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Afgandalus

lunes 11 de abril de 2011, 21:36h
La corrupción política como rasgo característico de la Andalucía socialista es un hecho que viene de muy atrás, aunque tenga otra vez ahora todos los rasgos de la novedad de última hora. Nada ha cambiado allí desde aquellos tiempos de la Expo y los “pellones”, de los maletines repletos de billetes y de las carreteras hechas con material de desecho que exigían reconstrucción a los pocos meses ni desde la época de los “cafelitos” y de los negocietes cerrados en el despacho del pariente poderoso. En la Andalucía gobernada por el PSOE nada ha cambiado en las tres décadas transcurridas desde que ese partido se hizo con el poder de la región y, como ha repetido desde entonces la vox populi, hizo de la misma su cortijo. Basta leer el libro de Francisco Rosell, Treinta años de nada, para constatar con abundantes datos, como la corrupción ha sido allí el instrumento básico de gobierno y de conservación del poder. El sistema de oligarquía y caciquismo de la España del siglo XIX es solo un pálido anticipo del cerrado sistema de control de cuanto se mueve, en las instituciones o en la sociedad, que se ha montado en Andalucía bajo el mandarinato de Chaves –“el bueno de Manolo”, según el título de otro de sus libros- a quien Rosell atribuye todas la responsabilidad del atraso andaluz que clama al cielo en las estadísticas.

Mientras otras regiones han dado grandes saltos hacia delante, Andalucía (con las otras dos regiones del centro-sur, gobernadas por los socialistas) sigue instalada en los furgones de colas de la prosperidad nacional. El “régimen” allí establecido ni ha cambiado ni cambiará mientras esté en manos de los mismos gobernantes (tanto da Chaves como Griñán o como cualquier otro socialista que pudiera sucederles) porque como también ha escrito el autor citado, “el PSOE vive del fracaso andaluz”.Después de tanto antecedente escandaloso y casi siempre impune, ¿a quién le puede extrañar ahora Mercasevilla, los EREs con prejubilados desde el día de su nacimiento, el uso fraudulento de los fondos europeos dedicados a la lucha contra el paro o los desvelos de Chaves por su prole y parentela? Lo peor es la lentitud de la Justicia, cuando no la impunidad total.

En estos treinta años largos, el PSOE ha establecido en Andalucía un cerrado sistema clientelar que controla el voto por medio de mecanismos institucionales que pone a su servicio partidista, como el PER y de una eficaz red de agentes que no deja nada al azar y que utiliza todos los medios imaginables, incluido el miedo, ese turbio y eficaz resorte que es la seña de identidad de las dictaduras. A continuación se premian las fidelidades con cargos en una administración sobredimensionada, que no está concebida como un conjunto de servicios para todos los andaluces, ya que no tiene más finalidad que asegurar el voto de los beneficiados y de sus familias. Se afirma que la Junta tiene más coches oficiales que todo el Gobierno federal americano. El sistema se completa con el férreo control de los medios de comunicación más importantes: muy a menudo las grandes escándalos que esmaltan la gestión socialista en Andalucía se ven más y mejor reflejados en los medios nacionales que en los de la región, bien controlados directamente o atenazados por las negativas consecuencias que puede acarrearles el ejercicio de la libertad de expresión. Fue una ministra socialista andaluza quien dijo aquello de “el dinero público no es de nadie”, pero habría que matizar, porque en Andalucía el dinero público –tan necesario en una región como aquella- no se pone al servicio de su desarrollo sino de los intereses del partido. El dinero público que debía ser de todos los andaluces es allí un patrimonio que se utiliza como si fuera de la propiedad de los poncios regionales y municipales, que lo utilizan como les da la gana: los que empezaron con el “lubina mijmo” han acabado con bochornosas mariscadas en Bruselas.

Hace algún tiempo leí en una publicación norteamericana el interesante artículo de un especialista en Afganistán sobre la cuestión de la corrupción en este país. No sólo es que la corrupción empapa todas las estructuras del país sino que –como señalaba este especialista cuyo nombre no recuerdo- el concepto afgano de corrupción es totalmente distinto del occidental por lo que el diálogo con las autoridades nacionales y locales sobre la necesidad de limpiar los procedimientos y castigar a los culpables se hace casi imposible. En aquel país que nunca ha tenido nada parecido a un Estado moderno y cuya estructura social es de índole tribal y en el que la máxima lealtad se debe no a las lejanas instituciones de Kabul sino a las redes familiares y tribales en las que cada uno está inserto, se entiende que la primera obligación de quien tiene que administrar fondos públicos es beneficiar a la familia y al propio clan. Para los afganos, el corrupto es el que teniendo en su mano la posibilidad de echar una mano a los próximos, no lo hace en nombre de vaguedades que ellos no entienden como el Estado de Derecho o la ética pública. Por eso les parece natural enviar en grandes fardos los dólares procedentes de la ayuda internacional a sus cuentas en los bancos de Qatar. Cuando leí ese artículo me di cuenta de que es, exactamente, el sistema que ha establecido Chaves en Andalucía y me pregunté que extrañas conexiones podrían darse entre el lejano y sufrido país centro-asiático y nuestra bella y atractiva región andaluza, que se merece mejor suerte que la que le deparan sus actuales gobernantes.

Quizás lo más preocupante es que este concepto afgano de la corrupción y de la ética en el ejercicio del poder no se limita a los socialistas andaluces sino que se extiende a sus correligionarios que ocupan cargos en el Estado. Se explica así que tanto Bono como Rubalcaba hayan puesto metafóricamente la mano en el fuego por la honradez de Chaves. ¿Quién puede dudar de su afgana honradez? Estaría en su salsa, sin ninguna duda, en Afganistán. Allí la tribu es lo primero.
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