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México: la nación en peligro

lunes 17 de enero de 2011, 10:57h
Presidente de 1988 a 1994, Carlos Salinas de Gortari es un hombre de Estado que ha publicado este principio de año un voluminoso libro intitulado Democracia republicana, ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana. Autor de varios textos, Salinas escribe con claridad, con un estilo sencillo y directo. A pesar de sus 700 páginas, el libro se deja leer y el tema que plantea es fundamental: México está en peligro, su existencia misma como nación se encuentra amenazada. A más de alguno esta advertencia le podrá resultar escandalosa; pero otros –aunque pocos– compartimos su preocupación, aun cuando no necesariamente las soluciones que propone.

El autor señala los principales factores externos que, a su juicio, han puesto en entredicho la soberanía de la nación: los capitales especulativos, la vulnerabilidad de la economía ante la crisis internacional y el problema de la vecindad con los Estados Unidos, entre otros. En el ámbito interno se pone el acento en la inseguridad jurídica, en la corrupción, en la enorme desigualdad y en el crimen organizado. (Según el diario Reforma, en las primeras dos semanas del año, el número de muertos ascendió a 507.)

Como corresponde a un expresidente, de acuerdo con las leyes no escritas de la política mexicana, Salinas no comenta las acciones de Felipe Calderón, por lo que hay que añadir la incapacidad del Ejecutivo federal y de su equipo para entender los problemas del país y, por consiguiente, su ineptitud para resolverlos.

Lo que sí subraya el autor es, por una parte, la pérdida del “monopolio de la violencia legítima (Weber) y la incapacidad del Estado para recuperarlo”. “La percepción generalizada”, escribe Salinas, “es que el Estado se ha dedicado a administrar el deterioro nacional, en lugar de promover de forma activa el progreso social.” (p. 15). Por otra parte, culpa al capital especulativo de distorsionar el funcionamiento del mercado y con ello de reducir sus posibilidades de generar una mayor eficacia, al tiempo que ha sometido al Estado (p. 45 y 389 y ss.) De ahí concluye que “ni libre competencia es sinónimo de sociedad libre, ni Estado interventor equivale a mayor justicia” (p. 133 y ss.)

Para el expresidente, “sólo la acción voluntaria y organizada de los ciudadanos, unidos con grupos de trabajadores en posiciones estratégicas, es capaz de construir una sociedad libre y justa: he aquí una premisa básica para avanzar hacia una nueva etapa del liberalismo social” (idem). Esta expresión fue acuñada por el historiador y político Jesús Reyes Heroles para describir el proceso político-constitucional mexicano que conjugó el liberalismo político de 1857 con las demandas seculares de los campesinos y las modernas planteadas por el incipiente movimiento obrero. El resultado fue la Constitución vigente de 1917 que además incluyó como obligación del Estado defender y administrar los recursos nacionales. Estas disposiciones determinaron la naturaleza del Estado mexicano y las obligaciones gubernamentales.

El modelo funcionó adecuadamente hasta 1970, periodo en el cual el país se industrializó, la población se multiplicó, la educación pública realizó avances sustanciales y la cultura democrática se extendió, al tiempo que los niveles de vida se elevaron como nunca antes. Sin embargo, de 1970 a 1982 hubo un empeño costoso en prolongar la existencia del modelo, hasta que los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas (1982-1994) decidieron reorientarlo, particularmente el segundo. Hay que reconocer que Salinas actuó con conocimiento de causa, con decisión y talento y encaminó al país por una nueva senda de crecimiento a condición de que aceptara y se esforzara por aumentar su competitividad. La liberalización del mercado y el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos fueron acompañados del movimiento “Solidaridad” que organizó a la población en comités a fin de incrementar su participación y paliar, a la vez, el impacto del cambio de modelo.

Este esquema está detrás del libro y aquí se encuentra el origen de sus aportaciones, pero también de sus debilidades. Las primeras ya fueron mencionadas y se refieren al diagnóstico, aunque son muchas las omisiones, pero es el libro de un político, no de un académico. Entre las debilidades del referido texto conviene destacar dos: sobrevalúa las posibilidades de una acción ciudadana basada en los lazos (supuestos) de la vecindad física y algunos intereses comunes y menoscaba el papel de los partidos políticos y del Estado.

La generalización de la cultura política “moderna” en los términos de François Furet es tardía en México. Quizás haya que situar su inicio en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), cuando los obreros y campesinos se constituyeron en organizaciones nacionales y en sectores dentro del Partido de la Revolución Mexicana (antecesor del PRI). Mucho se ha dicho que estos grupos sociales fueron “sometidos” al control político del gobierno. En cambio poco o nada se ha investigado acerca del significado de esta incorporación de las masas, ignoradas desde siempre, a la política nacional y a la construcción de un proyecto de país. Aunque haya sido acotada su participación, el hecho de contar con una representación, de saber que sus asuntos, más tarde que temprano, se resolverían, modificó las actitudes y comportamientos tradicionales, cercanos a la servidumbre medieval.

Este cambio se realizó desde el Estado, al igual que la educación y la salud y hay que subrayar que el Estado que presidió Lázaro Cárdenas no era un Estado grande (eso vendría mucho después), pero sí un Estado fuerte basado en el apoyo popular.

El movimiento de “Solidaridad” creado por Salinas también se hizo desde el Estado y desde él lo modificaron sus sucesores, Zedillo y Fox, quienes lo desvirtuaron, al “focalizar” las ayudas y estímulos, siguiendo las “recomendaciones” (imposiciones en la práctica) de los organismos financieros internacionales.

Crear “una alternativa ciudadana”, al margen de los partidos políticos, como propone el autor, resulta utópico. Si no existe un interés político, o de “clase”, o étnico o algún otro vínculo concreto, ¿porqué habrían de organizarse los ciudadanos y para qué? El autor estima que el fin sería ser tomados en cuenta en las decisiones que les afectan, lo cual supone una homogeneidad de intereses que no siempre existe. Además, en una sociedad en la que todos los días los medios exaltan el individualismo, el éxito económico y, en más de un sentido, el hedonismo, se ve muy difícil la creación de solidaridades, o el interés por la polis y la defensa de la identidad nacional. Efectivamente, la nación está en peligro, más por sus problemas internos que por amenazas externas, pero su salvación está en la política y en los partidos, en la sociedad y en el Estado, en los ciudadanos y en el gobierno.
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