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Del pensamiento desordenado: remunerando la violencia

martes 31 de agosto de 2010, 20:28h
Tengo para mí -y así lo vengo escribiendo de un tiempo a esta parte- que la crisis, en su versión española, es una manifestación del pensamiento desordenado que nos acosa desde hace algo más de un lustro. ¿Debemos sorprendernos acaso de la pésima administración económica en un país donde cierta ministra de Cultura dijo aquello de que “la ventaja del dinero público es que no es de nadie”? ¿O puede -que es cosa de mayor gravedad- que la manifestación original del despropósito arrancara con la selección de la preposición equivocada para explicarnos nuestra propia tragedia: “nos pusieron la bomba porque estábamos allí”, en lugar de pensar que lo hicieron para que saliéramos de Irak. La discusión acerca de cuál era la preposición adecuada no es una floritura meramente académica. Porque, en el primer supuesto, nos describe un enemigo reactivo; y, en el segundo, un terrorismo pro-activo que nos atacará por lo que somos, cuándo y dónde pueda, más que en función de nuestra ubicación política o militar.

Con todo, el error es comprensible, frecuente incluso en culturas judeo-cristianas, siempre proclives al “meaculpismo” -como nos señaló André Glucksman por entonces- y dispuestas a reponer el rito del chivo expiatorio a expensas de una explicación racional. Lo curioso de nuestro caso es la persistencia y la ausencia de razonamiento correctivo ante la posterior cadena de intentonas terroristas -tras habernos convertido en “buenos” abandonando Irak. Frustradas casi todas, sí, pero no por ello menos aparatosas, como el intento de volar el Supremo y con él la Plaza de París en Madrid.

Abundando en esto de la persistencia en el error y en la resistencia a sacar determinadas conclusiones en función de ciertos comportamientos, impresiona bastante que un país que ha sufrido cuatro décadas de terrorismo parezca empecinado en volver la vista a otro lado y siga sin comprender que remunerar la violencia no conduce mas que a reproducirla, alimentarla y perpetuarla. Hablo del país -un sujeto imposible- cometiendo un lapsus intencionado para resaltar que no es sólo el Gobierno, ni siquiera el grupo parlamentario que lo sostiene. Es más: el Gobierno actúa como abanderado del “apaciguamiento” porque piensa -y probablemente tiene razón- que una parte mayoritaria de la sociedad española prefiere que se ceda a los chantajes terroristas antes de afrontar alternativas más trágicas. Y, sin duda, es una opción legítima y piadosa -la que exigiríamos cualquiera de nosotros de encontrarnos entre las víctimas, naturalmente- siempre y cuando sepamos también que el pago de rescates y el canje de terroristas apresados por las víctimas secuestradas es un camino que multiplica el sórdido sistema porque envía un mensaje devastador a quienes se dedican a tales prácticas criminales: el de que su método funciona.

Lo peor no es el dinero del rescate en sí. Lo peor es el mensaje de aliento a determinados métodos. Un mensaje emitido para unos pero recibido por todos –por todos los empleados en la industria del secuestro y la extorsión, se entiende. Es evidente que si pagamos a Al-Quaeda y soltamos al secuestrador en Mali, ¿por qué no hemos de hacerlo en Guipúzcoa? Parece una hipótesis plausible suponer que demasiados Etarras barajen la idea de que el Gobierno actual está maduro para afrontar un desenlace diferente al que llevó al atroz asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los que han padecido directamente la violencia terrorista lo tienen claro: “no hay nada más destructivo para las reglas del juego que la impunidad” –declaraba hace pocas semanas Maite Pagazaurtundúa. Para los argelinos, a quienes la subvención del terrorismo sahariano les coge en primera línea, la estrategia de ceder al chantaje no es una hipótesis académica. Se comprende su sorda irritación ante la sangrienta contradicción de una política que “alimenta” en el Sahara a la misma “bestia” que está matando soldados españoles en Afganistán.

La Ministra de Defensa, persona inteligente y trabajadora, pero también osada e ignorante -una combinación bastante frecuente en los gabinetes del señor Zapatero- ha cometido el desliz freudiano de exponernos el dilema en cifras. Así, en el recibimiento de una de las fragatas que intervenían en la operación “Atalanta”, ha felicitado a la dotación del buque porque habían frustrado en un tiempo muy breve más de setenta ataques y “detenido” a no se qué crecido número de piratas. Permítame el lector que aparque por el momento el verbo con un entrecomillado. Vayamos por lo pronto al número. Porque la competencia técnica -y el éxito táctico- de la Armada no debiera ocultar que la multiplicación escandalosa de ataques denuncia un fracaso estratégico: es el guarismo que ilustra una operación mal pensada, en la medida que no ha servido para desalentar al enemigo, o bien no ha conseguido paralizarlo o destruirlo. Para eso está la fuerza. Ese es el objetivo de toda operación militar. Y ese es también su sentido.

En este punto, se nos antoja el momento oportuno para rescatar el verbo en cuestión -que, es esa parte de la oración que describe la acción del sujeto- de su entrecomillado. Al parecer, el propósito de la operación “Atalanta” de la UE consiste en “detener a los piratas y ponerlos a disposición judicial”. Nada menos. Como disparate, la idea no tiene desperdicio. Porque se trata de un supuesto incoherente y, como tal, abocado al fracaso. Lo de menos es que no se sepa bien ante qué autoridad judicial conducir a los “detenidos”. El principal problema es que el instrumento utilizado no está pensado ni diseñado para ese tipo de acciones jurídicas. Repase el lector mentalmente la historia lingüística de la acción militar, incluido el combate por la libertad de los mares y contra la piratería: una vigilancia que hasta el siglo XVIII se encargaba -por razones obvias- mayormente la Armada Española y que, en el XIX, fue una competencia ejercida sobre todo por la Royal Navy. El resultado es abrumador. Encontrarán vds. que los ejércitos “retienen”, “toman prisioneros”, “internan en campos de concentración”, “desarman” o “inmovilizan” al enemigo porque lo “derrotan”. Pero será inútil que busquen vds. en la literatura de historia militar desde Tucídides una fuerza militar dedicada a “detener” enemigos para “ponerlos a disposición del poder judicial”. Ni siquiera a disposición de los jueces que ejercen su autoridad bajo el mismo poder al que responden sus propias Fuerzas Armadas.

Y las razones son evidentes. Hace ya algún tiempo, en el seminario sobre Terrorismo que se viene celebrando anualmente en la Fundación que presido, un oficial australiano -tras ponderar la excelente preparación militar de ambos contingentes- añadió que no deseaba que sus tropas se encontraran entre unidades europeas, en particular, españolas y alemanas. El motivo: las -a su juicio- desenfocadas rules of engagement, o condiciones de enfrentamiento, que convertían en ineficiente y hasta peligroso el cometido militar de las dotaciones europeas, excepción hecha de las francesas y las británicas. El citado oficial cerró su intervención añadiendo que las operaciones militares con tropas europeas terminarían por ir flanqueadas por un regimiento de abogados y juristas, sobre todo para proteger a los militares propios de las acciones judiciales del enemigo.

Y el esperpento lleva camino de cumplirse. Un ejército de abogados londinenses parece, en efecto, asesorar a los piratas en el cobro de rescates y en la defensa de sus pintorescos clientes. Abogados españoles pusieron muy difícil a los jueces de nuestro país el caso del pirata “detenido” por la Armada, cuyo letrado aducía una supuesta minoría de edad. Y que nadie se rasgue las vestiduras. Para eso están los abogados -en Londres o en Madrid- para defender a quienes han sido conducidos ante el juez como detenidos y así está diseñado nuestro sistema jurídico garantista. Afortunadamente. Si persistimos en utilizar nuestras Fuerzas Armadas en el incoherente papel de policía judicial, el resultado será militarmente ineficiente y judicialmente complicado. Al punto, que no tardaremos en ver a nuestros propios militares sentarse como imputados en alguna corte europea.

El corolario -y el costo- del disparate, naturalmente, es que los piratas en Somalia (o los terroristas en el Sahel) interpretan que el sistema de capturas y atentados produce dividendos; y la expresión matemática de que los piratas no están precisamente desalentados es la abultada estadística de la que se ufanaba nuestra ministra. El pobre recurso, tan español, del “¡anda qué tú!”, lo podemos encontrar en un penoso artículo de EL PAÍS (del pasado 27 de Agosto), tan informado como desenfocado en su razonamiento: porque la pluralidad y reiteración en el error -“el mal de muchos…” del refrán popular castellano- difícilmente ayuda a construir una proposición acertada. Por eso, no entienden que el Presidente Sarkozy felicitara al Gobierno español por la liberación de los rehenes, casi al tiempo que reflexionaba sobre lo inadecuado de abordar el peliagudo problema con las cataplasmas del rescate y la excarcelación de los criminales. No era tanto una crítica al Gobierno español, en particular, como un cuestionamiento de una política europea, en general –excepción hecha de los ingleses porque, la puntual, pero nauseabunda, negociación con Gadafi para la liberación de uno de los responsables del terrible atentado de Lockerbie, causó tal indignación entre la opinión pública británica que dudo que ningún gobierno de White Hall se atreva a intentar algo parecido en mucho tiempo.

En conclusión, parece que los europeos tenemos un problema en relación a la digestión de nuestro tormentoso pasado, del cual ya nos alertó sagazmente Víctor Pérez Díaz hace años. Apenas resurgimos de un siglo XX tremendo, y ahora acudimos a los retos del presente “unidos por el espanto” ante nuestra propia historia, que decía Borges. Sin embargo, el ritual del arrepentimiento, el dolor ante nuestros pecados y el propósito de enmienda, un exorcismo que responde a nuestras señas de identidad cultural, componen una catarsis comprensible e higiénica, siempre que no se tomen como sustitutos de una explicación racional que nos sumerja en una mala relación con la realidad.

“La naturaleza humana -afirmaba Jefferson, para equilibrar con una dosis de sobriedad el optimismo revolucionario americano- es la misma a ambos lados del Atlántico”. El “suponer” una perversidad intrínseca en ella –reflexionaba Alexander Hamilton en “El Federalista”- “es sólo un error en el razonamiento político apenas menor que la suposición de una rectitud universal”. Y -como nos relató Dostoyevsky en “Los Endemoniados”, a cuento del tema que nos ocupa- este simio imitativo del que formamos parte responde a determinados estímulos de manera universal. Por eso, pretender y actuar como si las cosas fueran de forma diferente a como son, es una droga que no ayuda a solucionar los retos a los que nos enfrentamos: más bien, los multiplica y los complica.
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