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Las líneas rojas del bien común

miércoles 15 de diciembre de 2010, 10:54h
Hace pocos años el Consejo de Europa se preguntaba a qué punto hemos llegado en la vida política y administrativa, si sus miembros no saben si están actuando bien o mal y para saberlo tienen que dictarse nuevas normas. Al hilo de los graves hechos causados por un grupo de empleados públicos, los controladores de tráfico aéreo, conviene aproximarse a lo que ha sucedido en el ámbito público en las últimas décadas en los países de nuestro entorno.

La necesidad de adaptar la Administración a las crecientes demandas de los ciudadanos y de lograr una mayor eficiencia en la consecución de sus resultados llevó a importar una amplia gama de soluciones propias del sector privado al ámbito público. Con entusiasmo y rendimiento variables, los países de la OCDE recurrieron al mercado y a sus herramientas para prestar los servicios públicos o para encomendárselos a él. No hay conclusiones en términos científicos que nos lleven a afirmar que esta corriente privatizadora esté teniendo éxito o esté fracasando. Es positiva porque pone el énfasis en los productos públicos y en sus destinatarios y es negativa porque a éstos se les ha despojado de su verdadera naturaleza que es la de ciudadanos, es decir, sujetos de derechos y libertades y también obligaciones. No cabe añorar los tiempos en los que los funcionarios, los políticos y unos pocos grupos conformaban el interés general, pero sí se echa en falta la aceptación de un bien superior y común a los intereses en juego en cada momento; la existencia de una misión de lo público que transciende a los intereses particulares.

Es fácil culpar a las tendencias privatizadoras del desmantelamiento de lo público, pero a su debilitamiento también se han aplicado con aprovechamiento algunas corrientes, por ejemplo, de la gobernanza o del republicanismo. Todas ellas tienen en común que buscan el debilitamiento del Estado, bien a favor del mercado, bien de las redes de la llamada sociedad civil. El resultado es el repliegue del Estado y la “devolución” de una gran parte de sus poderes a las entidades “naturales” de la comunidad: el mercado y los grupos sociales, a los que se considera, según la corriente, legítimos depositarios de la voluntad general. Parece olvidarse así el largo y doloroso proceso de construcción de los actuales Estados democráticos y el amplio periodo de paz e integración social a que han dado lugar.

De esta manera, el interés general o bien común se dispersa en tantos fragmentos como intereses existan en cada momento o simplemente se niega su realidad. Lo que queda en el plano de las ideas es la necesidad de negociar los asuntos colectivos entre los grupos interesados, en los que el Estado es un actor más, la búsqueda de la eficiencia por sí misma en los servicios públicos residuales y dar un amplio juego al mercado. Estas corrientes han hecho mella en lo público, los políticos y los empleados públicos y han ido desdibujado las líneas entre el bien común y los intereses particulares.

Cabe preguntar dónde ha quedado el ciudadano en estas décadas. Reducido a su condición de cliente o de reclamado participante en los grupos de interés, lo cierto es que se encuentra cada vez más desconectado del ámbito público, de la política y del mercado a los que ve lejanos a sus necesidades y expectativas y ante los que se siente cada vez más desprotegido. La consecuencia es la desafección institucional, la abstención electoral y la pérdida de confianza social.

En esta crisis del bien público, España presenta peculiaridades. La importación de técnicas del sector privado y los principios de las corrientes colectivistas se han trasplantado a un sistema político y a una Administración que nunca han perdido su carácter cerrado y burocrático. La consecuencia es el fortalecimiento de diversas disfuncionalidades que arrastramos desde el siglo XIX: la opacidad política, el corporativismo, la politización de la Administración y de la vida social y económica, la patrimonialización de lo público y la corrupción. Es cierto que ahora se invocan conceptos como la eficiencia o la excelencia, la democracia deliberativa, la riqueza colectiva, la ética pública, la flexibilidad, la descentralización, el capital social, la internacionalización de la economía o el pleno empleo, pero el resultado es que en las mesas de negociación y en los conciliábulos se suele mirar poco más allá de los intereses que en ellos están representados y del corto plazo, que tan bien cotizan en las bolsas de valores y en el marketing político.

Tenemos gobiernos débiles porque han ido renunciando a los poderes del Estado; esos mismos que tratan de utilizarse con urgencia cuando lo particular viola descarnadamente el ámbito colectivo o su soberanía. Tenemos sociedades débiles porque lo propio de la comunidad se gestiona desde grupos e intereses en los que los ciudadanos corrientes tienen escasa influencia. Tenemos Administraciones débiles porque no distinguen los beneficiarios de sus servicios y porque se han convertido en el botín de determinados intereses internos y externos. Tendremos una inestabilidad política crónica mientras no se fortalezcan o recuperen los referentes públicos y colectivos del actuar político y administrativo. La enseñanza de los controladores aéreos es que la firmeza del Estado y de la democracia no se muestra en las medidas excepcionales, sino en fijar, conocer y defender día a día las líneas rojas del bien común.
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