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Acerca de la utilidad de los mapas constitucionales

Juan José Solozábal
jueves 01 de julio de 2010, 19:20h
Decía Paul Valery que “sólo en el detalle está” la verdad. Nos prevenía así contra los peligros de las abstracciones, contra los riesgos del enfoque sistemático, tipo de pensamiento quizás propenso a lo abstruso o a lo exagerado. A don José Miguel de Azaola le horrorizaba el centralismo como forma de gobierno porque refuerza en los ciudadanos las disfunciones pragmáticas y morales de lo abstracto que, a su juicio, acaban siempre en el ideologismo y el dogmatismo. Detrás de su defensa a ultranza del foralismo constitucional y de la autonomía municipal, apunta en Azaola la creencia de que la descentralización como tipo de organización política detallista es un sistema superior éticamente a las formas unitarias. Sin duda son superiores los títulos espirituales de la cultura federativa, que favorece una participación acorde con “la libertad y dignidad de los ciudadanos”.

Tales formas políticas son más eficaces pues permiten acercar las decisiones a quien conoce los detalles, estimulando la colaboración y aprovechándose del conocimiento de los ciudadanos.”Es imprescindible, decía Azaola en su Vasconia, que los centros desde donde se adoptan las decisiones estén cerca de los problemas concretos y de los ciudadanos a quienes estas afectan, que oigan su opinión y que se encuentren sometidos a su vigilancia”.

Es verdad, como también lo es que al pensamiento menudo, le acecha la pendiente de la intrascendencia o la levedad. Unamuno, tan admirado por Azaola, exigía ir al fondo de los problemas, mirar a los ojos de la esfinge antes que a las cerdas de su cola. Reparar en lo esencial.

¿Y qué es lo esencial en momentos como éstos, en los que el ruido puede distraer nuestra atención y sumirnos en la confusión? ¿Cómo entender con un mínimo de coherencia y sentido lo que nos pasa? Propongo establecer un mapa con dos puntos de referencia básicos.

Primero, el orden político que tenemos es una democracia constitucional no un sistema plebiscitario. La apelación al pueblo como instancia de decisión máxima es un instrumento que por sí no caracteriza a las democracias sino a los sistemas políticos de masas modernos. La democracia constitucional es un sistema en el que el poder se ejerce según un reparto establecido de funciones, en un equilibrio de contrapesos, y donde la única instancia decisiva es la Norma fundamental, esta sí expresión directa y explícita de la voluntad democrática. Por encima de la Constitución no hay nada mientras la misma no se cambie. No hay instancia de poder sobre ella. Las leyes son decisiones democráticas como lo son los Estatutos de autonomía, pero los órganos que elaboran estas normas , incluyendo en su caso la intervención directa del cuerpo electoral de una Comunidad Autónoma, no están sobre la Constitución. Quien decide, por decisión constitucional, lo que está dentro o fuera de la Norma fundamental es el Tribunal Constitucional. Punto. No tiene el menor sentido constitucionalmente hablando que una institución del Estado convoque una manifestación ciudadana contra una decisión legítimamente adoptada por un órgano del mismo Estado: es una actuación de una incongruencia manifiesta. El Estado solo posee una voluntad que es, a través del procedimiento establecido, la que manifiesta el órgano competente: en lo que se refiere al respeto al orden constitucional, la del Tribunal Constitucional, en el ejercicio pleno de sus atribuciones.

En segundo lugar, un Estado, como unidad de acción y decisión que es, requiere para ser eficaz de una homogeneidad suficiente en el funcionamiento de sus instituciones, de manera que la organización autonómica no puede llevar más allá de un punto razonable el reconocimiento de la singularidad de sus integrantes. La diferencia, como asunción de la peculiaridad , está plenamente asegurada en el sistema constitucional español, pero su cabal comprensión quizás requiere de un ajuste de óptica, pues no puede tener, tal vez, una plasmación normativa específica, a salvo el matiz foral. La asimetría se desarrolla entonces con plena legitimidad en el plano de la realidad, fuera del orden prescriptivo. Con clarividencia absoluta lo registró don José Miguel de Azaola en una fecha como la 1972 : “Todas las regiones de España deben, pues, tener iguales facultades en un régimen de descentralización generalizada; aunque, como es natural, cada una de ellas usará, llegado el caso, de tales facultades en forma y con una amplitud diferentes, ateniéndose a las propias circunstancias”.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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