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Estabilidad presupuestaria y Comunidades Autónomas

Juan José Solozábal
martes 10 de enero de 2012, 21:23h
Se entiende que las declaraciones del ministro de Economía Luis de Guindos a un medio inglés prometiendo contundentes medidas de control sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas hayan sido recibidas con cautela; pero no tanto que hayan sido, en algunos casos, descalificadas con dureza como incompatibles o contrarias a la propia autonomía política que nuestro sistema constitucional reconoce.

Autonomía política quiere decir autonomía financiera y esta no es posible sin contemplar la capacidad de la Comunidad Autónoma correspondiente para decidir sobre las previsiones de ingresos y gastos para desempeñar su competencias. Se convendrá no obstante en que autonomía no es soberanía y que necesariamente, del mismo modo que el ejercicio competencial autonómico se lleva a cabo de manera compartida con los poderes que corresponden al Estado, también los presupuestos de las Comunidades Autónomas, sin admitir la determinación de su contenido, sí que pueden recibir límites o topes del Estado.

Negar esta posibilidad en el ámbito financiero es ignorar la condición de verdadera unidad política del Estado español, que no se ve comprometida por la descentralización, aun en el grado tan acusado en que se lleva a cabo en nuestro modelo autonómico. Supone también ignorar dos principios fundamentales de todo sistema federal que resultan de validez indiscutible asimismo en nuestra forma política. Se trata de la coordinación como exigencia funcional que garantiza la eficiencia en la actuación del modelo autonómico, que requiere de un concierto mínimo entre el Estado general y sus integrantes, y de la lealtad federal en cuya virtud no puede pensarse en una actuación de los componentes del Estado que prescinda de los intereses del conjunto, y esto ya hablemos del Estado central o de las Comunidades Autónomas.

De otro lado resultaría absurdo que, de acuerdo con el derecho comunitario, Europa pudiese imponernos como límite el respeto del principio de estabilidad presupuestaria, cosa que hoy nadie discute con independencia de la base de tal medida en el propio Tratado, y que España no pudiese trasladar esa obligación a sus propias Comunidades, incapacitándose por tanto para cumplir el objetivo presupuestario comunitario.
Como se sabe la reforma del artículo 135 de nuestra Ley Fundamental no ha hecho otra cosa que patentizar en el máximo nivel normativo la obligación de todas las Administraciones (incluida por tanto la de las Comunidades Autónomas) de atenerse al objetivo de la estabilidad presupuestaria que determine la Unión Europea. Claro que los problemas no acaban reconociendo la cobertura lógica y constitucional de la imposición a las Comunidades Autónomas del techo de la estabilidad presupuestaria como límite a su autonomía financiera. La cuestión reside también en los medios a través de los cuales el Estado establecerá ese límite, sin duda con la intervención del Consejo de Política Fiscal, y los procedimientos de control estatales de la estabilidad presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas. A estas cuestiones habrá de referirse necesariamente la Ley Orgánica de desarrollo de que habla el nuevo artículo 135 de la Constitución, y en cuyo marco encuentran cobertura los planes normativos del señor de Guindos a los que hacíamos referencia al principio.

Sin duda alguna para la elaboración de esta ley será de gran ayuda la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2011. Esta Sentencia convalida la legislación estatal sobre estabilidad presupuestaria empleando como parámetro constitucional el propio Estatuto catalán de autonomía. La Sentencia insiste, de partida, en el carácter limitado de la autonomía financiera de las Comunidades autónomas que la Constitución obliga a compatibilizar con la hacienda estatal. El fallo del Tribunal contiene, además, dos afirmaciones importantes sobre el control estatal del cumplimiento del principio de la estabilidad presupuestaria por parte de las Comunidades, hablemos de su justificación o de la intensidad de las medidas en que dicho control consiste. Primeramente se trata de un control que como ocurre en otras modalidades, como es el caso de las competencias hidrológicas o sobre la Alta Inspección de Educación, se justifica en cuanto requerido para llevar a cabo la coordinación que la Constitución encomienda al Estado. La Constitución atribuye al Estado, en efecto, en su artículo 156, funciones de coordinación en relación con la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, como veíamos. Y se trata, en segundo lugar, de medidas graves de corrección que pueden llevar incluso a la rectificación presupuestaria, imponiendo a las Comunidades Autónomas en caso de desviación los planes económico-financieros pertinentes.

Si las cosas en punto a la base jurídica de la actuación controladora del Estado sobre las desviaciones presupuestarias de las Comunidades Autónomas estaban tan claras antes de la reforma constitucional, no se entiende la escandalera suscitada por unos anuncios normativos al respecto, que a la espera de mayores concreciones, hay que presumir respetarán escrupulosamente los márgenes de nuestra Ley Fundamental.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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