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A vueltas con la unidad de mercado

Lorenzo Bernaldo de Quirós
lunes 10 de octubre de 2011, 20:45h
Desde un enfoque teórico tradicional y en una visión estática, la progresiva balcanización o la quiebra de un espacio económico común tiene costes elevados. La fragmentación del mercado único en submercados regionales e incluso locales con normativas diferentes y, en muchos casos, contradictorias eleva los costes de transacción y por tanto tenderá a reducir el crecimiento y la renta per cápita de sus habitantes. La lógica subyacente a ese enfoque es evidente. La ruptura o el debilitamiento de la unidad de mercado impiden aprovechar las economías de escala derivadas de operar en un espacio económico mayor y con reglas del juego comunes. En este contexto, los incentivos de los inversores extranjeros y nacionales para localizar sus recursos y/o sus empresas en las áreas afectadas por esa dinámica centrífuga disminuyen y los existentes para deslocalizar sus activos hacia otras zonas aumentan.

En el caso español, la situación descrita sería más grave, ya que buena parte de los gobiernos autonómicos y de las corporaciones locales practican políticas de corte intervencionista. De izquierda a derecha, las administraciones periféricas han construido mini-estados con un peso de la regulación y del sector público sobre las economías de su área territorial muy superiores a los existentes a escala nacional. Al mismo tiempo han levantado barreras proteccionistas no arancelarias para resguardar a sectores concretos de la competencia exterior, entendida ésta, tanto la procedente del resto del Estado como las de fuera de las fronteras de éste

Para solventar ese problema, la mayoría de las propuestas planteadas para restaurar la unidad de mercado se centran en impulsar una armonización desde arriba; esto es, la imposición desde el gobierno de la nación de una normativa común que sea de obligatorio cumplimiento por las administraciones periféricas. Este planteamiento supone en muchos casos la recuperación de competencias normativas por parte de la Administración Central e incluso puede exigir la reforma de la propia Constitución. Además, este planteamiento choca de manera frontal con el deseo de las CC.AA. de preservar su autonomía. Sin embargo existe un mecanismo mucho más sencillo que permitiría combinar la diversidad normativa con la preservación de un mercado común en España.

El fundamento de ese enfoque se encuentra en la sentencia emitida por la Corte de Justicia Europea en 1979 sobre el caso denominado Cassis-Dijon cuya base es el principio del mutuo reconocimiento de las diferentes normas. Esto significa que los Estados miembros de la UE, en el caso español las autonomías, reconocen que todo/as intentan conseguir los mismos fines generales. En este sentido, la Corte resolvió que si un bien es producido y comercializado en un estado europeo, los otros estados miembros no tienen derecho a limitar su circulación. Se trata de un criterio de confianza mutua, que permite eliminar de golpe múltiples diferencias de regulación que limitan la creación y mantenimiento de un mercado interno. Este enfoque permite combinar los deseos del gobierno central de garantizar la existencia de un espacio económico común con la diversidad normativa de las autonomías.

En el orden operativo, esto supone asumir el principio del país de origen, según el cual el productor de un bien o el prestador de servicios que se instala en otro país europeo tiene la posibilidad de atenerse a la legislación de su país de origen. De este modo se incentiva la toma y planificación de decisiones empresariales o personales sin tener que informarse sobre 27 legislaciones nacionales diferentes. En el contexto español, esto supondría, por ejemplo, que una empresa catalana que se instalase en Madrid podría bien someterse a la legislación catalana en todo lo relativo a su actividad bien a la madrileña, salvado, en ambos casos, el marco general de normas vigente a escala estatal.
Ese esquema aseguraría permitiría la libertad de movimientos de las personas, de los bienes, de los servicios y de los capitales dentro del territorio nacional e impulsaría la emergencia de reglas, normas o estándares similares a través de las propias fuerzas de la competencia. Los distintos niveles de gobierno competirían entre sí por atraer y/o retener los recursos productivos y ese proceso terminará por hacer converger las diferentes normativas hacia unos estándares comunes o similares y, sin duda, más favorables al crecimiento de la economía que los que se lograrían a través de cualquier acuerdo fabricado por un cártel entre la Administración Central y las periféricas.

Las comunidades autónomas con sistemas regulatorios o burocráticos demasiado onerosos verán como el capital y el trabajo en ellas instalado tenderá a desplazarse hacia aquellas con un marco institucional más favorable a la actividad productiva. En ese caso, la alternativa de los gobiernos muy intervencionistas será armonizar a la baja o resignarse a perder producción, empleo y renta. Esta es la disciplina impuesta por el federalismo competitivo y la más efectiva para combinar la unidad con la diversidad.
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