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¿Ilegalizar a Sortu?

domingo 20 de febrero de 2011, 10:41h
No soy sospechosa de tener connivencia alguna con la llamada izquierda abertzale. No me gusta el nacionalismo militante, totalizador y caserizante que predican en mi tierra. No creo en que el País Vasco –o como quieran llamarlo- se vive en un estado de excepción y considero que la violencia, el terror y la persecución a las ideas ajenas que ETA ha llevado a cabo durante los últimos cuarenta años no tienen justificación alguna. Dicho esto también creo que una democracia que se salta sus propias normas para defenderse no está haciendo otra cosa que otorgar argumentos a quienes la acusan de estar vacía. El Estado de Derecho y la legalidad son bienes que debemos cuidar con mimo y esmero, evitando excesos que puedan ser en sí mismos el caballo de Troya a través del cuál se cuelen los peores enemigos de la Democracia.

Por eso me produce cierto repelús escuchar a ciertos políticos decir que el sonrojante informe de la Policía Nacional que vincula a Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, con ETA “es una buena noticia”. Vayamos por partes. ¿La buena noticia cuál es? ¿Que se demuestra que la llamada izquierda abertzale sigue vinculada con ETA? Dudo mucho que alguien se alegre por eso, ¿verdad? Al fin y al cabo el deseo de todos, como el mío, es que ETA desaparezca y que quienes la apoyan cambien de parecer, así que no entiendo por qué debería considerar una buena noticia que se demostrara lo contrario. Supongo que lo que alegra algunos líderes es que se hayan encontrado ¿pruebas? que imposibiliten que Sortu pueda presentarse a las próximas elecciones municipales. En ese caso, también tengo que discrepar con Rajoy porque, sinceramente y sin tener mucha idea de asuntos legales, a mí, por lo que he leído me parece que tanto el informe de la Policía Nacional como el de la Guardia Civil se limitan a construir suposiciones basándose en hechos circunstanciales y obviedades, creando una amalgama de juicios de valor. Y no sólo lo digo yo. La asociación Jueces para la Democracia también considera que el cuerpo policial ha cometido “un exceso” al elaborar estudios que “no son vinculantes” cuando su obligación “debe ser única y exclusivamente aportar hechos”.

La experiencia nos ha enseñado que la firmeza frente a ETA y su entorno ha traído mejores resultados que las cesiones. Y como prueba es que la ilegalización de Batasuna no sólo no conllevó esa hecatombe democrática que algunos anunciaban sino que ha neutralizado enormemente al entorno etarra, hasta obligarle a replantearse su estrategia, como estamos viendo. Y de hecho, hay que recordar que la existencia de Aralar o, incluso, EA es una prueba de que la izquierda abertzale, como opción política, está reconocida y cubierta. Dicho esto, tampoco se puede abusar y estirar la legalidad para evitar que un determinado sector llegue nunca a la esfera pública.

Según la Policía, la renuncia expresa que la formación ha hecho del uso de la violencia es una mera estratagema para sortear la Ley de Partidos y poder regresar a las instituciones democráticas. El cuerpo de policía se basa para asegurar esto en la presencia de dirigentes históricos de Batasuna como Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin en la presentación de la nueva formación, que tuvo lugar el pasado día 7. Para eso no hacía falta tanto lío. Si nadie que haya pertenecido a Batasuna puede jamás de los jamases presentarse a unas elecciones que lo digan claramente y desde el principio, aun a riesgo de cargarnos con ello toda la presunción de inocencia y los derechos básicos de cualquier ciudadano. Así sí que será cierta la letanía de que lo que se persigue no es la violencia sino las ideas.

El informe también remite a las declaraciones de Iruin aquel día, en las que justificaba la renuncia de Sortu a la violencia como un mero "instrumento de acción política" ya que “la toma de postura frente a la violencia de ETA se ha convertido así en un problema constituyente para la izquierda abertzale que ha de resolver para adquirir personalidad jurídica”. Desde un punto de vista moral puede parecer insuficiente. Pero desde el legal es válido. Un Estado liberal no puede juzgar a nadie porque en su fuero interno desee la muerte de todos sus semejantes mientras no lleve ese deseo a cabo -ni incite a nadie a hacerlo-. Por más “malas personas” que a mí me puedan parecer, en la esfera pública lo que realmente importa no es su “bondad”. Sólo si respetan los valores de libertad e igualdad entre individuos. El respeto a las reglas del juego, que remite al pluralismo, está por encima de la defensa de una utópica “idea del bien”, que dibuja un mundo binario de tipo autocrático.

Me dirán que Batasuna nunca ha demostrado un respeto a ninguno de estos valores. Cierto es. Pero ahora mismo, hoy por hoy, rechazar explícitamente la violencia de ETA, como han hecho, es, al menos sobre papel, una muestra de su voluntad de respetar las reglas del juego democrático. ¿Qué no cuela? ¿Que luego se demuestra que era falso? Bien, entonces lo veremos y se tomarán las medidas necesarias. Pero hasta ese momento, no podemos jugar a ser Tom Cruise en “Minority Report”, anulando en función de un potencial engaño al que nos aferramos con las excusa de que “ellos nunca van a cambiar”, de suposiciones o de pareceres.

Hay que atraer al mundo radical hacia la democracia y no dejarse embaucar por señuelos. Pero tampoco ilegalizar a un partido que sobre papel cumple todos los requisitos que marca la ley con pruebas tan poco sólidas como las que aparecen en ambos informes. Tan perjudicial como ceder en cuestiones claves puede ser el dar la impresión de que la legalidad española se estira y encoge como un chicle en función de intereses políticos. No podemos defender la democracia, traicionándola.
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