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crítica

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República

sábado 24 de julio de 2010, 12:34h
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García: El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República. Encuentro. Madrid, 2010. 320 páginas. 22 €
Los clásicos de la historiografía suponían, de forma usual, que con el paso del tiempo era más fácil mirar el ayer con objetividad. Creían que la distancia respecto de las circunstancias del pasado hacía factible alcanzar aquel estado de ánimo, intelectual y emocional, que permitía a una sociedad dar paso a debates más reflexivos sobre temas políticamente sensibles de su pasado nacional. La confianza de los clásicos hubiese sido puesta a prueba, y de hecho me temo que desbaratada, por los hábitos de la vida política y cultural española de principios de siglo XXI.

Viene este lamento a cuenta de que la República, la segunda de ellas, la que concluyó con una guerra fratricida que abrió las puertas a una dictadura de cuatro décadas, ha sido objeto, en los últimos tiempos, de un creciente interés. Sin embargo, la vocación explicativa ha sido subsumida, en no pocos casos y en todas las direcciones posibles, por una atracción por la insensatez realmente impresionante, muy española. La lectura crítica de la Transición y el desgaste de los consensos que la hicieron posible ha provocado una auténtica nostalgia de la democracia verdadera, la que habría tenido lugar –estoy siguiendo el argumento de la manera más neutra posible– con la caída de la Monarquía de Alfonso XIII, la liquidación de los obstáculos tradicionales y el amanecer esplendoroso del 14 de abril de 1931. La denominada historia revisionista no sería otra cosa, en este contexto, que el reverso de la anterior de las miradas. Siguiendo la estela de los historiadores que en los años 1940 y 1950 hicieron del descrédito de la experiencia republicana su razón de ser, hay quien no halla en lo acaecido en la primera mitad de la década de 1930 más que la antesala forzosa de la Guerra Civil. Tiene escaso interés, para el argumento que estoy intentando desarrollar en estas líneas, saber qué fue primero. La intención es similar: convertir la memoria de la Segunda República en una guía de lectura imprescindible para definir las posturas presentes y de futuro de, y frente a, la política nacional. El resultado también es el mismo, o casi, en niveles de insolvencia.

Es en este contexto, un terreno que amenaza con bloquear la posibilidad de debatir la naturaleza exacta de la experiencia republicana, que sale a la luz el libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, El precio de la exclusión. Una obra que se centra en las explicaciones de orden político y que elude la manida teoría de la excepcionalidad española, de su querencia por el fracaso en todos los órdenes de la vida contemporánea. No necesita recurrir a ella para sostener una tesis clara; la que aparece, de hecho, reflejada en el título de la obra: la República, por razones coyunturales y otras estructurales, generó una lógica de exclusión que, al dejar fuera del terreno de juego a una parte importante de la opinión pública española –la católica, la de derechas–, acabó por hacer imposible su consolidación institucional.

Ni la coyuntura internacional ni el reflejo que ésta tuvo en el contexto hispánico son eludidas por los autores. Estamos en una época marcada por el difícil tránsito del orden liberal a la democracia y a la sociedad de masas, y ante la proliferación de ideologías antidemocráticas y enemigas del pluralismo. Ello no obsta para singularizar los rasgos nacionales. El carácter fallido del ejercicio de renovación del republicanismo español –lo que le lleva a instalarse en una política de salud pública, a una lectura feroz de la experiencia liberal previa, a no dejar definitivamente atrás la tentaciones insurreccionales o a convertir el anticlericalismo en una suerte de argamasa que le permitía el establecimiento de complicidades con el socialismo– contrasta, en el paralelismo tejido por Álvarez Tardío y Villa García, con el de sus homónimos franceses en las fases iniciales de la vecina Tercera República. El juego de espejos resulta, en este orden de cosas, devastador. Le queda la duda, al lector, de si esos cristales facilitan una imagen distorsionada por razones temporales y nacionales. Me temo que los ejercicios comparatistas no son siempre provechosos. Mucho más convincente es, desde mi punto de vista, el balance que asocia la imposibilidad del éxito a la discontinuidad en la vida parlamentaria, a su fragmentación o a la oscilación, brusca y decidida a poner en cuestión las bases constitucionales fijadas en 1931.

Y no es que la República estuviese condenada a ello. En El precio de la exclusión se nos recuerda que por iniciativa de Niceto Alcalá-Zamora, contando con la supervisión de Fernando de los Ríos y bajo la dirección de Ángel Ossorio y Gallardo, se constituyó una primera comisión jurídica cuyos trabajos orientativos en materia constitucional serían desestimados. Y que lo serían –en palabras de Diego Martínez Barrio– por no cerrar el paso a todas las costumbres del pasado. Modélicas son las páginas dedicadas al análisis de los preceptos constitucionales relativos al carácter de la presidencia de la República, a desentrañar cómo la ideología erosionó la lógica de la eficacia y acabó por dar lugar a un cúmulo de soluciones engañosas que abrían las puertas al conflicto entre la presidencia y el gobierno, así como, en definitiva, entre los distintos poderes de la República. No menos explicativas acaban siendo las reflexiones sobre la cuestión católica o las valoraciones de un sistema electoral que propiciaba graves distorsiones entre la movilización del electorado, por un lado, y los resultados, por otro. La cohesión parlamentaria se sostenía, todavía más después de la reforma electoral de 1933, sobre el drástico recorte de la representación de las formaciones políticas derrotadas. Demoledora, en fin, la aproximación –demasiadas veces obviada por los historiadores y literatos que rinden tributo de admiración a la República– a la Ley de Defensa de la República y a sus efectos restrictivos en materia de libertades y derechos.

No resulta raro, visto todo lo anterior, que las oposiciones –algunas de ellas de inequívoco pedigrí republicano– levantasen de buen inicio la bandera de la revisión constitucional y que la identificación entre Constitución y régimen, y entre obra de gobierno del primer bienio y la naturaleza misma de la democracia republicana, implicasen el correlato del (supuesto) carácter antirrepublicano no ya de la CEDA sino de la derecha republicana e incluso de los mismos radicales.

El libro se cierra, de hecho, con unos episodios, los registrados en la provincia de Granada en las elecciones del invierno-primavera de 1936, que constituyen todo un ejemplo del nivel de deterioro en los usos y costumbres que salen a la luz cuando las contraposiciones y exclusiones llegan al paroxismo. No fue, desde luego, ni el Frente Popular ni las autoridades del momento, un ejemplo de juego institucional limpio. En cualquier caso, y más allá de lo sustantivo de la anécdota por ella misma, el proceso granadino nos sitúa ante el que probablemente fuera el gran problema de la República: si la gestión exitosa del poder deriva de la capacidad de generar consensos y articular alianzas alrededor de un proyecto, la izquierda republicana –gestora legítima del marco institucional– destacó por su capacidad para ir perdiendo jirones de la generosa capa de adhesiones que había hecho posible la alborada del 14 de abril.

En rigor, El precio de la exclusión nace de una proposición que difícilmente suele ser aceptada por los historiadores de la política en la España contemporánea. Dicha premisa consistiría en recordar que, con todas las limitaciones que se quieran, el sistema de la Restauración fue un marco liberal en el que el reconocimiento de las libertades políticas, y su progresiva ampliación, vino acompañado del establecimiento de un Estado de Derecho; que, a pesar de la radicalidad que adoptó la confrontación social y la batalla política en las décadas de 1890 o de 1910, todo ello fue sustantivamente preservado hasta 1923; y que la construcción de un Estado democrático en 1931 se cimentó no tanto en la recuperación, puesta al día y ampliación de ese binomio Estado liberal-Estado de Derecho sino en la apertura de un ciclo revolucionario cuyos actores estaban persuadidos de la necesidad de extirpar de la vida nacional a aquellos a los que asociaban con un pasado genéricamente opresor.

La hipótesis parece más que razonable a la luz de lo evocado por los autores. A quien suscribe esta nota se le suscita una incógnita: el porqué, más allá de las causas coyunturales, de las urgencias de la izquierda republicana y socialista. Sus razones, o sinrazones, debían tener. Seguramente el responder a esa pregunta nos obligaría a mirar hacia atrás, de nuevo y desapasionadamente, y a poner en relación lo ocurrido en la década de 1930 con la dificultosa construcción en España de la moderna nación de ciudadanos. Quizá con ello, y junto al libro del que damos noticia, sea factible lo que a estas alturas parece imposible: facilitar la asunción del episodio de la Segunda República en una narrativa mínimamente compartida del siglo XX español.

Por Ángel Duarte
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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    5006 | Angel Oteros - 17/03/2017 @ 23:23:10 (GMT+1)
    De dónde le vino esa quemazón revolucionaria al PSoe.
    Fácil respuesta tiene la cuestión.
    Del décimo cuarto congreso del partido bolchevique de marzo de 1923 en Moscú.
    En dónde se dice a las claras, hay que dar GOLPES DE ESTADO, LO MÁS DISIMULADOS POR TODOS LOS PAÍSES DE EUROPA LIBERAL Y DEMOCRÁTICA.
    Lo demás ya lo conocemos lo que ocurrió.
    ALZAMIENTO NACIONAL CONTRA LA TIRANÍA ROJA.

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