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III-Contra la transición: la erosión de las instituciones

miércoles 05 de mayo de 2010, 00:03h
Se tejerá una historia oficial, para los vencedores, y acaso una antihistoria, no menos oficial, para los proscritos –predijo Azaña en 1937. Durante cuarenta años tuvimos que soportar el primer fascículo del vaticinio. Al parecer, ahora estamos con el segundo. Resignación y paciencia, pues. Y, en efecto, cada generación parece tener “una lectura propia del acontecimiento histórico” (S. Juliá). Por más que repitan sentirse libres de cualquier hipoteca del pasado, la generación socialista actualmente en el poder tampoco ha escapado a ese sino. Y aunque lo suyo sea más bien la demoscopia, también tienen su leyenda. Ahora la llaman “memoria” histórica: en realidad, un salto al abismo metafórico sin paracaídas lógico. La “Memoria Histórica”, así, en singular, no existe más que en la letra oficial de regímenes autoritarios. La memoria –escribía Ortega en "Misión del Bibliotecario"- es intransferible, queda adscrita a la persona. Basta consultar algún trabajo de neurología. Los sujetos colectivos carecen de “memoria” que es una facultad reservada a los individuos de nuestra especie. Por eso es plural, variada y, como tal, contradictoria. Por eso también, “la memoria”, así en singular, predicada a través del BOE y con un sólo altavoz, degeneró hace unos años en una patética guerra de esquelas. Hoy, ya estamos en las querellas, que siempre es un peldaño más en la escalera del disparate.

Deberíamos dejar de utilizar la memoria histórica como un “concepto heurístico” y comprender que se trata de una “metáfora contemporánea” ( A. Confino). Quizá por eso, casi todas las sociedades políticas han acuñado su leyenda histórica: relatos del pasado que dan legitimidad y sentido al presente. Con frecuencia, sirven además de mapa en la derrota de cada periplo histórico. Es habitual, pues, que los guiones políticos de cada nueva etapa se hayan escrito con un ojo puesto en algún momento pasado y constituyan, por tanto, una fe de erratas de tiempos pretéritos -un hecho fácilmente detectable haciendo una lectura retrospectiva de nuestras cartas magnas. Su valor hermenéutico para ese pasado que se pretende emular o corregir es raquítico. Contienen, sin embargo, claves interpretativas de peso para comprender mejor la configuración del presente. O dicho de manera contundente: las leyendas que los políticos fabrican con el tiempo pretérito, no enseñan tanto de la historia del pasado que fabulan como del presente que construyen.

En buena medida, la llamada “memoria histórica” consiste en una colección de relatos al servicio de un proyecto político. Y, en el caso que nos ocupa, el relato urdido hoy –que poco tiene de rigor histórico- está al servicio de la ruptura del pacto constituyente de 1978 con “la otra mitad”, clave de la Transición. Desde este diseño político, es razonable que guste poco una Transición que consideran llena de claudicaciones (J.C. Monedero), al objeto de perpetuar el franquismo (J.L. Cebrián). Con este guión de ruptura y marginación, era de esperar un regreso a la visión maniquea de la República y la Guerra (F. Espinosa). El propósito de este ajuste de cuentas con el pasado consiste en establecer –y celebrar, que es ya terreno de psiquiatras- una suerte genealogía de la derecha autoritaria que conduzca, sin solución de continuidad, desde el franquismo al PP, pasando por Alianza Popular -pero con la prudencia de dejar a un lado la experiencia de UCD.

No importa que la secuencia propuesta no resista el contraste empírico: es una evidencia estadística comprobable que la inmensa mayoría de los actuales dirigentes de PP ni siquiera había nacido antes de 1975, o bien estaban en el parbulario o, como mucho, cursando los primeros cursos de universidad. Y, en todo caso, la exigua minoría que tenía mayoría de edad política en los setenta procedía mayoritariamente de UCD, lo mismo que el voto y los votantes que abrumadoramente pasaron de UCD al PP, cuando se formó este partido en 1989. La fecha es importante para certificar el éxito de la operación. No es difícil rastrear en hemerotecas y videotecas expresiones tales como que el PP no votó la ley del divorcio o que el Estatuto del 79 no se consensuó con el Partido Popular. Y es cierto. Sobre todo porque, en esas fechas, no existía.

Sea como quiera, lo cierto es que la realidad de la imagen ha superado a la de los hechos, de suerte que, en términos generales, la operación PP-igual-AP-igual-franquismo ha obtenido un notable éxito mediático. La idea ha consistido en utilizar el sambenito franquista como "ostrakón" que contribuyera a expulsar a la oposición del PP –no ya del poder, que es la higiene del mecanismo democrático y la tarea natural del PSOE, sino- del sistema de alternancia, que es cosa de naturaleza diversa. El propósito consiste en maximizar y prolongar su poder por la vía negativa de marginar del sistema al rival popular, pintado como neo-franquista y, en consecuencia, redefinido como enemigo e incapacitado para la alternancia.

Esto es lo que aclara el circo organizado con el pretexto del tema Garzón: un asunto jurídico debatible se mezcla con temas políticos de restos insepultos, víctimas de una represión inicua, que nada tienen que ver con cuestiones, sujetas a un procedimiento jurídico del todo ajeno y que responden a un protocolo profesional complejo pero independiente. De todo este revuelto incomprensible para el lego, lo único que saca en concreto el confundido ciudadano es que quien cuestiona a Garzón es un esbirro franquista en busca de impunidad y contrario a la paz de los muertos. Como el Partido Popular padece todavía un complejo de culpa histórico patético, no ha sido precisamente diligente a la hora de ventilar sus problemas de corrupción ni hábil en el deslinde de los temas, no ha resultado difícil establecer la ecuación PP-contra Garzón, luego PP = franquismo.

Bien entendido que esta operación de embadurnar al centro derecha de tinte franquista, siendo la más interesante al objeto de interpretar este montaje, so pretexto del asunto Garzón, no es en absoluto la más significativa desde una perspectiva política. De hecho, no es más que el aderezo cosmético de un desarrollo de gran porte y envergadura políticas. En este sentido, parece indudable que la maniobra más relevante hay que buscarla en la política territorial del señor Zapatero, que tiene su acta notarial –nunca mejor dicho- en el pacto del Tinell, o acuerdo formal y protocolizado para excluir al principal partido de la oposición, y su expresión jurídico-política en la redacción y apoyo a un nuevo Estatuto de Cataluña como estatuto de partido; es decir, con exclusión el PP. Juzgada en términos de su objetivo de exclusión, la medida ha tenido un éxito, sino completo, al menos notable: el PP ha quedado estigmatizado y marginalizado en Cataluña y, por ende, erosionada su capacidad de competir a escala nacional.

Otro asunto, es si la maniobra se evalúa desde el punto de vista de la coherencia y cohesión del sistema democrático en su conjunto. Una decisión tal ha roto el compromiso contraído en la Transición de consensuar la organización territorial del Estado con el principal partido de la oposición –tal y como hizo UCD en 1979 con el PSOE, entonces en la oposición. Es difícil restar importancia a un paso de tanta trascendencia, en la medida que supone romper con la sociedad constituyente de 1978 y sustituir, como socio constituyente, al partido alternante –en este caso, al PP- por pequeños partidos nacionalistas. Calculado en términos del sistema democrático, se han intercambiado unos diez millones de votos –léase, el 40% del sufragio- por un millón largo. Sin olvidar que una característica fundamental de la democracia en versión occidental consiste en el respeto a las minorías, la democracia es, por alcurnia etimológica, la política de las mayorías. Y, en este sentido, resulta evidente que la ruptura del consenso constituyente en política territorial, intercambiando unos diez millones de votos del partido alternante –poco importa el color- por el millón largo nacionalista presenta un problema creciente de coherencia democrática sumamente peliagudo; sobre todo si, como indican los sondeos, la opinión abrumadora en ambos partidos nacionales favorece la idea de una España compleja pero no compuesta. Es decir, una mayoría abrumadora del electorado, apoyando una organización autonómica del Estado, rechaza la “confederalización” por “la puerta de atrás de los estatutos”. En otras palabras: la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles se resisten a trocar una república (coronada) de ciudadanos libres e iguales por una confederación de territorios, reinados, condados y principados.

Y, en esa doble pinza y campaña de exclusión del rival han quedado atrapados los pobres magistrados del Supremo y del Constitucional. En este sentido, nunca he visto ni en "Le Monde" ni en "Le Figaró" nombres y listas de los magistrados de la Corte de Casación francesa, ni en el "Guardian" o el "Telegrah", algo similar en el Reino Unido. Mucho menos, quinielas políticas sobre jueces a la luz de colores políticos. Eso debemos dejarlo para este País. La razón es simple. Los periodistas franceses e ingleses suelen ser especialistas en temas jurídicos, conocen de lo que hablan y saben que los intereses de un profesional están en su profesión antes que en el color de su política. Por eso, la clasificación por colores les sale mal, además de hacer un flaco servicio a las instituciones. En este sentido, comprendo “el calvario” por el que están pasando los magistrados del Constitucional y del Supremo. Pero que se pongan el alma en paz: hagan lo que hagan, aunque fundamenten sus autos y sentencias mejor que Kelsen, nada aplacará a unos sabuesos mediáticos y a unos profesionales de la política poco o nada interesados en argumentos jurídicos. Porque, como decíamos ayer, el meollo de esta algarabía mediática es el poder, o cómo maximizarlo excluyendo al rival tiñéndolo de franquista. Ese es el propósito. Todo lo demás les es igual.

Igual para ellos, se entiende, que no es sinónimo de irrelevante para el sistema. Porque para cumplir con ese propósito de poder inmoderado, han deteriorado, sino acabado, con una idea de la democracia como acuerdo, una idea que convencionalmente llamamos Transición. Curiosamente, en esa ofensiva política, la erosión del Supremo y el Constitucional se consideran “daños colaterales”. Resulta bastante impresionante que un constitucionalista, como se supone que es el Presidente del Gobierno, nos diga a continuación que, desde el punto de vista político, todo esto no tendrá “grandes repercusiones”. Fantástico. Por lo pronto, se ha llevado por delante al Constitucional y deteriorado al Supremo. Evaluado desde el punto de vista del sistema, no es pequeño el desastre.

Y, entre tanto, mientras nosotros decidimos si en una Guerra de hace más de setenta años tenía menos razón Eteocles que Polinices y cuál de los dos cometió más barbaridades, se nos viene un tsunami económico de dimensiones ciclópeas. Al respecto, un apunte final para mis colegas economistas. Le he oído decir a Luis de Guindos que un déficit como el que nos han metido es una irresponsabilidad porque es “una ratonera” imposible. Y seguro que tiene razón. No obstante, pienso que esas cosas se corrigen. A un costo, naturalmente pero se corrigen. Sin embargo, la destrucción del consenso democrático y el deterioro institucional, componen una delgada película de confianza muy difícil de reconstruir. José Luis García Delgado, en un librito informado y primorosamente escrito sobre la economía española del siglo pasado, correlaciona empíricamente instituciones e inversiones. El ilustrado escocés ya nos lo dijo hace más de dos siglos: si se pierde la seguridad jurídica, los costos de transacción se tornan inabordables.

¿La solución? : pensar con cordura, que diría Esquilo, y rezarle a aquel dios que hizo de los mortales, en su desgracia, señores de la sabiduría. En otras palabras, ¿seremos capaces los españoles de hoy de gestionar nuestro éxito con la misma discreción y mesura con que hace medio siglo manejamos nuestro fracaso? Un experimento académicamente apasionante, si no fuera porque uno está dentro de una probeta que los empresarios del poder parecen manejar a ritmo de maracas.
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