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El acuerdo sobre las pensiones en perspectiva constitucional

Juan José Solozábal
jueves 03 de febrero de 2011, 13:20h
Cuando se piensa en el sistema democrático, se suele subrayar la importancia en el mismo de la discrepancia y la variedad de planteamientos que se proponen a la consideración del ciudadano en el debate político. Pero a veces se omite destacar la importancia que el acuerdo o el entendimiento juega asimismo en una democracia. En términos políticos que no jurídicos podríamos decir que el sentido que tiene la Constitución es expresar el consenso en una comunidad que alcanza a las reglas de juego y los valores políticos que la sociedad comparte.

La idea política de la Constitución, por utilizar la expresión de Ortega, debe ser repensada, revivificada por las generaciones posteriores a la que la elaboró, pero desde el compromiso ineludible de su respeto y observancia. El respeto de la Constitución por los poderes constituidos, quiere decirse por el parlamento, los gobiernos y los jueces, legitima la actuación de éstos. Ocurre que la observancia de la Constitución, de una parte, impide a los gobernantes la arbitrariedad en su conducta, esto es, el entendimiento de su libertad de movimientos en términos irrazonables. De otro lado, la cobertura constitucional, si se entiende la Norma Fundamental de manera no estrictamente procedimental, confiere a la actuación de los poderes públicos una imparcialidad o generalidad que puede sobreponerse a la significación partidista, que inevitablemente poseen expresando la libertad política y el pluralismo ideológico de la sociedad.

Pero en un sistema democrático, como ocurre en el momento actual español, puede haber circunstancias o coyunturas en las que quepa recabar el acuerdo más allá de lo que supone el comportamiento constitucional de los órganos políticos, según se ha explicado. Conviene saber que estos acuerdos no achican el espacio de la discrepancia, básica en una democracia, ni suponen una limitación de la libertad de los agentes políticos que se pueda considerar inasumible, antes bien efectúan una prolongación del espacio común que comparten todas las fuerza constitucionales, llevando a cabo entonces una extensión del ámbito del consenso.

No sufre evidentemente la viveza del combate político si todas las fuerzas aceptan, en política exterior, la defensa de los intereses nacionales , como tales dotados de cierta permanencia e indicadores de una continuidad sobre las orientaciones o preferencias propias del alineamiento ideológico del gobierno del momento. Otro tanto se podría decir de la actuación en la lucha antiterrorista, necesitada de un apoyo asimismo conferido por todas las fuerzas políticas, con independencia de su orientación ideológica.

En este terreno alejado de la disputa partidista ha de situarse el acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno, y los agentes sociales, esto es, trabajadores y empresarios, que debe quedar abierto a todas las formaciones parlamentarias, y que, sobre todo, convendría integrase a la propia oposición. Aunque cada uno pueda tener una explicación sobre el origen de la crisis económica, y sobre la capacidad de los diferentes partidos para afrontarla, no es difícil de aceptar la conveniencia de un pacto, como el que se refiere en su núcleo a las pensiones, que facilite la adopción de una política eficaz de la crisis, sea cual sea la fuerza política que asuma el gobierno. De lo que se trata en definitiva es de construir un marco, de establecer unos supuestos, desde los que sea más fácil superar los problemas económicos actuales.

Es seguramente equivocado concluir que puedan deducirse costos de una actuación que en última instancia habría que considerar consecuencia de exigencias de política constitucional. Al contrario, lo equivocado sería presumir que el electorado pudiese perdonar, mucho menos primar, una actuación determinada por el egoísmo y el particularismo sectario, desoyendo las llamadas del interés nacional, que se reconoce en el momento fundacional de establecer el sistema político, esto es, cuando la comunidad aprueba una Constitución, pero que se hace oír también en momentos críticos, en los que las razones generales han de imponerse sobre los puntos de vista particulares o partidistas.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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