente, se llama a Escocia y a Irlanda “naciones”, sin que se hayan cuestionado los cimientos constitucionales de tal afirmación, pues la significación de las categorías en un texto jurídico no se deduce de referencias externas al texto, sino antes de nada del sentido que su autor les ha conferido.

La labor interpretativa del Tribunal puede ayudarse si la misma se orienta por la ayuda procedente de otros sistemas no iguales, pero si semejantes al nuestro, como es el federal. A la luz de tales experiencias algunas dificultades actuales de nuestra Justicia Constitucional podrían reducirse. Pienso por ejemplo en la admisión de la declaración de derechos que figura en el Estatuto catalán, sin desnaturalizar su función, rebajándolos al plano de principios, esto es cláusulas indicativas y no prescriptivas, sólo a disposición de los ciudadanos tras la mediación del legislador. El Tribunal Constitucional en este caso se encuentra además con un problema espinoso que no sólo puede tener una solución procesal, sino verdaderamente de fondo. Me refiero naturalmente a la impugnación sólo ante su jurisdicción de un Estatuto, siendo así que la cuestión se plantea en relación con la totalidad de las normas estatutarias de las restantes Comunidades Autónomas, con vigencia efectiva ya pero que no han sido denunciadas. Es bien difícil argumentar, en términos de claridad suficiente, que un Estatuto de autonomía no pueda hacer lo que si cabe establecer a las leyes de la propia Comunidad y por supuesto a las constituciones de los Estados miembros de una Federación que, como se sabe de sobra, hace tiempo que dejaron de ser normas organizativas o competenciales y reconocen verdaderos derechos de especificación o completamiento de los contenidos en la Constitución de la Federación.

Quizás es una pena que las leyes no las hagan colegios de hombres sabios, y las aprueben asambleas de hombres imperfectos, influidizos e inconstantes. Es el sistema, corregido por la exigencia de que las leyes deben ser constitucionales, obligación cuya observancia corresponde a los tribunales constitucionales. A él nos atenemos.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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