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El Tribunal en su crisis

Juan José Solozábal
jueves 27 de mayo de 2010, 13:19h
La decisión del Tribunal Constitucional atribuyendo, después de sucesivos fracasos, la redacción del proyecto de Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña a su Presidenta parece una decisión sumamente sensata y muchos confiamos que abra verdaderamente el paso al esperado fallo. En los momentos de crisis, que no críticos, conviene mantener frío el juicio y no errar el tiro. Pensar en donde estamos y evitar decisiones que pueden resultar equivocadas, especialmente si incrementan el nivel de complicación de la situación.

La tardanza del Tribunal es excesiva, pero no es inexplicable ni tiene los visos de excepcionalidad con que se presenta. Conviene tener presente que el Tribunal debe pronunciarse sobre diversos recursos al respecto, pues como se sabe, pero se olvida a veces, no ha sido sólo un Partido el que ha impugnado el Estatuto, sino también el Defensor del Pueblo y diversos gobiernos autonómicos. Ocurre asimismo que se han llevado al Tribunal un gran número de preceptos del texto en cuestión. Se trata además de un recurso tampoco especialmente fácil dada la complejidad técnica de la norma y su trascendencia jurídica y política. La dificultad del trabajo encomendado al Tribunal, que al tiempo debe ocuparse de otros asuntos, como son un gran número de amparos y otros conflictos, se ha visto incrementada, como se sabe, por la distracción de tiempo producida por la resolución de las recusaciones contra su integrantes, etc.

La salida de la situación, a mi juicio, no es la renovación a toda costa. Si la renovación se hubiese producido en el momento de expiración de los mandatos de los magistrados correspondientes, conforme al principio, bien poco prudente, del hágase el derecho, aunque perezca el mundo, la decadencia de los asuntos hubiese parecido un desperdicio de medios, pues se habrían ido por la borda los esfuerzos realizados por el Tribunal cesante, o podría parecer que el cambio de componentes del Tribunal, máxime contando con diversos precedentes de renovaciones retrasadas, era debido a maniobras tácticas, tendentes a evitar un fallo no deseado.

De modo que déjese al Tribunal dictar la Sentencia y, por favor, que cesen las presiones al mismo, que sólo denotan una cultura constitucional mas bien magra. Así, de paso, no sufriría la coherencia que infringen quienes cuestionan ahora la legitimidad de la composición de los miembros de un órgano al que no hace mucho se negaba la competencia para controlar una norma considerada por ellos exclusivamente en términos políticos. Vamos, en misa y repicando.

El problema del Estatuto radica sobre todo, habrá que decirlo una vez más, en que debe entenderse que el terreno en que se juega ahora es el jurídico y no el político. Sin esta distinción, sutil pero cierta, clave en nuestro sistema constitucional, no vamos a ningún sitio. No quiero decir que la interpretación de los estatutos de autonomía, como de la Constitución no tenga alcance político o sea tan fácil como la interpretación de una norma sin el significado ideológico de las mencionadas. Ni tampoco pienso que no vaya atener repercusión política la Sentencia. La tendrá, pero mucho más reducida de lo que se quiere decir y no implicará una reprobación o censura, de quien propuso su aprobación, pues se sabe, primero, que lo rechazado, en los términos en que se produzca la declaración de inconstitucionalidad, será mínimo en comparación con la parte del Estatuto considerada válida, y además, en segundo lugar, que un tribunal no es la instancia que en el Estado constitucional pone o quita los gobiernos.

Como señalaba al principio, la atribución del proyecto de Sentencia a la Presidenta, se compadece con la seriedad del empeño en que se encuentra el máximo guardián de la Constitución, y denota, creo, una adecuada concepción del papel que corresponde en un órgano colegial a su presidente. Institucionalmente el rol del presidente de un órgano no es sólo asumir su representación y ordenar sus trabajos , disponiendo del orden del día de sus sesiones. Se espera de la presidencia una labor también de dirección y estímulo, asumiendo iniciativas que el funcionamiento de la institución especialmente en momentos de dificultad puede requerir. De manera que el presidente no es solo un primus inter pares, sino quien puede con éxito, dada su autoridad y su condición de representante del órgano constitucional, tomar decisiones, que pueden ser arriesgadas pero vitales. El Tribunal está, mas que nunca en las manos de su Presidenta, de verdad.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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