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¡A por el Senado!

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
El fundamentalismo nacionalista, con la irresponsable connivencia socialista, asestaron la semana pasada un golpe de imprevisibles pero, ciertamente, muy graves consecuencias al Senado de España. Como seguramente adivinan, me refiero a la puesta en marcha de una tan increíble como innecesaria reforma del reglamento de la Cámara –aprobada a pesar del voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, que es allí el mayoritario, aunque no disponga de mayoría absoluta- en virtud de la cual se pueden utilizar las lenguas regionales (cooficiales en sus comunidades autónomas, pero no fuera de ellas) en los debates de las mociones. Si la medida fuera tan positiva como dicen sus promotores no se entiende por qué no se aplica a toda la actividad de la Cámara, pero la razón parece sencilla: los impulsores del bochornoso y ridículo disparate, que saben muy bien que lo es, no han querido ni podido llevarlo más allá. No se quiere que el presidente del Gobierno ni los ministros en las sesiones de control tengan que ponerse el famoso y ridículo “pinganillo•”, ni se quiere que los siempre complejos debates de las leyes se compliquen aún más con traducciones simultáneas y esos aditamentos “pingando” de sus pabellones auditivos. Aparte de los inevitables dificultades, inexactitudes y desajustes propios de toda traducción, que los italianos expresan con su conocido proverbio: “tradutore, traditore”.

El Derecho constitucional comparado nos muestra que el bicameralismo es una de las señas de identidad de todos los grandes países democráticos –de Estados Unidos a Polonia y de Francia al Japón- por múltiples y complejas razones, bien conocidas por cualquiera que se haya molestado en estudiar la cuestión. También es verdad que la izquierda no simpatiza con los senados que, por pura ignorancia, conecta con las viejas y ya superadas cámaras aristocráticas del siglo XIX. El mito de las excelencias de la II República –increíblemente mantenido y elevado a dogma por el zapaterismo, aunque no soporte un análisis histórico-político mínimamente riguroso- con su sistema unicameral ha contribuido a la fobia antisenatorial de la izquierda, a la que ahora se han apuntado también, por cierto, algunos sectores de la derecha mediática. Ninguno de estos críticos se ha parado a pensar que si en la II República hubiera existido un Senado quizás habría podido jugar un papel de equilibrio y de garante de una estabilidad que allí falló desde el principio y que quizás hubiera evitado males mayores.

Otra cosa bien diferente es que, en buena medida por las apuntadas reticencias de la izquierda y sus reprimidas ensoñaciones republicanas, la Constitución de 1978 diseñó pésimamente la actual Segunda Cámara. Además, su definición como “cámara de representación territorial” ha falseado desde el principio el debate sobre esta institución que, como ya he dicho en más de una ocasión, algunos parecen concebir como “la cámara del guirigay autonómico”, cuyo objetivo sería hacer del Senado una especie de campo de batalla entre las comunidades autónomas y de éstas con el Estado del que, teóricamente, (cada vez más teóricamente) forman parte. Se confunde lamentablemente modo de elección con competencias y se olvida, por ejemplo, aunque se haya repetido insistentemente, que la primera cámara de representación territorial del mundo moderno es el Senado de los Estados Unidos y allí no va Nebraska a pelearse con Arizona, como algunos parecen querer por aquí. Ni los estados van a debatir entre sí ni a plantear sus reivindicaciones contra la Unión. Y no sólo porque no tendría ningún sentido ni ninguna lógica constitucional, dentro de su sistema, sino porque allí están cansados –después del gran trauma de la Guerra de Secesión- de esa plagas mortales que son los separatismos y las pretensiones diferenciales y soberanistas, que no dejaron de existir durante el siglo XIX bajo la etiqueta de “los derechos de los estados”. Está visto que una nación tan joven puede ser mucho más madura que la más vieja de Occidente.

El fallo del Senado español se debe a su sistema competencial, mal concebido y peor realizado y a los pésimos mecanismos de relación entre las dos Cámaras, que convierten en inútil el trabajo que se hace en la que, por una ironía histórica, se llama “Alta Cámara”, cualquiera que sea la calidad del mismo. Por supuesto, además, le afectan al Senado en grado superlativo los males que también pesan sobre el Congreso de los Diputados y sobre nuestro sistema político en general, empezando por las disfuncionalidad nacionalista, ayuna de una indispensable “lealtad institucional”, sin la cual ni este ni ningún otro país puede funcionar en serio. El miedo y la desconfianza a la representación popular se concretó en un sistema de separación de poderes puramente nominal en el que el Gobierno dispone de todas las ventajas y reduce al Parlamento a una función de amén y aplauso, por lo que hace a la mayoría y a un inútil derecho al pataleo por lo que respecta a la oposición. El desprecio (en su más refinada manifestación, la falta de aprecio) con que el Gobierno socialista recibe las iniciativas aprobadas en ambas Cámaras es proverbial y dice mucho acerca de la mala calidad de nuestra democracia porque, como decía el maestro Hans Kelsen -en aquellos otros momentos de feroz antiparlamentarismo (tanto de la izquierda como de la derecha…totalitarias) que fueron los años 20-30 del siglo pasado- donde falla el Parlamento falla irremediablemente la democracia.

En el ambiente de vandalismo constitucional que se vive en España, está de moda “disparar” contra las instituciones En buena medida con la inestimable colaboración de algunas de estas, que incumplen sus misiones constitucionales o muestran la inepcia, cuando no la caradura, de quienes las encarnan. Es este vandalismo el que propugna que como, evidentemente, el sistema autonómico tiene fallos, lo mejor sería suprimirlo y volver al centralismo. Y es ese mismo vandalismo el que, ante los males que afectan al Senado, no encuentra mejor solución que su supresión pura y simple. Los pueblos maduros saben reformar, lo que no lo son tanto son propicios a la tentación dinamitera. Al “clan del pinganillo”, como acertadamente los ha llamado un columnista, tampoco les importa gastar dinero en estupideces en estos tiempos de crisis, ante la justa indignación de los ciudadanos. Pero para esas disparatadas piruetas los pinganilleros siempre encontrarán fondos en las exhaustas arcas del Estado. Por algo, como dijo aquella ministra socialista, el dinero público no es de nadie.
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