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estrasburgo rechaza la prórroga

Inesperado fracaso político de Madrid y Rabat con el acuerdo de pesca

Estrasburgo ha rechazado la prórroga del Acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE, un serio revés a la política del gobierno marroquí de Abbas el Fassi, aun en funciones; pero también del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, ya que más de cien barcos españoles forman parte de la flota comunitaria.
El Parlamento europeo ha rechazado la prórroga del Acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. La flota comunitaria de la que forman parte más de cien barcos españoles, deberá abandonar los caladeros africanos. Ha sido un serio revés a la política del gobierno marroquí de Abbas el Fassi, aun en funciones; pero también del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, igualmente en funciones.

El gobierno de Rabat ha reaccionado rápido y duramente ante el revés sufrido. El ministro de Pesca, Aziz Ajanuch, afirmó el mismo miércoles que la decisión de la Eurocámara “tendrá consecuencias muy negativas para las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos”, en una velada amenaza, dejando planear “consecuencias serias para el futuro de la cooperación entre Marruecos y la Unión Europea en materia de pesca”. Queda por saber si el nuevo Ejecutivo de Rabat que va a presidir el islamista Abdelilah Benkiran, aceptará renegociar un nuevo Acuerdo.

De cualquier manera la posición de la Unión Europea ha sido clara: si hay nuevo Acuerdo deberá tener en cuenta nuevos criterios económicos, medioambientales y despejar las incógnitas que subsisten en cuanto al capítulo de derechos humanos y beneficios sociales para la población saharaui se refiere, ya que una de las áreas geográficas incluidas en el Acuerdo corresponde a las aguas costeras de la antigua colonia española del Sahara Occidental.

Pero también ha sido un fracaso para el todavía Gobierno español, entre otras cosas porque ni siquiera ha sabido coordinar una posición común y consensuada de los 54 europarlamentarios españoles en un tema que incumbe a intereses españoles y a las relaciones entre Madrid y Rabat consideradas de máxima importancia por todos los gobiernos españoles desde la Transición democrática. Es mas, el partido en el gobierno (PSOE) ni siquiera ha podido presentar una posición común de sus 23 europarlamentarios en el tema.

La petición del gobierno en funciones de “resarcimiento” a Bruselas por los daños causados a la flota española por el veto del Parlamento de Estrasburgo, se asemeja más a una salva de honor de un Ejecutivo en retirada; y una manera de camuflar el fracaso político del gobierno.

En una primera valoración ha sorprendido las cifras de la votación. 326 eurodiputados se han pronunciado en contra de la prórroga, mientras que a favor solo han sido 296; los 58 restantes se han abstenido. La sorpresa viene del hecho que en septiembre de este año 2011, se produjo otra votación en la que los resultados fueron diferentes. En aquel momento se discutía, a propuesta de 77 eurodiputados, si debía acudirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solicitándole su arbitrio con el fin de aclarar las dudas que se habían generado sobre la legalidad de dicho acuerdo. Pues bien, en aquel momento, hace tan solo dos meses, 302 europarlamentarios votaron en contra de acudir al tribunal contra 221 que se pronunciaron a favor. Es decir que no solo se rechazó la propuesta por mayoría, sino que vistos los números al menos una parte de los que entonces se opusieron a pedir la opinión del TJUE esta vez han votado en contra de la prórroga, lo que equivale a pasarse al bando contrario.

Una segunda cuestión que se ha suscitado es el por qué no se ha votado antes, ya que la prórroga venia manteniéndose de facto desde finales de febrero de 2011 y todo parecía indicar que así llegaría hasta la expiración definitiva a finales de febrero de 2012. Sin embargo, el procedimiento legal de aprobar la prórroga de un año no se efectuó a causa de “las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo respecto al respeto de los Derechos Humanos de la población del Sáhara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad económica para la Unión Europea”, según afirman fuentes comunitarias.

El deterioro medioambiental se debía principalmente al auténtico saqueo de algunas especies que predecía su agotamiento cuando no su extinción en un futuro cercano. El acuerdo ofrecía 119 licencias a los buques europeos, 100 de ellas a la flota española, en las categorías de pesca demersal (en el fondo del mar), así como un tonelaje de captura máximo de 60.000 toneladas en la categoría de pesca pelágica (peces que ocupan la columna de agua como atunes, doradas, tiburones, sardinas, anchoas y pez espada).

En cuanto a la dudosa rentabilidad que significaba para la Unión Europea dicha “inversión” es evidente en términos estrictamente de mercado. Bruselas dedicaba una partida presupuestaria de algo más de 31 millones de euros con los que indemnizaba a Marruecos a cambio de que los 119 barcos pesqueros faenasen en las aguas africanas generando un volumen de negocio de 30 millones. Es decir, productividad negativa. Un punto de vista que era cuestionado por quienes en el Parlamento estimaban que la indemnización pagada por las arcas comunitarias a Marruecos iba destinada una parte al sector pesquero local y la otra a ayudas a la población. Es decir, que se podía considerar la partida como “ayuda al desarrollo”.

La confusión en la posición de los eurodiputados españoles se ha visto a la hora de la votación. El vicepresidente del grupo de Los Verdes en la Eurocámara y representante de ICV, Raul Romeva, y el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer han votado en contra de la prórroga, tal y como habían anunciado previamente. Y ello por razones políticas. Ambos eurodiputados consideran ilegal un acuerdo firmado con el Gobierno de Marruecos que incluya las aguas del Sahara Occidental.

Donde la posición española ha sido menos clara es en el grupo de europarlamentarios españoles que también han votado en contra de la prórroga. De acuerdo con la lista facilutada por el parlamento enb este grupo se incluyen : Izaskun Bilbao (PNV), Ramón Tremosa i Balcells (ERC), Francisco Sosa Wagner (UPyD), Pablo Zalba (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE). El resto de eurodiputados españoles que han participado en la votación, apoyaron la prórroga.

En Andalucía, que junto con Canarias son las dos comunidades autónomas principales de origen de los barcos españoles afectados, la decisión europea ha caído como un mazazo. Mas teniendo en cuenta que en pocos meses habrá Elecciones autonómicas y el partido socialista que lleva en el poder en la región desde decenios, tiene todas las de perder.

La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera, se ha mostrado tajante y sorprendida por el rechazo a la prórroga, y ha insistido en que la Administración andaluza no trabajará en otra hipótesis que no pase por “mantener o renovar” el citado acuerdo.

El Frente Polisario como era de esperar ha saludado el voto de los diputados europeos que, según él, frena “las pretensiones marroquíes de llevar a los representantes de los pueblos de la Unión a aprobar o a avalar operaciones para expoliar los recursos naturales del Sahara Occidental”, según ha declarado su representante para Europa, Mohamed Sidati. Quien ha recordado que su movimiento, que disputa la soberanía de la excolonia española frente al gobierno de Marruecos, siempre ha considerado “nulo y sin valor” dicho Acuerdo.

El Polisario ha aprovechado al rechazo de la Eurocámara para afirmar que del mismo se desprende que el legislativo europeo ha querido enviar un claro mensaje a Marruecos “para encontrar una solución justa y definitiva al conflicto del Sahara Occidental, que pasa por la realización de un referéndum de autodeterminación”. Una exageración de la votación realizada en el parlamento de Estrasburgo, que no está por el momento clara. Aunque sin duda es cierto que la Unión Europea ha dado un paso más en su implicación para abordar el conflicto del Sahara Occidental y sus consecuencias.
 

Con esta posición del Frente Polisario coinciden quienes, como el catedrático de Derecho Carlos Ruiz Miguel, afirman que “nadie duda que el acuerdo es ilegal”. Una aseveración que no pueden aceptar los 296 europarlamentarios que han votado por su prórroga porque significaría que lo hacen a favor de una medida que va contra la Ley.

En cuanto a considerar que el Acuerdo constituye “una amenaza para la seguridad europea porque se utiliza para facilitar el narcotráfico”, parece una extrapolación sin fundamento. Es cierto que un barco pesquero, el Iriana, fue cogido in fraganti con un cargamento de más de 4 toneladas de hachís a bordo, pero no por ello se puede criminalizar al conjunto de la flota.

En suma, la polémica y las discusiones sobre la renovación o no del Acuerdo o la discusión de otro nuevo, no han hecho sino comenzar. De cualquier manera es una enésima “patata caliente” para el próximo gobierno de Mariano Rajoy.
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