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Reformar la Universidad

Juan José Solozábal
martes 24 de enero de 2012, 21:20h
La gravedad de la crisis nos lleva a todos a insistir en las dificultades de la situación económica, lo que conlleva el descuido de otros aspectos de la vida nacional que también deberían preocuparnos. Dediquemos entonces la columna de hoy a la Universidad. Ya les prevengo contra el prejuicio en el que solemos incurrir los universitarios profesionales y que no es otro que el conservadurismo. Somos reacios al cambio, que miramos con recelo o temor. Y ello aunque la situación anterior no sea especialmente modélica. Con todo convendrán conmigo en que puede existir algo todavía más lamentable que el inmovilismo que es sencillamente el cambio a peor.

Tengo de todos modo un recelo ante las transformaciones radicales, no sólo por miedo a no estar a la altura de lo exigible, sino también por prudencia, por el temor a la estafa, al cambio meramente epidérmico que deja las cosas en realidad como antes, si no peor. Pienso en lo que en el acceso al profesorado ha acontecido en la Universidad. Saben que se han suprimido la famosas oposiciones, que consistían en pruebas que tal como estaban organizadas no primaban o no lo hacían suficientemente la selección de los candidatos más aptos. Eran manifiestos los abusos de clientelismo y localismo. Era difícil de acceder a la cátedra si uno no pertenecía a una escuela poderosa o si pretendía hacerse un hueco en un terreno ya ocupado con anterioridad al concurso. La prueba de acceso de todos modos tenía lugar en condiciones de publicidad, y los candidatos ante el temor de un revolcón cantado, mantenían una cierta vergüenza torera que les impedía concurrir si no tenían preparación para salvar las formas. Este sistema era evidentemente mejorable, por ejemplo, abriendo la formación de los tribunales a profesionales de otros cuerpos relacionados con la materia objeto del concurso (si piensan en el derecho público admitiendo una composición de los tribunales abierta a personas pertenecientes a altos cuerpos de la Administración del Estado o reputados prácticos de la abogacía), y también aumentando el número de plazas en concurso que impidiese la situación de dependencia de los aspirantes a la cátedra respecto de los componentes del tribunal. Al tiempo podría haberse limitado la facultad de la Universidad proponente a dos puestos del tribunal de la oposición (de un total de cinco).

En lugar de este sistema se ha establecido un modelo de acreditación nacional en el que se ha suprimido la prueba pública, de manera que no es frecuente que consigan plaza quienes jamás se habían atrevido a firmar unas oposiciones con anterioridad, quedando la concesión de la habilitación a un jurado cuyos procedimientos permanecen en la opacidad más absoluta y que además suelen estar integrados por componentes sin formación profesional correspondiente a las plazas en concurso. En tales condiciones pueden albergarse muchas dudas sobre el cumplimiento constitucional del acceso a la función pública de acuerdo con los criterios de “mérito y capacidad”. Con todo lo descrito se limita a la primera fase del acceso del profesorado a sus cátedras, que ha de ser completado por un procedimiento ulterior particular en la que la Universidad interesada impedirá el acceso de un acreditado no querido (esto es, de fuera, no necesariamente menos competente) al puesto en concurso.

Los defectos del sistema que priman como es obvio la mediocridad y la adscripción cuasi-feudal a la universidad de origen impidiendo hasta extremos escandalosos la movilidad, todavía en el antiguo régimen estanco, se incrementan dado lo caprichoso de la puntuación en los méritos para la habilitación, que hace por ejemplo para el aspirante más valiosa la publicación de un artículo que la de una monografía en forma de libro. Esto sin hablar del forzamiento en los jóvenes profesores de labores de gestión y formación o, se dice, ”liderazgo” universitario que no hacen sino generar una competitividad angustiosa individualmente y nociva para los equipos en que se integran los universitarios en cuestión. El caso es que tenemos a nuestros profesores obsesionados en la confección de un curriculum presentable, antes que dedicados al desarrollo natural de su trayectoria docente o investigadora.

Obviamente el procedimiento de acceso al profesorado ocupa un lugar central en nuestro modelo educativo y debería a mi juicio ser modificado. Esta suerte debería corresponder también a ciertas servidumbres terminológicas de nuestro menester, como la referencia a las “habilidades y destrezas” que habríamos de potenciar en nuestros estudiantes, como jerga que denota una artificiosidad y mimetismo preocupante con lo que se presume se hace en otros sistemas.También parece cuestionable la preocupación por aumentar a toda costa la eficiencia social de nuestro trabajo, que puede acabar con la autonomía en los criterios de la evaluación universitaria al someter el trabajo académico a parámetros extraños y contraproducentes que sustituyan el autismo universitario, bien rechazable, por la dependencia social, asimismo nefasta. Estas rectificaciones contribuirían a consolidar una mejora de la vieja universidad que se ha producido de modo innegable. Nuestra calidad investigadora, ha progresado, como lo han hecho los esfuerzos presupuestarios sin lugar a duda. Se trata entonces, señor Wert, de prolongar los logros y no ponerlos en cuestión.

Juan José Solozábal

Catedrático

Juan José Solozabal es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

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