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Indignación y democracia

Juan José Solozábal
jueves 23 de junio de 2011, 20:38h
Algunas reacciones frente al movimiento de los indignados denotan mas que la irritación justificada ante abusos en que ellos hayan podido incurrir, una ignorancia del papel que en la democracia corresponde al derecho de reunión. Tenemos una democracia representativa, esto es, decía Stuart Mill, “un sistema en el que la totalidad del pueblo o una numerosa porción de éste, ejerce el poder más alto –ese poder que en todas partes debe residir en algún sitio– a través de diputados elegidos periódicamente por el pueblo mismo” ; pero ello no es incompatible con la utilización de instrumentos de actuación directa de los ciudadanos, que complementan la representación parlamentaria y aun facilitan su correcto ejercicio.

Los derechos de participación política tienen que ver con la intervención de los ciudadanos en la composición de los órganos del Estado, esto es, sobre todo con el derecho del sufragio con el que elegimos a nuestros representantes parlamentarios y, a través de ellos, al gobierno que el Congreso apoya. Pero la participación consiste asimismo en la contribución a la formación de la opinión pública sin la que una democracia no puede funcionar. Hay entonces una dimensión institucionalizada del principio democrático, obediente a procedimientos, reglas y límites; y el nivel de la opinión pública, esencialmente informal y abierto. Se trata de proponer en la democracia una relación adecuada entre dichos planos: la opinión pública no puede sustituir el funcionamiento institucional del Estado, ni condicionar la actuación de sus órganos, presionándolos o descalificándolos. Pero el aparato institucional del Estado no puede restringir la libertad de la opinión, impidiendo su formación, esencialmente libre, “de abajo a arriba”.

En ese sentido no se pueden subrayar solo los peligros de la “acción directa”, cuando el abuso del propio derecho de manifestación, especialmente quebrando el orden público, pone en cuestión los derechos y libertades de los demás, y no digamos si se impide el funcionamiento de los órganos del Estado. Este es el lado oscuro del derecho de reunión que se enfrenta con el código penal o que contradice la voluntad constitucional. Pero lo cierto es que este derecho tiene unas capacidades de integración y de incremento funcional del sistema que poseen un significado legitimador evidente.

Estamos hablando por tanto, primeramente, de un derecho que en muy buena medida permite compensar las oportunidades de influencia en la formación de la opinión y aun del funcionamiento de los órganos del Estado de ciertos sectores o grupos sociales - lo que explica el ejercicio de este derecho históricamente por los más débiles- que pueden ser incorporados al juego político, desde una posición marginal o extramuros del sistema; en segundo lugar, en el caso del derecho de manifestación estamos ante un elemento de apertura democrática o innovación, pues el derecho de reunión permite hacer presentes, con bastante inmediatez y cierta espontaneidad, los problemas de la comunidad, impidiendo así el agarrotamiento o la rutina en el funcionamiento del orden institucional.

No sé si el examen del movimiento de los indignados, no insiste demasiado en sus deficiencias, que son a mi juicio , sobre todo, el carácter amateur de muchas de sus propuestas y la falta de conciencia de los riesgos de manipulación del asambleísmo, bien poco democrático; pero a veces en determinados análisis se escamotea la legitimidad e incluso imprescindibilidad de la protesta en una verdadera democracia, como la nuestra, que es, sin duda, esencialmente representativa, pero que no puede menos de configurarse, aun arriesgadamente, como orden en libertad.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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