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El supersupremo

lunes 09 de mayo de 2011, 21:07h
Una enorme mayoría de ciudadanos –un 60 por ciento según una de esas encuestas que se hacen apresurada y telefónicamente inmediatamente después de un acontecimiento relevante- no logra entender cómo es posible que el Tribunal Constitucional le enmiende la plana al Tribunal Supremo y permita que la última máscara de ETA, Bildu, se pueda presentar, con todas las de la ley, a las próximas elecciones. Y no lo entiende no sólo porque autorice, sin más requisitos que unas vagas promesas de rechazo de la violencia, que reconocidos proetarras se sienten en los ayuntamientos y manejen muchos millones de fondos públicos y otras inconfesables actividades. Entiende todavía menos –y ya es decir tras tamaña aberración- que el llamado Tribunal Constitucional pueda decir y acordar todo lo contrario que el Tribunal Supremo, lo que demuestra que éste no es tan supremo (DRAE: “Que no tiene superior en su línea”) como su denominación oficial parece indicar. Y escribimos lo de “llamado” referido al Tribunal Constitucional porque cualquiera sabe
que éste no es un órgano judicial sino político, por lo que lo de “tribunal” (DRAE: “Lugar destinado a los jueces para administrar justicia y dictar sentencia”) no es lo que más le acomoda.

La Constitución francesa denomina, mucho más adecuadamente, al órgano más o menos similar (pero mucho menos poderoso), “Consejo” y nuestra propia Constitución no incluye al TC en el título VI que trata “Del Poder Judicial”, sino en un título distinto, el IX, reconociendo así que su naturaleza no es precisamente judicial. Por otra parte, como reza el artículo 159.2, los componentes del TC no sólo pueden ser jueces y fiscales, sino profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, es decir no son juzgadores profesionales sino juristas diversos, “de reconocida competencia”, cómo no, pero que dada su forma de designación llegan a ese órgano “contaminados” políticamente en un sentido o en otro y no hay más que ver cómo se les adjudican a diario etiquetas de partido. Por otra parte, basta comprobar su trayectoria –desde la sentencia de Rumasa a la del estatuto de Cataluña- para constatar cómo esa contaminación empapa si no todo, sí lo más importante y decisivo de cuanto se encomienda a su conocimiento. Se trata, pues, de un órgano político, designado por los políticos y a su servicio.

El control judicial de la constitucionalidad de las leyes –inconcebible en Inglaterra donde la histórica “soberanía del Parlamento” no admite revisiones- surgió en los Estados Unidos en el primer tercio del siglo XIX, gracias al juez Marshall, presidente del Tribunal Supremo, y es a este órgano, en definitiva, el que puede anular una ley que se estime contraria a la Constitución. Ni se les pasó por la cabeza a los Padres Fundadores crear un tribunal distinto. Y, por supuesto, lo que por aquí se llama recurso de amparo, relativo a los derechos y libertades fundamentales, es también competencia de los tribunales federales ordinarios y, en última instancia del TS. La moda europea de tribunales constitucionales diferentes de los ordinarios, surgió en Europa en el periodo de entreguerras del pasado siglo a caballo de una imponente oleada de antiparlamentarismo. Se trataba de “atar corto” a los Parlamentos, limitando en ocasiones sus competencias y regulando minuciosamente su actividad para evitar los supuestos “excesos” del parlamentarismo del siglo XIX. Pero, no lo olvidemos, fue aquella una época de crítica feroz de la democracia liberal (¿hay alguna otra?) que alumbró a los totalitarismos y que casi “puso sitio” a los Parlamentos. Hitler llegó incluso a incendiar el Parlamento alemán, el Reichstag, (aunque echó la culpa a los comunistas, otros furibundos enemigos de los Parlamentos). Aquel incendio es todo un símbolo de una época en la que a muchos les habría gustado suprimir a los Parlamentos, sin darse cuenta (o sí) que, como advirtió Kelsen, si se prescinde de los Parlamentos se prescinde también de la democracia, como aquel que arrojó el agua con el niño incluido.

A pesar de estos precedentes y de que la época en que se redactó tenía poco que ver con los años treinta, nuestra Constitución optó por un TC separado y diferente del Poder Judicial y, a estas alturas, creo que se impone constatar que esta institución ha fracasado y que, a la vista está, su prestigio se arrastra por los suelos y parece difícil que pueda recuperarse. Es una pena, porque en su haber hay una importante doctrina jurisprudencial, pero en cuanto le llega un asunto teñido de política, los intereses partidistas se imponen descaradamente. En estos tiempos en los que la imagen es tan importante, aquella escena que pudimos ver en televisión, en la que la vicepresidenta del Gobierno abroncaba ostensiblemente a la presidenta del TC -que, además, se mantuvo en el puesto más allá de lo previsto legalmente para que “llevara a buen término” el bochornoso asunto del estatuto catalán- es también todo un símbolo de que el TC ya estaba “quemado”.

Con esta última decisión sobre Bildu, resistida por los magistrados llamados “conservadores” junto con el profesor Aragón –que, por su condición de excelente catedrático de derecho constitucional, me parece que es el que mejor conoce el espíritu y la letra de la Carta Magna- es como si los “mayoritarios” que han dado su bendición a Bildu se hubieran quemado a lo bonzo y, con ellos, a la institución. Habría que debatir seriamente si, cara al futuro, nos hace falta un TC y si no sería mejor que sus competencias las asumiera el Poder Judicial y que la constitucionalidad de las leyes la decida el Tribunal Supremo y los derechos y libertades fundamentales queden bajo la protección de los “jueces naturales”, como ha sido tradicional en la civilización judeo-cristiana. Este que comentamos nos es el primer encontronazo entre ambas instituciones y hay que evitar que se repitan en el futuro, por el bien del sistema.

Al desautorizar al TS, el TC ha lanzado una andanada contra la misma línea de flotación del Estado de Derecho y al conjunto de nuestro sistema democrático. Los ciudadanos están viendo seriamente afectada la credibilidad que les merece el sistema. Y cuando los ciudadanos dejan de creer en el sistema, la legitimidad del mismo no permanece incólume. Decía Einstein que Dios no jugaba a los dados, pero estos pequeños dioses que pretenden gobernarnos –sin saber cómo se hace porque no tienen otro objetivo que permanecer- no es que jueguen con los dados, lo hacen con las instituciones y, al hacerlo, ponen en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos y nuestros nietos.
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