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Ley Sinde: un intento de racionalidad política de los derechos de propiedad intelectual

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Muy contentos se mostraron muchos diputados con el disgusto político que ocasionaron a la Ministra Sinde con ocasión del rechazo conseguido en el Congreso sobre su propuesta de defensa de la propiedad intelectual.

En mi opinión, sin embargo, no les asiste la razón en el fondo y de una u otra manera, será al final la Unión Europea, si no lo arreglamos antes los Estados Miembros, quien decida que no se siga robando a los autores, modestamente yo mismo incluido.

Veamos. Casi todos los feroces atacantes a la Ley Sinde, comienzan declarándose en abstracto defensores de la propiedad intelectual, incluso con citas pomposas de hace muchos años sobre la bondad de reconocer en esta propiedad, precisamente, el principio fundamental de toda propiedad. Porque no quepa la menor duda de que la asignación correcta de los derechos de propiedad comienza, desde luego, con el reconocimiento de que lo más importante y digno en toda persona es una idea y después su ejecución. Y ello sirve de soporte a cualquier tipo de propiedad, inclusive la de los bienes materiales.

Pero tales supuestos defensores en abstracto de la propiedad intelectual, se apresuran inmediatamente a indicar ¿Creen ustedes que si le prestan un libro a un amigo están delinquiendo? Pues no, dicen corriendo. No. El intercambio de libros, discos o archivos sin ánimo de lucro no es un delito.

¡Pobre Código Civil! Si cualquiera de sus redactores, intérpretes, aplicadores, hubiera pensado que los periodistas al uso, dirían que el contenido de los artículos 1740 y siguientes serviría de pantalla para velar el robo que supone romper tal figura jurídica por expansión, haciendo que un contrato entre dos partes pase a formar un mercado completo de millones de usuarios, por cierto sin cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo texto, sin más suspendería ( o ahorcaría en otros tiempos) a quien le dijera semejante estupidez jurídica.

No. El préstamo y el comodato están configurados en otro texto y contexto. Son contratos bilaterales, específicos, de cosa concreta, no una generación infinita de “y tiro porque me toca”.

Lo que genera el mercado de descargas es simplemente la quiebra absoluta de la propiedad intelectual. Una interpretación de Bach, no es igual que otra. Un libro no es un producto público sino privado (según plazos y naturalmente según edición, porque además de que entrará en el dominio público el texto transcurridos los plazos correspondientes, ya la edición concreta es algo que corresponde a quien la hace: no es lo mismo la Odisea en un texto cualquiera que hecha por un Catedrático de Griego, a quien se quiere defraudar, copiando y copiando su contenido y burlando el esfuerzo del académico de turno).

Si se quiere discutir en cuanto a la Comisión prevista o si existe duplicación con el canon digital, entonces, en estas hojas del rábano, efectivamente la discusión está abierta. Pero en la cuestión de fondo, por ejemplo que yo tengo un derecho de copia y propiedad intelectual sobre los libros que escribo, de ninguna de las maneras. Son producto intelectual mío, y no están en el dominio público.
España es el país de los piratas. El chiste de Mingote, genial como casi siempre, lo describe bien: un pirata con pata de palo, leyendo la derrota de la Ley Sinde y lamentándose de no poder ir a piratear a España por estar lejos.

Podrá discutirse si la Comisión prevista es perfecta o no. Y sobre el procedimiento también, teniendo en cuenta, no obstante, que dada la irremediable y en aumento lentitud e ineficacia de los Jueces, la técnica administrativa empleada (por cierto que existe en muchos otros supuestos) tiene cabida constitucional impecable y, desde luego, cumple con todos los criterios de la Unión Europea.
Podrá discutirse si el monopolio de las entidades de gestión es correcto o debe revisarse y, desde luego, habrá que examinar si la exigencia del canon es totalmente compatible políticamente con la prohibición de descargas (o por el contrario, comprobar si con éstas debe desaparecer el dichoso canon). Todo esto puede estar abierto. Mas son cuestiones de “segunda derivada”.

Pero apostar por el robo a mano armada sobre los autores, una vez más, es empobrecer y desprestigiar a la parte más débil del eslabón – el autor – que a su vez es quien tiene el derecho, mejor, el Derecho. Pero, como casi siempre, el Derecho, el mérito, el prestigio, no son los valores propios de la sociedad española. Y así nos va: no respetamos los derechos y acaban primando los intereses, en este caso, de la caterva de ladrones que se dedican a inventar como lograr que entre todos roben a unos pocos: a los que producen la riqueza intelectual.

La base de un país es la confianza, la cual reposa sobre la seguridad jurídica. Y esta exige datos claros y técnicas precisas, y desde luego, que los políticos no apoyen a los cuatreros. Claro está que habría que ver que hacen ellos en su ordenador y que licencias pagan. En fin, sin prestigio, así nos va. No tenemos personalidad. Las instituciones están por los suelos. El crédito país es cada vez menor, porque no somos fiables. Y acabar con este tipo de reacciones contra la piratería, por muy defectuosa que sea la Ley (para eso está el Congreso, para mejorarla), supone una tímida reacción a favor de un reconocimiento que es completamente exigible de acuerdos con los parámetros de asignación correcta de los derechos de propiedad, que están en la base de cualquier país civilizado.
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