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200 AGENTES, A LA ESPERA DE PRESTAR DECLARACIÓN

Prisión para trece policías ecuatorianos

viernes 08 de octubre de 2010, 00:11h
Una juez de Ecuador ha ordenado el ingreso en prisión para 13 policías, del total de 50 detenidos, por participar en la sublevación del pasado 30 de septiembre en Quito que desembocó en un intento de golpe de Estado contra su presidente, Rafael Correa.
La Jueza de Garantías Penales del estado ecuatoriano de Pichincha, Tania Molina González, ordenó este jueves el encarcelamiento de trece de los policías detenidos por su presunta participación en la revuelta de la semana pasada en Ecuador.

Tras la celebración de una audiencia que duró alrededor de siete horas y en la que se revisaron uno por uno los casos abiertos contra 42 de los agentes detenidos en Quito por orden del juez Santiago Coba, Molina decretó prisión preventiva para trece de ellos, que serán recluidos en la Cárcel Número 4 de la capital ecuatoriana.

Todos los encarcelados han sido identificados en los vídeos y fotografías de la rebelión que tiene en su poder la Fiscalía, informó la agencia estatal ANDES. El resto de los detenidos, como medida sustitutiva, deberán comparecer ante el juez cada ocho días y tendrán prohibida su salida del país mientras dure la instrucción del caso.

La investigación salpica a varios civiles

La investigación sobre la sublevación policial del pasado 30 de septiembre, también incluirá a varios civiles, según aseguró este jueves el fiscal Marco Freire. Entre las personas a declarar constan el abogado Pablo Guerrero y la legisladora suplente Alejandra Cevallos, por irrumpir de forma violenta en un edificio donde funcionan los medios públicos, durante la sublevación policial. Freire anunció que ambos fueron convocados para que rindan sus declaraciones, informó la agencia pública de noticias Andes.

Guerrero es un abogado cercano al ex presidente Lucio Gutiérrez, cuyo grupo político, el Partido Sociedad Patriótica, ha sido señalado por el Gobierno como el principal instigador de la rebelión.

De su lado, Cevallos es una legisladora suplente, que milita en el Partido Social Cristiano (derecha) y que el día de la revuelta policial llegó hasta el set principal del canal público, Ecuador-TV, para exigir que la entrevistaran, como ocurrió.

En las imágenes de Ecuador-TV, Guerrero apareció entre un grupo de manifestantes que ingresó de forma violenta en el edificio público, que incluyó la rotura de puertas, ventanales y otros daños materiales.

Los imputados, el día de la sublevación, indicaron que habían decidido llegar hasta los medios públicos para mostrar "la otra verdad" de los acontecimientos en el país y rechazar que se tratara de un "intento de golpe de Estado", como afirmaba el Gobierno.

Por otro lado, según el portal Ecuadorenvivo, la Fiscalía también llamaría a declarar al ex presentador de televisión Carlos Vera, ahora activista político y uno de los más duros críticos de la gestión del presidente del país, Rafael Correa.

Además de Vera, también serían llamados a declarar en la Fiscalía la legisladora indígena Lourdes Tibán, los dirigentes políticos Luis Villacís y Ciro Guzmán y el dirigente petrolero Diego Cano, también de oposición.

Normalidad en el parlamento

Entre tanto Asamblea Nacional de Ecuador volvió a retomar sus actividades tras la sublevación policial del pasado 30 de septiembre, pasando la primera prueba al tramitar, sin complicaciones, un polémico proyecto de ley de finanzas públicas, que resulta estratégico para los planes del Ejecutivo de Correa.

Según Reuters, el debate de la reforma legal era clave para evaluar la efectividad de un consenso político alcanzado por el mandatario con fuerzas afines a su gobierno para aprobar leyes que permitan, acentuar su revolución, lo que congeló el plan del mandatario de disolver la Asamblea y legislar por decreto hasta la convocatoria de elecciones. Sin embargo, tras el motín del jueves pasado, el acuerdo se consolidó, y con éste se enciende la luz verde para que Correa comience a incrementar su control sobre el presupuesto y el endeudamiento, así como mayor potestad para captar recursos internos de la banca mediante bonos públicos.