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La reforma necesaria del sistema autonómico

Juan José Solozábal
jueves 08 de septiembre de 2011, 20:54h
En el recuadro del último día me atrevía, quizás contra una corriente general y en parte superando alguna prevención mía, a obtener alguna consecuencia positiva de la reforma constitucional que estamos llevando a cabo. Sin duda asumo una idea positiva del desarrollo autonómico, y pienso que en lo sustancial nuestro Estado ha respondido satisfactoriamente a los retos de eficiencia e integración que se demandaban al sistema político, que sencillamente hubiese explosionado de seguir un patrón centralista. Pero a pesar de esto, es evidente que ha llegado la hora de la reforma del modelo.

No se trata de ponerse de acuerdo en el listado de las cosas que hay que cambiar, como tampoco de discutir si estos cambios son de tal envergadura que necesiten de reforma constitucional o no. Es muy importante , por cierto, saber, que el rango de la reforma después de la que se ha llevado a cabo para modificar el artículo 135 de la CE, ya no es un problema. Se ha roto en efecto el tabú de la reforma constitucional. Reformar no es destruir la Constitución. Al revés, la reforma es un medio constitucional, es decir previsto en la Norma Fundamental, para conservar la Constitución. Se revocan o reforman los edificios justamente porque no se quieren derribar, porque se piensa que, introduciendo las mejoras imprescindibles, se pueden seguir utilizando. También la Constitución es un instrumento, un instrumento de convivencia, que precisamente para conservar su utilidad, consiente en su modificación.

Digo que lo importante no es ponerse de acuerdo sobre los elementos a reformar sino, por encima de todo, sobre el método con el que abordar la reforma del sistema autonómico, tenga o no alcance constitucional. El peligro es incurrir en el arbitrismo, muy socorrido en momentos de crisis. Es tiempo de reflexión. Evitemos las ocurrencias, esto es, las propuestas poco meditadas , frívolas o ingeniosas, en la línea de las que hemos escuchado este verano, referentes al régimen local, para contener, como por arte de birlibirloque, el déficit público. En este terreno podría utilizarse el excelente Informe del Consejo de Estado en el que sus redactores no se limitaron, de acuerdo con un entendimiento sensato de su obligación a responder a las preguntas concretas del gobierno, en este caso referidas a la ordenación territorial, sino que abundaron en sugerencias sobre el diseño autonómico en general, del máximo interés.

La propuesta de reformas del Estado Autonómico debe hacerse con un ánimo constructivo que trate de mejorar y en su caso corregir, defectos o deficiencias, pero que no puede poner en cuestión un modelo de significado descentralizador que ha contribuido decisivamente al desarrollo social de toda España y ha contenido de manera razonable unas tendencias centrífugas que el continuismo centralista hubiese estimulado peligrosísimamente. Muchas veces he recordado la afirmación de un gran estudioso del federalismo que ha constatado que el desmenbramiento amenaza antes a los sistemas unitarios a ultranza que a los federales.

Pero, por último, lo que esta reforma del 135 CE debe poner de manifiesto es que la reforma del sistema autonómico, sea cual sea su rango normativo, incluso cuando sólo se puede llevar a cabo mediante un cambio constitucional, es imparable. Si la reforma constitucional no puede incorporarse al programa de un partido político determinado, pues la fijación de las reglas de juego y las decisiones sobre la convivencia de la comunidad, no pueden tener sesgo ideológico concreto, tampoco es admisible que ninguna fuerza política asuma una posición de veto e impida que se lleven a cabo las reformas que la sociedad demanda.

Este veto se intentará disimular, por ejemplo, estableciendo condiciones absurdas o inapropiadas para la reforma, así en el caso presente hemos visto al Partido Nacionalista Vasco, con una irresponsabilidad rayana en la necedad, condicionar la aceptación de la reforma a la inclusión en la Constitución del reconocimiento del derecho de autodeterminación, o en el caso de Convergencia, sustrayendo del Estado central el control de la deuda de las instituciones catalanas.

El Gobierno central , como responsable de la unidad política del Estado, que es constitutivamente plural, debe esforzarse en incorporar a sus decisiones a las Comunidades Autónomas, o a los partidos nacionalistas que pueden ser hegemónicas en las mismas, pero estos agentes no pueden ni bloquear al Estado ni dificultar su actuación.

Es muy importante que todos se enteren: las reformas del sistema autonómico, sea cual el rango normativo que se requiera, deben llevarse a cabo, entre otras cosas porque lo pide nuestra incorporación a la Unión Europea, que no puede tolerar un elemento de la importancia de España, sin una posición clara y fiable. En segundo lugar, las reformas deben negociarse con espíritu de cooperación y entendimiento por todas las fuerzas políticas, aspirando al consenso que Nuestra Norma Fundamental llevó acabo en condiciones bien difíciles en 1978. Y por último, la decisión del Estado, adoptando la reforma del sistema autonómico, que es de lo que mayormente estamos hablando, no se puede poner en cuestión, por una reserva de soberanía, que formulada en términos de veto, perteneciese a alguna fuerza política , con independencia de la base ideológica o territorial con que contase.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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