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La Generalitat: las sentencias judiciales están para cumplirlas

lunes 05 de septiembre de 2011, 07:42h
Resulta incuestionable que las sentencias judiciales deben cumplirse, cualquier otra alternativa convierte el lugar que sea en invivible. Pero no parece que lo tengan tan claro no ya solo líderes y partidos catalanes, a excepción del PP y Ciutadans, sino la propia Generalidat de Cataluña, que se han rebelado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta al Ejecutivo autonómico a que en dos meses el castellano se equipare al catalán en las escuelas como lengua vehicular. El auto del TSJC establece sin medias tintas que no puede existir discriminación del castellano, dejándolo reducido a simple objeto de estudio de una asignatura más –que es lo que viene sucediendo- , y que todos los ciudadanos de Cataluña tienen absoluto derecho a elegirlo como lengua vehicular. Con independencia del principio central del imperio de la ley, parece un derecho democrático elemental que uno pueda elegir el idioma en que quiere que sus hijos sean socializados.

El desacato es más grave, si cabe, puesto que llueve sobre mojado. El Tribunal Supremo dictó varios fallos en la misma dirección y el Tribunal Constitucional se pronunció en este mismo sentido en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía catalán, donde, en la relativo a la cuestión lingüística, señaló claramente que ambas lenguas, el catalán y el castellano, son cooficiales en Cataluña y, por tanto, las dos han de ser lenguas vehiculares en la enseñanza. Los pronunciamientos del Supremo y del Constitucional fueron absolutamente desoídos por la Generalitat, como ahora intenta hacer de nuevo con este auto del TSJC. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha llegado a calificar el auto de “atentado” y “ataque político” contra el modelo lingüístico establecido por la Generalitat y ha confirmado que de ninguna manera se cambiará el actual sistema de inmersión lingüística.

Y colma el vaso de los despropósitos que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se haya sumado a estas voces, con su interpretación torticera de todas las sentencias de los tres Altos Tribunales, diciendo que se refieren a “casos concretos y puntuales”. Es surrealista que un ministro de Justicia parezca animar al desacato.

Declaraciones de dirigentes catalanes hablando de “desafección” y de “ruptura de puentes” con España están fuera de lugar, al igual que la Generalitat actúe como si con ella no fueran las sentencias que obligan a todas las instituciones españolas, cuando es una de ellas. Y que el Gobierno central, ahora por boca de su ministro de Justicia, prefiere contentar a los nacionalistas que llegar a un consenso con el principal partido de la oposición para que se cumplan reiteradas sentencias, que van a favor del inalienable derecho de los catalanes a utilizar el castellano como lengua vehicular. Pero da la impresión que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es incapaz de alcanzar pactos de Estado en cuestiones esenciales, sin la presión de Bruselas, como ha ocurrido en la reciente reforma constitucional.

La Generalitat de Cataluña no puede seguir por más tiempo sin acatar las numerosas sentencias judiciales que le obligan a cumplir con la ley. Ese desacato tiene una respuesta en la propia Carta Magna, votada por la inmensa mayoría de los españoles.
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