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La amnistía en dimensión constitucional

Juan José Solozábal
jueves 29 de septiembre de 2011, 22:15h
Nuestra Constitución es muy parca en la regulación de las medidas de gracia, en realidad sólo les dedica un precepto, el apartado i del art. 62 CE, que contempla la prerrogativa del Rey de “ejercer el derecho de gracia, con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Una glosa elemental de este precepto podría reparar quizás en algunos aspectos medulares como los siguientes.

No se definen las medidas de gracia, esto es, los beneficios aplicables discrecionalmente a quienes sufren una pena, fuera de los llamados sustitutivos penales, que pueden ser amnistías o indultos, según la intensidad de los efectos que producen. La amnistía suprime no sólo la pena sino el delito mismo y lo que conlleva, cancelando su constancia del Registro correspondiente. El indulto acaba con la pena pero no borra el delito. Los indultos de acuerdo con su alcance pueden ser generales o particulares, según que el numero de sus beneficiarios sea indeterminado o esté individualizado. La radicalidad de la amnistía ha exigido de siempre una norma con rango de ley para su declaración; los indultos en realidad están en su concesión en manos del Gobierno, con el límite constitucional de la arbitrariedad , mediante el correspondiente decreto.

Estamos hablando de medidas de gracia, esto es de perdón, beneficios que otorga el Estado pero que no pueden concebirse como derecho o consecuencia de un acuerdo o pacto que obligue al poder público. Es inconcebible una renuncia impuesta o debida del Estado a su derecho a castigar (ius puniendi), que en parte es su fundamentación más llamativa, pues la función básica del Estado es garantizar la paz de la comunidad, asegurando el castigo a las conductas odiosas que la sociedad ha establecido mediante ley, declarándolas delito.

La regulación constitucional de que hablamos es a la vez restrictiva y taxativa. Así en la Constitución no se hace mención a la amnistía y se excluye imperativamente de los indultos a los generales. Es justamente la concepción restrictiva de las medidas de gracia lo que me lleva a pensar, discrepando de Cesar Aguado cuyos análisis sobre el particular son bien esclarecedores, que en el orden constitucional español no cabe la amnistía, que en cualquier caso debería establecerse por ley (la última amnistía en España fue otorgada por la Ley 46/1977 de 15 de Octubre, esto es con anterioridad a la Constitución de 1978).

Si el constituyente prohíbe los indultos generales, ello quiere decir, como demuestra la legislación de desarrollo al respecto, que la única medida de gracia contemplada son los indultos particulares, culminación de un expediente, instruido para cada caso que necesita del informe del tribunal sentenciador y la audiencia de las víctimas del delito, según la regulación legal a la que se remite la Constitución, esto es, la Ley de 18 de junio de 1870, reguladora del ejercicio del derecho de la gracia de indulto , reformada por Ley 1/1988, de 14 de enero. Sería una interpretación ilógica , descuidando el carácter normativo y constitutivo en el caso de las instituciones de las prescripciones constitucionales, si se permitiese la amnistía, que la Norma Fundamental, repitámoslo, no contempla. La interpretación restrictiva resulta obligada cuando se trata de la regulación de casos excepcionales u odiosos, de manera que si el indulto general está prohibido con superior razón ha de excluirse una medida de gracia aún más extraordinaria como es la amnistía dados sus mayores efectos.

Estas medidas de gracia suponen una excepción del ejercicio de la potestad jurisdiccional confiada en exclusiva en el estado de derecho a los tribunales y que comprende juzgar y ejecutar lo juzgado. Las medidas de gracia , por el contrario, eximen al delincuente, a través de la intervención del Ejecutivo, del cumplimiento de la condena establecida por los tribunales.

Ahora bien que la adopción de medidas de gracia signifique una alteración grave del principio de separación de poderes, entrometiendo de hecho al Ejecutivo en la ejecución de lo juzgado, como acabamos de decir, no quiere decir que se trate de una actuación injustificada. El maestro penalista Oneca creía que existían poderosas razones, para que la gracia operase como válvula de seguridad del sistema penal contra sus posibles excesos y rigideces. El derecho de gracia decía, cumple un fin de política general. “Las amnistías e indultos generales, y aun en ocasiones los particulares son armisticios en la lucha o concesiones generosas que prestigian al poder suficientemente fuerte para manifestarse benévolo”.El derecho de gracia, en segundo término, cumple un fin de política general, anunciando nuevas tendencias en el tratamiento de delito, ya que las leyes no pueden cambiarse todos los días. Los indultos, como tercer argumento, tienen una función correctiva si los fallos judiciales no observan la equidad. Por último, decía el maestro penalista, los indultos tienen valor penitenciario, cuando los penados “se arrepientan o enmienden”.





Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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