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El fin de Eta. Desde el principio hasta el fin

martes 09 de agosto de 2011, 20:04h
He tomado prestado este título de una de las novelas que Pío Baroja dedicó a glosar las aventuras de su paisano Aviraneta a lo largo del siglo XIX, destacado actor en la derrota de los legitimistas en la segunda guerra carlista, pensando en que la combinación de “historicismo e ironía” que postuló para comprender el desastroso siglo XIX español, era un buen consejo para reflexionar en esta tercera entrega sobre el problema de Eta, que Eta “desaparezca” como gustan de repetir aquellos que tienen un plan.

Para entender el escenario del fin, hay que remontarse al principio. Es prescindible para lo que aquí nos ocupa, la etapa franquista. Aunque creo que el terrorismo nunca está justificado, sí la rebelión contra el tirano, no hace al caso discutir la legitimidad de la lucha terrorista contra el franquismo, aunque parte del problema se origina en que esa misma legitimidad adquirida entonces por el terrorismo no le fue retirada en cuanto cambio el escenario político. El proceso constituyente de 1978, aun con todas sus limitaciones, significó, como lo ha significado en todos los procesos constituyentes vividos por las democracias constitucionales, un punto y final, inseparable de un punto de partida absoluto, donde, por decirlo así, las cargas y responsabilidades se ponen a cero, con las excepciones que afectan a determinados crímenes que no han podido ser absorbidos por la historia y olvidados. Produce asombro el tiempo que lleva Eta matando. Casi todos los países de la OCDE han conocido en los años setenta alguna forma de terrorismo, pero ninguno de tan larga duración y con tan intensos efectos como los del País Vasco, si exceptuamos el caso de Irlanda del Norte, del que nos separa un dato fundamental: hubo allí una guerra entre dos comunidades, una lucha más o menos abierta: atentados por ambas partes, muertos católicos y muertos protestantes, estado de excepción a ratos, un ejército en las calles, etc. Por tanto estamos ante una situación única en Occidente.

¿Cómo es posible que Eta haya existido después de la generosa amnistía del 1979 hasta nuestros días? Al menos por dos razones, ambas muy obvias; una, porque la sociedad vasca o una parte de ella la ha tolerado cuando no alentado. Esto puede sonar injusto pero es un hecho evidente tanto a nivel político como en el plano de la sociedad civil y de sus instituciones representativas, deportivas, culturales, benéficas… religiosas. El subtítulo del reciente libro de Aurelio Arteta, Mal consentido lo dice, lo explica todo: “la complicidad del espectador indiferente”. Dos, porque el Estado no ha sabido o querido o podido hallar el método para terminar con Eta. Ha fallado la capacidad o la determinación o ambas.

Al mirar hacia atrás, lo que más me llama la atención es la naturalidad con que la sociedad española ha convivido con el hecho del terrorismo, sintiéndose herida y dolida tras cada atentado, pero sin llegar a la conclusión, ni los poderes públicos ni la sociedad civil, de que había algo esencial que podía dañarnos a todos y además irreversiblemente. Fue después del asesinato de Miguel Ángel Blanco cuando lo mejor de la sociedad civil se movilizó, creando una reacción a la vez política y moral de condena y rechazo. Hubo un momento en que Eta estaba desaparecida pero resucitó de entre los muertos. ¿Con ayuda de quién?

Dejemos la pregunta sin respuesta. Aunque nos conduce a la encrucijada en la que todos nos perdemos. Esa encrucijada remite al hecho de ser el conflicto vasco simultáneamente criminal, de orden público común, y político: un monstruo lógico, como hierro de madera, pero además un monstruo histórico y moral. Dada la doble condición, algunos políticos, incluso una mayoría, creen de buena fe que no cabe más solución que la negociada, pero luego está el hecho, que no admite componendas, de que el Estado no puede negociar con una banda terrorista. Cuando el jefe político que soporta la responsabilidad del gobierno y sus consejeros creen llegado el momento propicio apenas soportan la tentación. Es lógico. Quizá la promesa de acabar con el terrorismo sea una de las contadas justificaciones que puede tener la “raison d´Etat”. Pero eso no cambia que el político que inicia la aventura extreme los cuidados y las garantías y, sobre todo, tenga claro que en ningún momento puede aflorar a la opinión pública que se está negociando. Y si esto ocurre es inexcusable interrumpir el contacto y dar explicaciones. Y si es posible, negarlo. Nunca puede reconocerse hasta que no se haya legitimado por un éxito que implique que es el terrorista el que hace concesiones y no al revés.

De ahí que el orden correcto sea que, primero Eta aparezca derrotada ante la opinión pública, mediante el reconocimiento de la propia banda de que abandona absoluta e irreversiblemente las armas. Y luego podemos comenzar con los matices (y las concesiones). La derrota puede tener alcances limitados en sus consecuencias prácticas, una vez que Eta además admita su error en practicar el terrorismo y comprometerse públicamente a reparar el daño hasta donde sea posible. Este es el mínimo moral. Pero hay también un mínimo político. El reconocimiento de la legalidad del orden constitucional como punto de partida para reivindicar su ideario político secesionista.

Por tanto, el escenario de una rápida “desaparición” de Eta a cambio de que deje de matar me parece inadmisible. Porque según argumenté en mi anterior artículo se invierte perversamente el orden de los factores: es el Estado quien parece ceder al autorizar la presencia de Bildu en las instituciones democráticas y no al revés.

Que pasemos de la tragedia al entremés sin solución de continuidad, que se imponga el “pelillos a la mar” y el “aquí no ha pasado nada” y que a la gente se le llene la boca de pazzzzz, que las víctimas de los terroristas, encima, se conviertan en el convidado de piedra de un festín bien regado con chacolí, y que la narración que se transmita diga que “los nacionalistas conseguimos, después de una heroica resistencia contra un ejército de ocupación numeroso y brutal arrancar las concesiones de autodeterminación que disfrutamos en la actualidad” me parece sencillamente peor que el que Eta se siga suicidando lentamente si decide matar aún.

Mientras tanto, el nacionalismo que reivindique los mismos objetivos políticos de Eta tiene que dar satisfacción al resto de la comunidad política de que nada tiene que ver con el grupo terrorista. No conozco los tecnicismos y misterios del ordenamiento legal pero sí sé que no pueden prevalecer frente a ciertos principios morales. Cuando se dice que se puede defender cualquier tipo de ideas, siempre que se haga pacíficamente o cuando los tribunales aplican los principios garantistas de nuestra excelente constitución de 1978, no sólo hay que hacer la salvedad de que si hay terror el grupo o partido que lo defiende queda descalificado, sino que también quedan descalificadas sus ideas y sus metas. Los agentes políticos deberían tener claro que la coincidencia objetiva de programas compartidos con los de organizaciones terroristas deslegitima a los partidos que los sustentan, aunque no se sirvan de medios violentos. Si bien sabemos que la máxima “el fin justifica los medios” es perversa no lo es la máxima “el fin contamina los medios y los instrumentos y a sus usuarios”.

Es difícil de explicar pero cada vez me parece más claro que la clave para acabar con el terrorismo en el País Vasco nunca ha estado en Eta, al menos no exclusivamente.


José Lasaga

Doctor en Filosofía

José Lasaga Medina es Catedrático de Filosofía.

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