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El paramilitarismo y crimen organizado

Las “Bacrim”: la otra guerra que se libra en Colombia

sábado 26 de febrero de 2011, 12:13h
Las bandas criminales emergentes es el nuevo campo de batalla al que tiene que hacer frente el Gobierno de Juan Manuel Santos. Compuestas en su mayoría por ex paramilitares desmovilizados, a estas organizaciones delictivas dedicadas principalmente al narcotráfico, se le atribuye el aumento del 40% de las masacres que han tenido lugar en el último año en el país y la reactivación de un mapa criminal que podría ser un reflejo de lo que se observa al norte de México.


El fantasma de la Colombia de los años ochenta o el espejismo de la narco violencia mexicana, comienza a abrumar los estados del interior del país suramericano debido al auge de las denominadas bandas criminales emergentes, mejor conocidas como las “Bacrim”, encendiendo las alarmas en el Gobierno de Juan Manuel Santos que aún no ha terminado por cerrar el capítulo del conflicto guerrillero, que se ve oxigenado porque dichas organizaciones contribuyen a su supervivencia gracias a la industria del narcotráfico.

Estos grupos comenzaron a configurarse paulatinamente hace unos cinco años, cuando se inició el proceso de desmovilización de 32 mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como respuesta a la Ley de Justicia y Paz. El tráfico de armas y la influencia del lucrativo negocio de la droga, ha logrado que alrededor de 13.400 combatientes se reagrupen en unos 12 grupos paramilitares dedicados a actividades del crimen organizado. Una característica que ha generado un limbo a la hora de definir a estas bandas, ya que tanto el Gobierno como la Organización de Estados Americanos (OEA), sitúan a las Bacrim en la denominación de simples grupos criminales; mientras que las organizaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos las consideran neoparamilitares, a causa de que el 50% de sus jefes provienen de los escuadrones de la muerte, los cuales tienen reparo en reclutar a niños y adolescentes para que lleven a cabo actividades ilícitas como el sicariato.

Según un informe elaborado en 2010 por el Instituto de Desarrollo y Paz (Indepaz), estas bandas se encuentran en 32 departamentos del país, que abarcan las regiones de la Guajira, el Golfo de Urabá, el sur Bolívar, el noreste de Antioquía, Córdoba, Meta y Magdalena. Con la captura en 2009 del paramilitar convertido en capo del narcotráfico, Daniel Rendón Herrera, alías “Don Mario”, líder de la banda Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se pudo evaluar la peligrosa dimensión que están adquiriendo estos grupos, que curiosamente y pese a su pasado paramilitar, se les ha visto asociarse con la guerrilla en cuanto a temas del narcotráfico se trata.

La figura de “Don Mario” es una de las piezas claves en este nuevo mapa criminal que se configura en el país suramericano. A él se le debe la irrupción de bandas lideradas por jefes paramilitares como “Las Águilas Negras”, “Los Urabeños” o el “Bloque Héroes de Castaño”; sin embargo no están solas. Estas se disputan el control del crimen organizado con otros bloques delictivos como “Los Paisas”, “El Ejercito Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano” (Erpac), “Los Rastrojos” y “Los Machos”. Todas ellas, también a cargo de mandos medios de las AUC.

38 masacres en 2010

Sin bien el Gobierno de Santos no ha establecido el número exacto de Bacrim que operan en el país, lo cierto es que el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, manifestó su preocupación ante la influencia de estas bandas en los próximos comicios regionales a celebrarse el 30 de octubre de este año, ya que podrían incidir en el resultado de 64 de los 1.100 municipios del país.

Una preocupación justificada si se toma en cuenta el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que concluyó que durante el 2010 se registraron 38 masacres que dejaron 179 muertos en Colombia, lo que se traduce en un aumento del 40% de las ejecuciones cuantificadas en el país con respecto al año anterior.

De acuerdo con el representante de la ONU en Bogotá, Christian Salazar, las Bacrim han cometido "homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos". Al ser el lucro económico el móvil central de tales acciones, estos grupos “ejercen control social y recrean estructura similares a la delincuencia organizada”, pero sin dejar entrever una ideología o intencionalidad política, pese a que entre sus víctimas principales se encontraban líderes sociales, defensores de los DDHH, funcionarios públicos, comunidades indígenas y afrodescendientes, señaló.

El arraigo del narcotráfico y el tráfico de armas no son los únicos elementos que le han abierto el paso a estas bandas. También la corrupción por parte de algunas instituciones y funcionarios públicos en el interior del país le han cedido espacio a las Bacrim, que a la vez se han expandido a los sectores de los juegos de azar, la prostitución, la minería y la tala de madera ilegal.

La violencia parece no darle una tregua a los colombianos que se ven ante un nuevo campo de batalla derivada del mismo conflicto guerrillero, con temor de revivir a la Colombia de hace veinte años atrás. Aquella gobernada por la violencia de Pablo Escobar o los hermanos Orejuela.