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El reloj constitucional

Juan José Solozábal
jueves 22 de abril de 2010, 19:13h
No me canso de llamar la atención sobre dos notas del Estado constitucional de nuestros días, que efectivamente es una forma política compleja y moderada. Se trata además de características que se yuxtaponen y se complementan. La complejidad significa a nuestra organización política en cuanto conjunto integrado por diversas instituciones y ramas, cada una con sus peculiaridades y funciones. En la literatura esta realidad, si leemos a Maravall, llevaba ya a diversos autores de la monarquía absoluta en tiempos clásicos a identificar con frecuencia al Estado con un reloj cuyas ruedecillas concordaban, asegurando así el funcionamiento correcto de la máquina o el artefacto político. La condición ordenada del Estado, sobra decir, con el paso del tiempo no ha hecho sino incrementarse al encontrar el principio vertebrador del sistema no en la voluntad del monarca sino en un plan establecido por la propia comunidad, esto es, en la Constitución, como decisión de los ciudadanos sobre su forma de gobierno. De la ordenación que exige de cara a su eficiencia la complejidad de las estructuras políticas, y que se incrementa cuando el Estado se descentraliza, se sigue necesariamente la moderación, pues unos poderes compensan, traban y controlan a otros.

Sin esta referencia a la complejidad y a la moderación, como principios de nuestro Estado, es difícil comprender la actual crisis del Tribunal Constitucional y las posibilidades de salida de ella. Propongo una entendimiento no reduccionista de este órgano constitucional cuya posición no se puede captar exclusivamente en clave política, como si se tratase de una institución más del sistema. La complejidad del sistema político español, su sofisticación si quieren ustedes, nos obliga a ir mas allá de las apariencias y a comprender entonces el significado de este órgano, que obviamente es político en cuanto ocupa una posición medular dentro del edificio institucional de nuestra democracia, pero que no es reducible a una evaluación en términos ideológicos o partidistas. Desde luego que es política la función del Tribunal que consiste justamente en asegurar la congruencia del sistema, afirmando la primacía constitucional sobre el resto de las normas. Sin supremacía de la Norma fundamental no hay Constitución y sin Constitución, sin sus reglas y valores, no hay democracia. Pero la garantía de la supremacía constitucional es una tarea que solo se lleva a cabo en términos jurídicos por el Tribunal. Ocurre entonces en los procedimientos ante esta instancia, que se convierte en conflicto jurídico lo que en realidad es una disputa política, contraponiendo la voluntad de la ley a lo querido por la Constitución, pues obviamente estas normas no están dadas, sino puestas por sus respectivos autores.

Ya sé que esta sofisticación es algo difícil de comprender, pero es capital entender que en nuestra estructura constitucional una cosa es el plano político y otro el jurídico y que el Tribunal se mueve exclusivamente en el plano jurídico. Vean ustedes una prueba y déjenme que extraiga finalmente una consecuencia de lo que digo. Cuando se impugna en el recurso de inconstitucionalidad una ley, el recurrente lo hace por motivos políticos, porque la norma en cuestión , en este caso, para ser claros, el Estatuto de Autonomía no le gusta, pues lo considera contrario a su posición ideológica. Lo que ocurre es que esa oposición política ha de trasformarse si se quiere que prospere el recurso, encontrando un apoyo jurídico, presentándose como una vulneración de la Constitución. Por supuesto el Tribunal cuando resuelve el recurso lo hace exclusivamente en términos técnicos y realiza un contraste entre la Constitución y la ley impugnada, de manera que lo que entró como conflicto político se resuelve como conflicto jurídico y lo que era una iniciativa partidista se transforma en una actividad depuradora u objetiva del sistema constitucional.

Mi conclusión es bien simple: mantengamos la actuación del Tribunal en el plano jurídico y procuremos contener el alcance de los efectos de sus sentencias en el este nivel. O dicho más claramente: no deduzcamos consecuencias políticas de la actuación del Tribunal, dificultando el margen de maniobra del mismo.

Si el Tribunal declarando la inconstitucionalidad de una norma se mueve en el plano jurídico, vital evidentemente para el sistema político, no deduzcamos consecuencias políticas de tal actuación o hagámoslo en la menor medida posible. La sanción de la declaración de inconstitucionalidad no opera en la esfera política sino exclusivamente en la jurídica. Ya sé que es difícil en estos momentos argumentar en este sentido, pero es muy peligroso mezclar a la Constitución con la disputa partidista, y el asunto actual va de eso, sólo pero nada menos que de eso, pues se trata de afirmar la Constitución en el sistema que ella rige y encabeza. Tal es, en el Estado complejo y moderado que tenemos, la tarea del Tribunal Constitucional.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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