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Comprender la reforma

Juan José Solozábal
jueves 01 de septiembre de 2011, 21:57h
Se hace difícil a un constitucionalista no presentar objeciones a la reforma emprendida del artículo 135 de la Constitución. Con todo cabría apreciar también en la actual situación, especialmente en el fondo pero incluso también en el procedimiento, o mejor sería decir, método utilizado para la alteración constitucional, alguna ventaja o aspecto positivo.

Conviene señalar, en primer lugar, que aunque todas las reformas constitucionales modifican la Norma Fundamental, que tras el cambio tiene efectivamente un diferente contenido, no todas las reformas tienen el mismo calado. Una cosa es modificar la “fábrica del estado” que fija el modelo de la Constitución y otra cosa es proceder a cambios de alcance más limitado o de menor relieve. No se trata de reducir la trascendencia, sino de captar el significado de los posibles cambios constitucionales. Fijar el principio de la estabilidad presupuestaria y alguna regla elemental sobre el déficit como elemento del modelo económico constitucional es importante, pero no tiene la trascendencia de algunas reformas que se han solicitado hasta la fecha sobre la organización territorial o la Monarquía u otras en que se podría pensar sobre los derechos fundamentales. Precisamente por causa de la diferencia entre estas modificaciones constitucionales, el constituyente distingue entre los casos de reforma agravada y los demás. En algunos países esta diferencia se suele aludir cuando se separa la reforma de la enmienda.

Justamente pensando en estas diferencias en el caso español entre revisión y reforma se establecen también procedimientos diversos, mucho más simplificado en el supuesto de las reformas ordinarias.

Hubiera sido deseable que la reforma del artículo 135 CE se hubiera debatido en la sociedad, de modo que no fuese oponible la objeción de la precipitación o la improvisación. A veces se señala que el rasgo de solidez o permanencia de la Constitución es incompatible con la urgencia. No estoy de acuerdo : cuando hablamos del cambio constitucional, la permanencia se refiere al plano de la efectividad constitucional, esto es, a las consecuencias de la inclusión de una medida en la Constitución; la urgencia, es, mas bien, una categoría que apunta al momento anterior a la realización del cambio, que se entiende es demandado sin dilación. Honestamente creo que la reforma constitucional como medida de intervención económica en la actual crisis económica internacional puede justificarse como urgente pues la tardanza en su adopción, se nos dice, tendría gravísimas consecuencias.

La reforma constitucional económica propuesta es asimismo seguramente necesaria, lo que quiere decir que, pensando en la protección de nuestro sistema financiero, no es conveniente que se adopte por una norma con rango menor al constitucional. Cierto que las medidas que se toman sobre las famosas reglas de déficit pueden tomarse por medio de ley, y de hecho la propia reforma del artículo 135 CE, contempla una actuación para más adelante que desarrolle el precepto a través de una ley orgánica. Pero lo que no puede ignorarse es que la incorporación constitucional de medidas de contención presupuestaria y limitación de la deuda determina de modo importante ciertos rasgos de nuestro modelo económico, que adquiere una firmeza y estabilidad para el futuro vitales para nuestra solvencia en el mercado internacional.

La reforma, en fin, presenta algunos otros rasgos del máximo interés, que esquemáticamente, equivalen a lo siguiente.

Nuestra Constitución es reformable, por cierto según sus propias previsiones y procedimientos. Para su adopción sólo falta la convicción de una mayoría que comparta el cálculo de las ventajas suprapartidistas del cambio. Cambiar la Constitución es cuestión de Estado y el acuerdo sobre su verificación es, en- tonces, perfectamente alcanzable, incluso, cuando como ocurre en el caso presente se requiere el pacto de modo urgente.
La modificación prevista impone una conducta adecuada en relación con el déficit a todas las administraciones, pues todas, la central, la autonómica y la local, son Estado. No hay lugar para la excepción ni la desviación. Importante que nuevamente con ocasión de la reforma se recuerde la necesidad de una política del Estado como verdadera unidad de acción.

Por último, tras la reforma Europa entra en nuestra Constitución, a través de una mención explícita al margen del déficit estructural y el volumen de la deuda pública, que se establecen, respectivamente, según la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. O sea que la reforma tiene sus sombras, pero, más, creo, sus luces. Lo que hay que hacer es incorporar a su aprobación final, a pesar de sus fallas procedimentales y verificación casi repentina, el mayor número de fuerzas políticas posibles, a las que debe invitarse, asumiendo el pluralismo tanto como sea factible, al consenso final.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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