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Delincuentes y derrochadores

domingo 18 de septiembre de 2011, 19:51h
El pasado jueves la defensora del pueblo en funciones, María Luis Cava de Llano, hacía honor a su cargo y lo llenaba de sentido al exigir ante el congreso de los diputados que el despilfarro público sea tipificado como delito. Su discurso fue seguido con gestos de hastío y aburrimiento por los pocos diputados que quedaban en el hemiciclo y, lamentablemente, la petición tiene todos los visos de caer en saco roto. Al fin y al cabo, son los propios políticos quienes deben aprobar una medida que les convertiría de forma automática en delincuentes. Haría falta mucha honradez, mucho sentido del estado y mucha responsabilidad para hacer frente a este toro sobre el que cabalgan representantes públicos y dirigentes de todos y cada uno de los partidos. Aquí sí que no hay diferencias. De izquierda a derecha, de centro a periferia, en la única política en la que todos unen sus manos mientras miran hacia otro lado, como si la cosa no fuera con ellos, es en la de apurar el máximo posible su tiempo manejando el dinero público como si no fuera de nadie. Las políticas antiestado, las que vacían las arcas y eximen de responsabilidad a quienes las llevan a cabo son las que mejor se les dan a la mayor parte de nuestros políticos, que no tienen empacho en gastar ingentes cantidades de dinero en asesores, coches oficiales, móviles hasta para el perro y subvenciones compravotos.

Me sumo a la petición de la defensora del pueblo porque con ella no sólo se defienden las arcas públicas, que contienen el dinero proveniente de todos y cada uno de nuestros bolsillos, es decir, nuestra pasta. Es necesaria como medida de pura higiene democrática. Porque quienes han despilfarrado ese dinero, ya sea con gestiones bochornosas o con derroches vergonzosos, han hecho tanto o más daño a la democracia y a la sociedad que un terrorista ya que desde dentro y sin ningún sentido de la responsabilidad, con el poder que les otorga su posición privilegiada, han acabando socavando la confianza de los ciudadanos, dejando el sistema vacío y tambaleante.

Lamentablemente, a pesar de que oficialmente el defensor del pueblo sea la figura que viene a defender a los ciudadanos de los abusos que puedan cometer los poderes ejecutivo y, especialmente, del legislativo, en la práctica, no va más de ser un Pepito Grillo democrático, que puede quejarse de todo y de nada, pero cuyas peticiones y quejas se quedan la mayor parte de las veces en el limbo de las palabras. Al fin y al cabo, por más que le avale su independencia del Parlamento –que es quien le elige- e incluso la propia Constitución –Capítulo IV, Título I-, no puede imponer de facto sus decisiones a las autoridades a quienes conciernan. Su poder reside en dar altavoz a las quejas ciudadanas, pero el resultado final queda a merced de la buena fe o sentido democrático de quien se vea afectado por sus peticiones. Supongo que ningún partido se atreverá a incluir esto es su programa electoral de cara a las cercanas elecciones. Pero juro que quien lo haga tiene mi voto asegurado.
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