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Terrorismo y elecciones

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Me gustaría empezar con una afirmación polémica pero que me parece imprescindible: En una democracia que lo sea de verdad es mucho más importante y necesario el papel de la oposición, su crítica y control de la acción del Gobierno en todas sus diferentes manifestaciones, que la llamada “política de Estado”. Esta última no deja de ser una aspiración que podría justificarse y hasta considerarse deseable en ciertos aspectos, por aquello de mantener la continuidad de la acción del Estado, sobre todo en sus relaciones internacionales. Pero no deja de ser una situación excepcional, que rompe esa exigencia de crítica y control, indispensable en una democracia, y que muy a menudo no es más que una coartada de los Gobiernos, que tienen siempre la inclinación a bautizar como “política de Estado” lo que no es sino “política del Gobierno”. Cuando lo logran, se mantiene amordazada y amenazada a la oposición, contra la que se lanzan toda clase de venablos, en nombre del patriotismo y de otros conceptos por el estilo porque “no arrima el hombro”. Llaman consenso a sus intentos de hacer pasar por el aro –por su aro- a la oposición, aunque no se privan de seguir lanzando pedradas contra la misma, para amedrentarla, silenciarla o ambas cosas.

Los anglosajones, que de democracia saben bastante más que nosotros, entienden esto muy bien y fueron quienes crearon la institución de la oposición que en el Reino Unido, es tan “de Su Majestad” como el propio Gobierno. Aunque en situaciones muy excepcionales, como fueron las dos guerras mundiales, suavizaron la oposición que incluso desaparece, como ocurrió en el Reino Unido con la fórmula de los gobiernos de concentración. Pero todavía no se había derrotado al Japón cuando los laboristas recuperaron su libertad de acción y hasta lograron derrotar a Churchill. En Estados Unidos, Wilson ni siquiera logró que el Senado aprobara el Tratado de Versalles y el Convenio de la Sociedad de Naciones, su más querida idea. Y es bien sabido que Truman, tras su inopinada llegada a la Casa Blanca no dejó de tener problemas con la oposición republicana, que veía la Guerra Fría de manera diferente. Allí se inventó la expresión bipartisan policy, política bipartidista, para etiquetar una supuesta “política de Estado”, pero cualquiera que conozca la historia de los Estados Unidos sabe que tal cosa no ha existido más que en contadas y breves ocasiones. Las críticas y discrepancias con relación a las políticas de la Administración no se silenciaban en las campañas electorales, ni siquiera en plena guerra, caliente (Corea, Vietnam…) o fría. Ya lo había probado Roosevelt en la campaña de 1944 y en las congresionales de 1942 y Churchill en la de 1945 cuando, como ya hemos apuntado, seguía la guerra contra Japón. Los ciudadanos de ambos países no hubieran consentido que se les hurtara el debate de asuntos tan importantes como los que suponían aquellos conflictos armados con pretextos estúpidos propios de una dictadura. Todos querían ganar la guerra, pero no todos coincidían en cuál era el mejor camino para la victoria. Y lo decían. Nadie amordazó a nadie con tramposas apelaciones al consenso o a la política de Estado.

Hace ya muchos años, el constitucionalista Carl J. Friedrich desmontó la teoría de que en una democracia era necesario el “acuerdo en lo fundamental”, el agreement on fundamentals de la tradición británica. Más exactamente, puntualizaba que en una democracia se puede discrepar tanto en las convicciones como en los conceptos, pero añadía que, sin embargo, hay que ponerse de acuerdo en “los modos de comportarse”. Aludía así a la conocida expresión inglesa del fair play y, tras aludir a la moderación y a la tolerancia, definía esta actitud como la disposición “a no atropellar al adversario solamente porque se tiene con ello la posibilidad de detentar el poder”. Añadiríamos por nuestra cuenta: o la posibilidad de mantenerse en él. Con todo esto, Friedrich se refería a algo que por aquí se oye a veces pero que se practica poco: Que en la democracia las formas son lo importante. Y eso quiere decir que no sólo hay que respetar las formalidades legales sino también esos modos de comportarse que impiden la mentira descarada, el insulto gratuito y la manipulación desvergonzada y bananera porque, como también dicen los ingleses, “hay ciertas cosas que no se hacen entre caballeros” (ni entre las damas). Comprobar cuán alejada está nuestra vida política de estas actitudes, demuestra cuánto le falta todavía a esta democracia que se ha convertido en el reino del “todo vale”.

Como muestra de dónde estamos, de lo lejos que andamos de esa democracia de juego limpio, se han oído estos últimos días a varios insignes socialistas, desde Rubalcaba a Pachi López, pasando por algún otro personaje menos destacado, acusaciones al PP, por el supuesto hecho de hacer “un uso electoral de la lucha contra el terrorismo”. Y lo dice quien organizó la lograda operación de agit-prop entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 para sacar partido del mayor atentado que ha sufrido España y Europa occidental. Nunca se había hecho en España –y creo que en ningún país civilizado- un aprovechamiento tan indigno y abyecto de un atentado tan brutal como aquel, nunca se había desplegado tanta vileza al servicio de una incalificable voluntad de poder. No sólo se rompió un pacto preexistente, escrito y firmado, sino que, contra las más elementales normas de convivencia y de respeto al adversario, se organizó el asedio de las sedes del PP y se transgredieron abiertamente las normas electorales que regulan el día de reflexión. ¿O es que algunos tienen carta blanca para llevar a cabo acciones –por ser socialistas, claro- que a otros les están estrictamente prohibidas, tanto por la ley como por la decencia y, en suma, por esas otras reglas del juego limpio, que vetan ciertas conductas y que a ningún bien nacido se le ocurre practicar?

Son los mismos que racanean, se callan y dan largas ante el vergonzoso asunto de El Faisán, poniendo todos los obstáculos imaginables para que no se sepa la verdad. Hay ahí un supuesto delito de colaboración con banda armada que debe aclararse porque el Estado de Derecho, no admite una “geometría variable”, según la cual se aplica o no según convenga. ¿O es que hemos vuelto a los tiempos de la razón de Estado, propios de la monarquía absoluta, cuando el poder se arrogaba el derecho a cometer delitos si le parecía oportuno? Cuando se oyen ciertos comentarios y hasta se utiliza el nombre de España para demonizar al contrario (“No sé que gana el PP, pero mucho más pierde España”, o algo así) o se recuerdan aquellas bochornosas frases sobre las togas y el polvo del camino, no puede uno por menos de estremecerse, porque estamos más cerca de aquellos tiempos de la razón de Estado de lo que puede parecer.
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