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Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…

martes 15 de febrero de 2011, 13:39h
Hace pocos días nuestra vecina Francia ha vivido una situación algo parecida -no idéntica- a la que vivió España hace años con el caso Mari Luz. En esta ocasión, una joven francesa de 18 años fue asesinada por un reincidente que estaba en libertad sin seguimiento médico. Sarkozy ha arremetido contra los jueces, y éstos han protestado contra la falta de medios materiales y humanos de la judicatura francesa. De los 195 Tribunales y Cortes de Apelación del país galo, 170 decidieron posponer las audiencias no urgentes, manifestándose frente al Ministerio de Justicia en París.

Centrándonos en España, nuestra Administración de Justicia tiene dos grandes problemas en los que nos jugamos la pervivencia del propio sistema democrático diseñado en la Constitución de 1978. En primer lugar, el caos organizativo y de planificación en que viven nuestros juzgados. La Nueva Oficina Judicial (NOJ) no está funcionando, anunciada a bombo y platillo, no está yendo a la raíz del problema. A mayor abundamiento se está abordando en estos meses la reforma de la Planta Judicial, que puede entrar en contradicción con la propia filosofía establecida en la NOJ. El poder político tiene que afrontar de una vez, con rigor y seriedad, el problema de los medios materiales y humanos que precisa la justicia. Hacen falta más jueces, mejor especialización ante un mundo jurídico cada vez más complicado y atomizado, que la informática entre de una vez en los juzgados como herramienta de gestión -al igual que entró en la Agencia Tributaria con tan buenos resultados-, superar el absurdo inaceptable de que cada Comunidad Autónoma tenga un sistema informático incompatible con la de al lado, o el de la Fiscalía lo sea con el de los jueces, o éstos con los de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la poca valoración social y económica de nuestros magistrados, la enorme litigiosidad que caracteriza al pueblo español, tener unos edificios bien dotados, etc. De no tomarnos en serio el problema de la justica, podemos llegar, no estamos muy lejos, al colapso de nuestro sistema de justicia, con una lentitud que en muchos casos supone la propia ausencia de justicia, cuando está llega con un lustro o incluso una década de retraso.

En segundo lugar hay otro problema, si cabe, más grave: el de la politización de la Administración de Justicia. Este es un asunto realmente inaceptable para cualquier sistema democrático serio. Hay que plantar cara al actual Consejo General del Poder Judicial fruto de la nefasta reforma de la LOPJ de 1985, que llevo a la inmediata dimisión de su Presidente en aquel año, Carlos María Sainz de Robles, por la herida de muerte que suponía que los 20 vocales del CGPJ fueran nombrados por el Parlamento. El tiempo le ha dado toda la razón y hoy asistimos a una inaceptable politización de la magistratura especialmente en nuestros más altos Tribunales (TC, TS, TSJ, etc.). No es de recibo que para ascender en la carrera judicial haya que ser de la APM o de Jueces para la Democracia, o que sean el PP y el PSOE los que marquen las carreras de nuestros magistrados. La separación de poderes es la esencia de la democracia, desde sus inicios así lo señalaban los revolucionarios franceses en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

No estamos ante un tema menor, el poder judicial es el pilar de un sistema democrático, y el nuestro está siendo doblemente maltratado por nuestro poder político, tanto por la ausencia de recursos y modernización, como para la invasión que han hecho del mismo. Lamentablemente en ambos casos estimo que estamos peor que nuestro vecino francés y más que un remojo nuestra barba judicial precisa de un cambio radical que necesariamente debe nacer de: una voluntad política totalmente diferente, unos jueces más reivindicativos -el ejemplo francés es muy interesante- y una sociedad civil que no sea mero espectador de un problema que afecta directamente a su vida cotidiana.

David Ortega Gutiérrez

Catedrático de Derecho de la URJC

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