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Regeneración y racionalidad judicial

miércoles 25 de junio de 2014, 17:32h
Uno de los elementos ausentes, como tantos otros (Universidad por ejemplo), en el debate electoral ha sido el referido a la Justicia. Y sin embargo, es un asunto de primera magnitud en el orden regeneracional. Sin una Justicia fiable, confiable, el ciudadano se siente inseguro y las empresas no confían en que sus inversiones, su desenvolvimiento, su forma de estar en el mercado, sea válida y segura.

Y en esas estamos. La Justicia es el servicio público peor valorado por los ciudadanos. Y la pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es ¿Y qué han hecho los Gobiernos para arreglar esta situación?, porque no quepa la menor duda de que ésta sí es una responsabilidad directa del Gobierno y más precisamente de su Presidente.

La primera pregunta, esto es, por qué es tan mala la calidad de la Justicia, tiene varias respuestas, tantas como razones de su falta de excelencia. Ensayemos algunas, a sabiendas de que quedarán muchas otras en el tintero.

Así, por de pronto, la causa más visible es la completa politización de la Justicia como consecuencia de la proterva actuación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano éste que un programa regeneracional debería tener como primerísimo objetivo reformar de arriba abajo. El CGPJ es hoy y desde hace ya mucho tiempo, un nido de repartos, influencias, cambio de cromos, cambalaches, entre los dos grandes partidos primeramente y del resto de los partidos en segundo lugar. Así resulta que el nombramiento de los Jueces en su carrera, queda totalmente en manos de los partidos políticos, con lo cual, los Jueces y Fiscales acaban resultando “estómagos agradecidos” que están prontos a atender las sugerencias, cuando no órdenes directas, de “su” partido. Y este mal – la pérdida de independencia judicial – supone que el ciudadano ha de saber que su caso, en definitiva su libertad y su patrimonio, puede depender en medida no desdeñable de lo que un partido político decida.

No vale ahora decir que “me toca” y por tanto ya que he sufrido como oposición tantos años de incuria, me corresponde mi turno y hacer y devolver la bofetada que he sufrido. Cierto que esta es la tentación más inmediata. Pero un programa de regeneración, tan absolutamente necesario que el país se puede hundir en caso contrario máxime en épocas de crisis que es donde más confianza necesitas y buscas, un programa de regeneración, digo, ha de sentar las bases para la reforma en profundidad de este órgano tan maligno en su desempeño. Y la fórmula al final, consiste en aplicar el Derecho y eliminar la política. Porque bastaría que los nombramientos se hicieran por concurso, con baremación precisa, y por tanto con reglas y no con puros arbitrios políticos, para sustituir la arbitrariedad actual por la determinación propia de los actos previsibles y razonables. Con ello se daría un paso de gigante en pro de la Justicia y con ello se sabría que, ¡por fin!, un partido político es capaz de mirar por encima de su propio ombligo. Y desde luego que cambiarían las cosas. Los Jueces independientes sí que se presentarían a los puestos con los que avanzan en su carrera y no como ahora que ya muchos de ellos, muchísimos, tiran la toalla y ni siquiera se presentan, dado que saben de antemano que los puestos de la carrera van dados previamente a los amigos de los partidos políticos.

Igualmente hay que cambiar el Tribunal Constitucional. Hoy por hoy, un órgano también completamente politizado en el que todos los periodistas, los analistas, la gente de la calle, sabe ya de antemano el sentido del voto de cualquier magistrado en un caso difícil.

Y desde luego, hay que parar y mejorar proyectos de leyes que, aunque caducados por el cambio político, se pretenden resucitar como si de un Lázaro legislativo se tratase. Así sucede con el nefasto Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde sin más, se entregaba toda la instrucción al Fiscal, sin reparar para nada en la dependencia jerárquica y política del Fiscal respecto del Gobierno y sin reparar tampoco en que un objetivo brutal de esta Ley consistía en castrar la acusación popular, que tantos quebraderos de cabeza dio al anterior Gobierno con ocasión de asuntos como el “Faisán”, casos de corrupción, etc. El lamentable Anteproyecto, venía a tener como objetivo “Controlar la legitimidad y regularidad de los acusadores particulares que pretendan personarse en las actuaciones”. Y añadía algún comentarista, Fiscal y autor de la Ley (que debería comenzar por reconocer que no se puede ser Juez y parte a la hora de comentar lo que uno mismo ha hecho) que “de esta manera corresponde al Juez (que en este punto sí se mantendría como un elemento marginal de la instrucción, pero muy efectivo a la hora de perjudicar la acción de la acusación popular), evitar los “excesos” o “abusos”(entrecomillado mío) en el ejercicio de una acción que no es la del órgano público competente ni tampoco la que alcanza a la víctima de la infracción (añado, a saber cuál en cada momento, porque muchas veces el bien público es el puro interés a la legalidad sin una víctima concreta en primer lugar, como ocurre precisamente en el caso indicado). Se convierte así en el garante de la “pureza” de este instrumento de colaboración ciudadana”.

Se omite completamente que el verdadero objetivo de controlar la acusación popular no es otro que censurar y fiscalizar a quienes no están dentro del juego político, como son los propios Fiscales. Si un Fiscal recibe la orden de no acusar, pues así se hará (con un procedimiento, pero se hará). Y este es el verdadero objetivo: mantener en casa los trapos sucios y que la justicia no sea democrática, esto es, ampliamente puesta en marcha en su caso por una acusación, como la popular, que no necesita ya que se le controle su legitimación para actuar, porque por definición legal, la tiene ya. Y que tampoco necesita especialmente que sus excesos y abusos se controlen, que para eso tiene ya sobrados instrumentos procesales la Ley.

No se puede entregar la instrucción a los Fiscales mientras sean dependientes gubernamentales. Y la acusación popular, ya tiene muchos decenios de funcionamiento para que ahora se venga a censurar y que todo quede en el ámbito corporativo y político, en el que la acusación esté solo en manos del Gobierno. Si no fuera porque la Constitución (art. 125) protege la existencia de la acusación popular, ésta ya habría desaparecido en manos del Gobierno anterior.

En fin, o se regenera la Justicia o este país seguirá siendo poco fiable. Y a partir de ahí, que nadie venga a hablar de crisis económica, porque la primera crisis es la de las Instituciones ya que sin ellas no podremos salir de la crisis económica jamás.
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